La máxima aspiración de la Casa Rosada para el último trimestre del año, es llegar rápidamente al 31 de diciembre.

De allí que, presurosa, la administración Macri intenta cerrar todos los caminos al sindicalismo para evitar un paro nacional.

Una huida hacia adelante con el único objetivo de ganar tiempo.

Sin embargo, muchas organizaciones sindicales han calificado la propuesta del Ejecutivo como insuficiente y no garantizan que se pueda evitar una medida de fuerza, a menos que los empresarios accedan al otorgamiento de un bono de compensación por una cifra muy superior a lo aprobado por el gobierno a jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares.

Está claro que la apelación que hizo el Presidente de la Nación a los empresarios, en el Coloquio de IDEA, va en ese sentido, de cara la reunión tripartita del próximo miércoles.

De una manera solapada y con su habitual “polite way”, el Jefe del Estado envió un mensaje encriptado a los empresarios. “Sean generosos”, dijo el presidente, para inmediatamente recordarles que “hace un año ustedes lidiaban con personajes exóticos, si no iban a Angola en fila india los mataban”.

¿Intimidación o súplica? ¿Qué pasaría si los empresarios no son generosos o no pueden serlo como es el caso de miles de PYME?

Una compensación como la pedida por los dirigentes sindicales, legítima -en función de los escandalosos niveles de inflación-, no puede ser afrontada por todas las empresas, debido a la caída en la facturación, a la elevada presión tributaria y al alto costo del dinero.

El periplo de Macri por Mar del Plata sólo sirvió para endulzar los oídos de los hombres de negocios, tras 15 años de ausencia de un presidente en ese foro.

Macri habló de “productividad”, un concepto olvidado y denostado durante el régimen kirchnerista con reminiscencias de la década del ’90.

El Presidente fue enfático aunque no convincente en su pedido a los empresarios: “Volver a meterse en las fábricas, reducir los costos y ofrecer a los argentinos mejores productos, de mejor precio y calidad”.

¿Cuál es la diferencia con los ’90? En los ’90, se aplicaron criterios de productividad porque habían desaparecido el déficit fiscal, la emisión monetaria y la inflación. En la actualidad, es imposible hacer una estructura de costos duradera mientras exista este nivel de inflación y esta presión tributaria.

Sin embargo, Macri reconoció que el principal deudor del contrato social es el Estado. “En ese camino, el primero que tiene que dar los pasos más eficientes y rápidos debe ser el Estado. No puede ser una carga, un obstáculo, tiene que ser un facilitador”, dijo el Presidente aunque no dio precisiones.

La seducción de Macri con los hombres de negocios tuvo su cenit cuando manifestó que “tenemos que ir reduciendo impuestos, hacerlos más racionales”.

Pero el gobierno está lejos de ser un facilitador y no ser un obstáculo y más lejos aún de reducir impuestos, teniendo en cuenta que existen varios impuestos que gravan un mismo hecho imponible, algo que resulta claramente inconstitucional.

El gobierno tiene en sus manos herramientas para corregir todos estos desvíos y volver a crear las condiciones para que los empresarios vuelvan a sus escritorios a reducir costos.

El presupuesto es la llave maestra que tiene el gobierno para producir cambios en la asignación de los recursos y en sentar las bases para aumentar la productividad.

Sin embargo, mantiene prebendas y beneficios que no sólo horadan las arcas públicas sino que premian la ineficiencia y generan desigualdad.

Por caso, el Estado pierde anualmente unos 20.000 millones de dólares en subsidios, privilegios y exenciones impositivas que benefician a unos pocos y cuyo costo es soportado por los sectores de menores ingresos.

Por caso, el régimen de promoción de Tierra del Fuego se lleva el equivalente a 2.400 millones de dólares, para ensamblar tecnología vieja y cara. ¿Qué sentido tiene soportar semejante costo ampliamente superior a los beneficios que genera?

Con un monto similar se benefician las asociaciones deportivas, obras sociales e instituciones educativas con la exención del IVA, lo que genera importantes saldos técnicos que luego deben ser absorbidos con quebrantos por estas entidades.

Pero el principal costo fiscal proviene de las exenciones de ganancias a las inversiones financieras, entidades sin fines de lucro y al complejo judicial que le cuestan a la sociedad unos 3.600 millones de dólares.

¿Cómo explica el gobierno semejante desequilibrios y más aún como explica que no puede eliminar ganancias sobre los sueldos de los trabajadores?

Ambigüedades, señales confusas y demoras inexplicables alejan las inversiones.

DyN.