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Policiales 14 de noviembre de 2022

Dura respuesta de juez marplatense a Berni: “Con falacias no se construye una política criminal efectiva y democrática”

Juan Sebastián Galarreta, en calidad de presidente de la red de jueces penales bonaerenses, firmó un comunicado en el que cuestiona fuertemente al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por sus dichos sobre las fallas en la Justicia tras el crimen de Andrés Blaquier. Le adjudicó que echa culpas a otros por los propios fracasos.

El juez de Ejecución Penal, Juan Galarreta, preside el organismo provincial de magistrados.

La Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires, encabezada por su presidente, el magistrado marplatense Juan Sebastián Galarreta, le contestó duramente al ministro de Seguridad Sergio Berni, luego de que este cuestionara el accionar judicial al producirse el crimen del empresario Andrés Blaquier.

“La práctica de echar culpas a otros por los propios fracasos, se vuelve aún más peligrosa cuando viene acompañada de una puesta en escena que se desvanece rápidamente por el carácter burdo de una maniobra tan inexplicable como lastimosa. Poco favor hace la mentira a la memoria de quienes mueren por causa del delito”, manifestó en un duro comunicado el organismo.

Para los jueces penales provinciales que se nuclean en dicha institución, “con falacias no se construye una política criminal efectiva y democrática”. En ese sentido, señalaron las “graves inconsistencias existentes en las declaraciones públicas” de Berni.

En el documento, al que tuvo acceso LA CAPITAL, los magistrados recuerdan que “a los dos días del homicidio (de Blaquier), el ministro ofreció una conferencia de prensa en la que precisó detalles acerca del caso, donde no sólo inculpó a los nombrados (Brisa Villarreal, y a su novio de la misma edad -18 años-, Luciano Jesús González (alias “Lucianito”) como los sospechosos del crimen, sino que además sostuvo que ‘esto no es un hecho aislado, esto es lo que nos pasa todos los días en la provincia de Buenos Aires’, expresando que ya habían pedido la detención del imputado antes del homicidio, sin obtener respuesta favorable”.

En la misma línea, continuaron la narración respecto de lo ocurrido: señalaron que Berni opinó que fue la ‘crónica de una muerte anunciada” y que luego manifestó: ‘No podemos dejar de interpelar a todos los actores que son responsables de la seguridad. La seguridad es una construcción colectiva de una sociedad, donde hay diferentes involucrados. Nosotros en el Ministerio de la Seguridad en realidad somos el Ministerio de la Policía, donde hacemos todos los esfuerzos habidos y por haber. No es  casualidad que en menos de 24 horas el fiscal haya sindicado dos sospechosos y ya están detenidos…. Me parece que esta muerte tiene que servir para interpelar a todos y cada uno de los actores que tienen la responsabilidad de  construir seguridad… No podemos seguir soportando en la provincia de Buenos Aires un sistema de justicia que deja a los delincuentes y asesinos en libertad… Esta es la justicia que tenemos, cuando los demás estamentos del estado no asumen su responsabilidad ineludible”.

También recordaron en el texto los jueces que “el ministro Berni, incluso, repartió fotocopias de las hipotéticas pruebas conforme las cuales, un juez de Garantías interviniente se había negado a detener a quienes luego cometieron el crimen. La crítica llegó entonces al dar cuenta posteriormente de que había existido un ‘giro en la causa’ y que el principal sospechoso pasaba a ser un adolescente de 16 años “captado por cámaras de seguridad en la zona poco después del hecho”.

Al respecto, los magistrados remarcaron que ·la enérgica alocución del ministro, en su conferencia de prensa, se
desplomó, porque la hipótesis inicial fue desplazada por otra, liberando de sospechas a Villarreal y a su expareja, ‘Lucianito’ González”.

A modo de conclusión, la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires sostuvo: “La política criminal no sólo es una construcción colectiva, es también una construcción democrática consistente en políticas activas para prevenir y neutralizar la criminalidad en el ámbito de un estado constitucional de derecho. Ello importa de parte de jueces y juezas, un compromiso constante para que la seguridad de la población no se sostenga al precio de renunciar a los derechos de los habitantes, de cuya protección es también responsable el poder judicial. La queja contra la actuación de jueces y juezas, al punto de montar un escenario fraguado para denostar su trabajo, remite a discursos autoritarios y facilistas que, bajo el pretexto de combatir el delito, solo derivan en más dolor y más injusticias para quienes habitan la provincia”.



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