El ex vicepresidente Amado Boudou recibió hoy un doble revés de parte de la justicia federal, debido a que fue rechazado su pedido para ser excarcelado en una causa por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, a la vez que sumó otro procesamiento con prisión preventiva por el delito de malversación de fondos.

El juez federal Ariel Lijo falló hoy en contra de excarcelar o enviar a prisión domiciliaria al ex vicepresidente, detenido de manera preventiva en el Penal de Ezeiza.

Lijo se opuso al pedido de la defensa del ex funcionario kirchnerista, pese a que el fiscal federal Franco Picardi había considerado ayer pertinente evaluar una “medida menos lesiva” para el imputado debido a que no existían “riesgos procesales”.

En cambio, para el magistrado -según el texto de su fallo- “aún subsisten las circunstancias que en su momento justificaron la denegatoria de la excarcelación solicitada por Amado Boudou, puesto que se encuentran en curso diversas medidas probatorias”.
“Corresponde tener en consideración que los hechos imputados al nombrado al momento de prestar declaración indagatoria encuadrarían en los delitos de asociación ilícita -en calidad de jefe- y lavado de activos”, sostuvo el magistrado.

Boudou fue detenido el 3 de noviembre pasado de manera preventiva y alojado desde entonces en la cárcel de Ezeiza, en una causa en la que, según la justicia, el ex vicepresidente no pudo justificar el origen de parte de su dinero y de sus bienes.

El abogado de Boudou, Eduardo Durañona, apelará el rechazo de Lijo ante la Cámara Federal porteña, que un mes atrás ya había manifestado la pertinencia de evaluar una morigeración de la detención del ex vicepresidente.

La Sala I de la Cámara Federal sostuvo entonces que superada la coyuntura que justificaba el encarcelamiento cautelar de Boudou, Lijo debía evaluar la posibilidad de disponer medidas “menos lesivas para los derechos del encartado”.

Sin embargo, Lijo entendió que el ex funcionario, pese a “estar a derecho”, puede tener contactos que le permitirían eludir la justicia.

“Nuestro asistido carece de antecedentes penales y posee un domicilio estable donde convive con su pareja quien se encuentra en fecha próxima al parto de mellizos hijos”, había expresado Durañona en la presentación de ayer.

“Todo lo expuesto demuestra que (Boudou) no sólo posee arraigo suficiente en la República Argentina, sino inclusive que su encierro podrá potencialmente afectar la salud de su concubina y de los niños por nacer”, remarcaba también la solicitud.

En su fallo de hoy, Lijo también rechazó un pedido de excarcelación presentado por la defensa de José María Núñez Carmona, socio de Boudou y, al igual que el ex vicepresidente, detenido en Ezeiza acusado de haber encabezado una asociación ilícita destinada a cometer delitos relacionados con el lavado de dinero.

Lijo acusó a Boudou por el supuesto lavado de activos por 4.238.900 pesos y 995.000 dólares, en tres maniobras, una de ellas a través del blanqueo de capitales de la ley 26.476, en el 2009, al que ingresó Núñez Carmona.

Además, le imputó la compra con fondos sin justificar de un departamento de su ex pareja Agustina Kampfer por 120.000 dólares y 80.000 dólares de su patrimonio, cuyo origen tampoco encuentra explicación, según la resolución en la cual ordenó detenerlo.

Lijo también dictó hoy un procesamiento con prisión preventiva contra Boudou en otra causa, en la que se investiga el delito de malversación de fondos por la presunta falsificación de facturas para la rendición de viáticos entre 2009 y 2011.

También fueron procesados sin prisión preventiva el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía Guido Forcieri y el ex secretario privado de Boudou, Héctor “Cachi” Romano, a quienes se le trabaron embargos por un millón de pesos a cada uno.

El juez Lijo consideró que los procesados “defraudaron a la administración pública, mediante la presentación de declaraciones juradas con datos falsos y comprobantes de pago apócrifos”.

Las supuestas rendiciones falsas se hicieron con “comprobantes falsificados del hotel Bel-Ami (París, Francia) y del intérprete Eduardo Kahane, conforme surge de la prueba recolectada en el expediente”, argumentó Lijo.

El magistrado estimó en algo más de 17 mil euros la defraudación y entendió que los procesados “obtuvieron un beneficio económico directo, sustrayendo de las arcas del Estado parte del dinero que les fue entregado para cubrir los ‘gastos eventuales’ de las comisiones que realizaron al extranjero”.

En su descargo, Boudou había asegurado que “jamás” había visto las facturas del hotel por las que se encuentra investigado y que tampoco se ocupaba de confeccionar su propia rendición de gastos en relación a los viajes que realizara como ministro de Economía y, luego, como vicepresidente.

La causa se inició el 22 de agosto de 2013 a raíz de la denuncia del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten en base a una nota periodística de Hugo Alconada Mon en el diario La Nación, del 7 de julio de 2013, titulada “Boudou justificó su patrimonio con viáticos”.