La comisión de Turismo de la Cámara de Diputados se reunirá este martes por videoconferencia para discutir los distintos proyectos que plantean declarar la emergencia turística a raíz de la pandemia de coronavirus.

La reunión informativa, que será presidida por Alfredo Cornejo (UCR), está pautada a las 18.

El interbloque Juntos por el Cambio tiene una iniciativa propia redactada por Cornejo y por el también radical Gustavo Menna, y está especialmente interesado en que el proyecto sea incluido en una próxima sesión.

En el Frente de Todos también existe interés y de hecho días atrás tomaron contacto con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, para elaborar una propuesta que tenga viabilidad política, con el aval del Poder Ejecutivo, en base a un proyecto que ya existe y cuya autoría pertenece al diputado formoseño Gustavo Fernández Patri, vicepresidente de la comisión.

Dicho texto, que incluye exenciones fiscales y beneficios crediticios para empresas, además de facilidades de financiamiento en cuotas para turistas, está siendo revisado por el Ministerio de Economía.

La propuesta opositora, en tanto, apunta a declarar la emergencia turística por el período de un año desde la sanción de la ley, pero con efectos desde marzo de 2020, cuando el Poder Ejecutivo decretó por primera vez el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

A su vez, la norma propone un “Programa de Asistencia de Emergencia al trabajo de Turismo Nacional”, consistente en una ayuda directa abonada por el Estado nacional a los trabajadores en relación de dependencia del orden del 50% del salario neto.

Esto significaría poner en marcha un programa similar al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) pero restringido a los trabajadores del sector turístico por un plazo más prolongado.

Entre los beneficios financieros, se prevé la creación de un “Programa de Crédito a Tasa Cero para Prestadores Turísticos” para facilitar el acceso de las empresas, monotributistas y autónomos al equipamiento de seguridad sanitaria y reformas relacionadas al COVID-19, además del pago de servicios públicos y la cancelación de obligaciones crediticias asumidas con anterioridad al 19 de marzo de 2020.

Por otra parte, se plantea la exención del impuesto a los créditos y débitos bancarios, como del pago de anticipos o pagos a cuenta del impuesto a las Ganancias, retenciones y percepciones vinculadas tanto a dicho impuesto como al IVA correspondientes al ejercicio fiscal 2020.

A su vez, mientras dure la emergencia los agentes turísticos tendrán disponibilidad de créditos fiscales para cancelar obligaciones con el Estado, en especial en lo que refiere al IVA de turistas no residentes.

Por último, el proyecto establece que durante la vigencia de la emergencia no se podrán promover procesos de ejecución fiscal, quedando en suspenso los ya iniciados, y se incorpora un mecanismo para resolver las cancelaciones ocurridas y venideras a raíz de la pandemia, promoviendo las reprogramaciones de los viajes y estableciendo una reglamentación para las devoluciones.