El 14 de octubre de 2022 en este mismo medio se revelaba una historia sobre una investigación judicial a la que no muchos prestaron atención. Un preso de Batán que había recuperado su libertad transitoria y debía declarar sobre el ingreso de drogas al penal con personal penitenciario involucrado, había muerto en un llamativo accidente de tránsito en Luro y España.

Algunos años atrás, en 2019, también LA CAPITAL narró los detalles de un expediente judicial radicado en el fuero federal en el que se utilizaban los servicios de lavandería para introducir estupefacientes a la Unidad Penal N°15 de Batán. La maniobra consistía en ocultar la droga en bolsones con ropa para lavar que llegaban a la lavandería instalada dentro de la cárcel, ropa blanca quirúrgica que procedía de clínicas de la ciudad.

En junio del año último, se incautaron 300 gramos de cocaína, una cantidad elevadísima por tratarse de un ingreso “clandestino” al penal. Uno de los acusados resultó ser un civil que trabajaba en la química interna del penal de Batán.

El año pasado, en noviembre, una vez más este medio destacó una nueva investigación judicial donde se contaba que un preso que trabajaba en la cooperativa Liberté (un emprendimiento que coordinaba una proveeduría interna y hasta un restaurant para familiares y reclusos) se aprovechaba de esa condición para entrar marihuana o psicofármacos. “Para mí es fácil poner la mercadería en algún paquete de yerba o algo y te la hago llevar”, decía el preso en cuestión en una escucha telefónica.

A diferencia de lo que pueda creerse o de lo que alimentan las crónicas frecuentes, la droga que se consume dentro de las unidades penales en Batán no burla al sistema por la audacia de las visitas, sino por las grietas del propio sistema. Esta semana se conoció el caso del radiólogo Juan Carlos Salas, jefe del área Sanidad de todo el complejo penitenciario local, quien fue detenido acusado de entregar medicamentos o psicofármacos a cambio de favores sexuales. Pero, además, entre las declaraciones de los denunciantes, se asegura que Salas hacía las veces de “correo” para entrar drogas a la cárcel.

El próximo martes se reiterará la audiencia de declaración indagatoria, como se le llamaba antes a la posibilidad que la Justicia le da a un detenido para que cuente su versión de los hechos. Estaba previsto en principio para el viernes último que Salas compareciera ante la fiscal del caso Florencia Salas. Sin embargo, el acusado se negó a hacerlo porque aún no tenía designado abogado.  Le habían asignado inicialmente a Ricardo Mendoza, de la defensoría oficial, pero desde esta oficina se indicó que iban a excusarse todos sus miembros ya que muchas de las víctimas de Salas (habría más denuncias en curso) son presos que alguna vez fueron defendidos por ellos. Esto los pone en una incompatibilidad por cuestiones de intereses contrapuestos. Finalmente, un abogado de La Plata, Martín Castro, se presentó y asumió la defensa.

Según refirió la propia fiscal en su contacto con la prensa, el caudal probatorio en contra de Salas es contundente y entre los testimonios que están sumados al expediente sobresalió uno en el que se hace referencia, justamente, al ingreso de drogas al penal de Batán. Una fuente judicial confió a este medio que se acusó al radiólogo de recibir droga de allegados o familiares de internos en su consultorio particular para luego contrabandearla dentro de las unidades penales.

En esos mismos relatos se detalló que Salas ocultaba el material estupefaciente dentro de un paquete de yerba, la misma modalidad que admitió utilizar el preso en la llamada telefónica intervenida.

Cabe entender la gravedad del asunto en dos direcciones. Por un lado, que el jefe del área Sanidad de Batán se aprovechaba de la necesidad de algunos presos afectados por el consumo de drogas y psicofármacos para condicionar el suministro a los favores sexuales. Se mencionó la cifra de 300 pastillas de clonazepam y rivotril algunas de las “partidas” que entregaba.

Por otro lado, y siempre de acuerdo a lo que aseguran que hacía, es notoria y sorprendente la facilidad que tenía para ingresar cualquier tipo de sustancia prohibida al penal sin ser requisado. “Es obvio que a las personas que trabajaban dentro del sistema penitenciario no se las revisa de la misma manera que a las visitas. Si alguien entra con un equipo de mate, no se le van a poner a revisar la yerba”, confió una fuente carcelaria.

Aquí es donde el caso del radiólogo Salas se emparenta con los anteriores: el del preso que murió en el extraño accidente, el de la ropa para lavar y el de la cooperativa Liberté. ¿Qué es lo que siempre está presente? La comodidad que tenían los involucrados en perpetrar el tráfico de drogas. Por eso es que la fiscal Salas sospecha que se hacía obscenamente la vista gorda y hasta se cajoneaban sumarios o investigaciones en las más altas esferas administrativas del Complejo Penitenciario de Batán.