Dos acusados de ser parte de la organización de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU) que cometió delitos de lesa humanidad en Mar del Plata previo al golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura cívico militar comenzarán a ser juzgados desde el 11 de septiembre en el Tribunal Oral Federal de la ciudad.

Se tratan de Oscar Héctor Corres y Eduardo Salvador Ullúa, quien estuvo 9 años prófugo y fue detenido en 2017. Ullúa, además, debe responder ante la Justicia por ocho homicidios.

El tribunal que juzgará los hechos está integrado por los jueces Daniel Obligado, Nicolás Toselli y Enrique Méndez Signori, y en representación el Ministerio Público Fiscal actuará el fiscal Pablo Ouviña.

Para el Ministerio Público Fiscal está acreditado que la CNU “sembró el terror en la ciudad de Mar del Plata contra un sector político determinado y que contó con cobertura y aquiescencia estatal para ello”.

Tanto Corres como Ullúa están acusados de integrar la asociación ilícita junto a siete miembros condenados en diciembre de 2016 -entre ellos el exfiscal federal Gustavo Demarchi- con el objetivo de cometer una serie de crímenes, con una clara voluntad de persecución hacia militantes de organizaciones políticas que mantenían diferencias con la agrupación de derecha a la que pertenecían.

Ullúa está procesado también por los homicidios de Enrique “Pacho” Elizagaray, sus primos y tío Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla; el médico Bernardo Alberto Goldemberg; Daniel Gasparri y Jorge Stoppani; y la privación ilegítima de la libertad y homicidio de la entonces decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica, María del Carmen Maggi.

Los “miembros” habrían tomado parte en la organización de las más diversas formas: existían grupos de ideólogos y grupos operativos que se encargaban de los hechos más violentos y, en algunos casos también, de la inteligencia previa. También necesitaban los espacios para las ejecuciones -muchas de las víctimas fueron acribilladas por más de una veintena de disparos-, para lo que debían necesariamente interactuar con las autoridades de otros ámbitos para la coordinación de sus tareas y, sobre todo, manejarse con un grado de impunidad otorgado por la cobertura de organismos del Estado.

Delitos en la antesala de la dictadura cívico militar

Al requerir la elevación a juicio, el fiscal federal Nicolás Czizik reparó en que la causa no se centra en la actividad de la CNU ni en la persecución de las ideas políticas que detentaban sus miembros, sino que se limita a la investigación del accionar de una asociación ilícita que actuó enmascarada en esta agrupación política entre el 20 de febrero de 1975 y el 15 de marzo de 1976. De acuerdo a la prueba que consta en el expediente, y el juicio condenatorio a otros integrantes de la banda, cometieron distintos delitos como homicidios, privaciones ilegales de la libertad, robos, amenazas, “para la persecución y eliminación de personas en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra una parte de la población civil y de conformidad con una política de Estado”.

Si bien los hechos juzgados son anteriores al Golpe cívico militar, son catalogados como delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. “Son crímenes contra la humanidad, los atentados contra los bienes jurídicos individuales fundamentales cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático realizado con la participación, por acción u omisión, del poder político de iure o de facto”, citó el fiscal a cargo de la instrucción.

De acuerdo a la investigación desarrollada, el accionar de la asociación ilícita contó con el apoyo de diversas instancias del poder local -como Universidad, la Fiscalía Federal y Fuerzas de Seguridad, donde sus integrantes prestaban funciones o tenían vínculos- y con la colaboración de la CNU La Plata e integrantes de la organización Triple A.

Modus operandi de la banda

Entre las características de la forma de actuar de la organización delictiva, el fiscal destacó el uso de armas, la ilegítima identificación como fuerzas armadas o de seguridad en el marco de su accionar, además de la utilización de vehículos robados para cometer los delitos. Incluso, se detectó la utilización de credenciales presuntamente falsas por parte de los miembros del grupo, sobre todo en oportunidad de realizar los “operativos” domiciliarios que terminaban con la privación ilegítima de la libertad y posterior homicidio de las víctimas.

Como parte de la modalidad de actuación, llegaban a los hogares de las víctimas, montaban un operativo cortando calles y amedrentando a los vecinos, contando para ello con la certeza de que no serían reprimidos por las fuerzas de seguridad en lo que hoy podría llamarse una “zona liberada”.

Condenados en un juicio histórico

En diciembre de 2016 el Tribunal Oral Federal N°1 condenó este martes a la pena de prisión perpetua al ex fiscal federal Gustavo Demarchi al considerarlo culpable de seis asesinatos y asociación ilícita en el marco de la causa donde se investigaron los crímenes de la Concertación Nacional Universitaria (CNU).

La misma pena recibieron el militar retirado Fernando Alberto Otero y el ex docente del Servicio Penitenciario Bonaerense, Mario Ernesto Durquet. En tanto, José Luis Granel fue condenado a siete años de prisión por ser coautor del delito de asociación ilícita; Juan Pedro Asaro recibió una pena a cinco años por el delito de asociación ilícita; Juan Carlos Asaro y Roberto Justel fueron condenados por el delito de asociación ilícita a la pena de tres años de prisión en suspenso.

Demarchi fue considerado culpable de ser el organizador o jefe de la asociación ilícita y de instigar seis homicidios calificados y un secuestro, cometidos entre el año 75 y el 76.

Según la investigación, Demarchi tenía una rol fundamental dentro de la CNU: contrataba la mano de obra para cometer los crímenes y luego, en su rol en el Poder Judicial, pedía el sobreseimiento o archivo de las causas que involucraban a algún integrante de la organización ultraderechista.