Dos hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el asesinato en Guayaquil del fiscal ecuatoriano César Suárez, que tenía a su cargo varias causas contra grupos del narcotráfico e investigaba el copamiento a un canal de TV de la semana pasada, mientras cientos de militares ingresaron a una cárcel de esa ciudad portuaria, centro de la guerra del gobierno contra las bandas narco.

“Hemos aprehendido a 2 presuntos implicados en el asesinato del fiscal César Suárez, en Guayaquil, tras diligencias investigativas que permitieron identificar la presunta participación en el hecho criminal”, informó el comandante de Policía César Zapata en la red social X (antes Twitter).

Durante el operativo, la Policía encontró un fusil, dos pistolas, prendas de vestir que simulan ser de una fuerza de seguridad y dos vehículos.

En el posteo de X, Zapata presentó una fotografía de los dos sospechosos (sin que se puedan identificar sus rostros), otra de las armas y dos de la vestimenta, que incluye un uniforme de la policía de Tránsito y su correspondiente gorra.

Otro jefe policial, Víctor Herrera, comandante de la Zona 8, dijo que la fuerza tiene información de que los sicarios pertenecen al grupo Los Chone Killers, aunque la motivación del crimen sigue siendo objeto de investigación, detalló el sitio de El Universo.

El hecho se da en medio de la situación de “conflicto armado interno” que declaró el presidente Daniel Noboa, por el que 22 bandas fueron consideradas “terroristas” y se habilitó a los militares a combatirlas en las calles.

La crisis de seguridad estalló la semana pasada tras la fuga de una cárcel de Adolfo Macías, alias “Fito”, jefe de la principal banda criminal conocida como Los Choneros.

A ello le siguió una arremetida violenta, con motines en las cárceles, policías secuestrados, ataques con explosivos y vehículos incendiados.

Alrededor de un millar de militares y policías ingresaron a la cárcel Regional Guayas, ubicada en el Complejo Penitenciario de Guayaquil, de donde se fugó alias “Fito”.

Las autoridades no informaron detalles del operativo en el centro carcelario, que se cumple un día después del asesinato del fiscal Suárez en el norte de Guayaquil.

Días pasados se realizaron procedimientos similares en penitenciarías de Cuenca, Latacunga, Esmeraldas, Ambato, Azogues, Machala y Archidona.

Entre el 9 y el 18 de enero, fuerzas policiales y militares han ejecutado más de 23.000 operativos y han detenido a 2.174 personas, de las cuales 158 están señaladas de “terrorismo”, según las Fuerzas Armadas. También han incautado unas seis toneladas de droga.

El control de los penales por parte de reos es una cuestión central en la crisis de seguridad que vive Ecuador, y desde 2021 se registraron más de 400 muertes en centros penitenciarios, en medio de motines o enfrentamientos entre bandas por el control del lugar.

El asesinato de Suárez revitalizó la espiral de violencia que atraviesa Ecuador y que había logrado calmarse solo parcialmente por unos días.

El fiscal de Guayas intervino en casos de narcotráfico, peculado, terrorismo y muertes violentas, pero ahora estaba al mando de dos investigaciones emblemáticas.

Por un lado, una por delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, que la prensa local llamó “caso Metástasis” y en la que el miércoles fue detenido en Panamá uno de los principales acusados, Daniel Salcedo; y, por otro, la toma del canal público de Guayaquil en medio de un noticiero el martes de la semana pasada.

Salcedo llegó a Ecuador esta madrugada y quedó alojado en la cárcel 4, de Quito, luego de que el conjuez nacional Pablo Loayza legalizara su detención y ordenara su traslado, informó la Corte Nacional de Justicia.

Salcedo había ingresado a Panamá el 29 de diciembre de 2023 proveniente de Colombia, indicó en rueda de prensa el director general de investigaciones de la Policía, Freddy Sarzosa.

En Ecuador no registró salidas por aeropuertos ni por vía terrestre, por lo que se presume que lo hizo de manera ilegal.

La captura de Salcedo Bonilla se produjo el martes en Ciudad de Panamá, cuando manejaba un vehículo particular y los policías, en un operativo de control, lo retuvieron y constataron que tenía una alerta de notificación roja de Interpol desde Ecuador, según el sitio web de noticias Primicias.

Junto con Salcedo también fue extraditado el exgerente del Hospital del Guasmo, en Guayaquil, Álvaro Ponce, procesado por venta ilegal de medicinas, que también fue capturado en Panamá. A diferencia de Salcedo, que permanecerá recluido en una cárcel de Quito, Ponce estará en Guayaquil.

Salcedo forma parte de una lista de personas, que incluye al expresidente del Consejo de la Judicatura Wilman Terán (en prisión preventiva), involucrados en el llamado caso “Metástasis”, que investiga un presunto entramado de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial.

La Fiscalía vinculó a 39 personas en este caso, cuya investigación comenzó tras la muerte del presunto narcotraficante y lavador de dinero Leandro Norero Tigua, asesinado en prisión en octubre de 2022.

Las diligencias para determinar las causas de su muerte llevaron a la Fiscalía y la Policía a analizar el contenido de sus teléfonos celulares, en los que se encontraron chats que daban cuenta de las relaciones, negociaciones, entrega de sobornos y manipulación del sistema de justicia y de algunos de sus operadores.

Sobre esa base se determinó que los ahora procesados habrían coordinado estas acciones para conseguir beneficios en procesos judiciales, ingreso de artículos prohibidos a la cárcel, devolución de bienes muebles e inmuebles, entre otros, sostiene la Fiscalía General del Estado.

El 5 de enero pasado, la Corte condenó a Daniel Salcedo y a su hermano, Noé, a 13 años de cárcel por lavado de activos, peculado, delincuencia organizada y fraude procesal, tras el escándalo de venta de medicinas en hospitales públicos durante la pandemia de la Covid-19.

Salcedo ya había sido sentenciado por peculado, fraude procesal e ingreso de objetos prohibidos a prisión, pero en diciembre de 2022 fue liberado por un juez de Paján, en Manabí, que determinó que sus órdenes de prisión habían caducado.