El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará el martes emitir dictamen en un plenario de comisiones sobre el proyecto integral contra la violencia institucional que busca prevenir y erradicar estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios.

Las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos, que presiden los diputados del Frente de Todos Paula Penacca y Hugo Yasky, respectivamente, se reunirán a partir de las 17 en el Anexo C de la Cámara.

Desde el 21 de abril, el plenario de comisiones organizó cuatro reuniones en las que funcionarios, representantes de derechos humanos, juristas, madres de víctimas de la violencia institucional y especialistas en la materia expusieron sus puntos de vista sobre el tema.

Así, se llega a esta próxima reunión en la que el oficialismo, con el aval de algunos bloques minoritarios, buscará la firma del dictamen que habilite al proyecto a quedar en condiciones de ser tratado por el plenario.

Además de Penacca y Yasky, el texto lleva la firma también de otros legisladores como Leonardo Grosso, Federico Fagioli, Cristina Alvarez Rodríguez, Cecilia Moreau, y Germán Martínez, todos del bloque oficialista del Frente de Todos (FdT).

La iniciativa establece pautas de acción frente a la presentación de denuncias “con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz”.

Asimismo, incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad. También fija principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

Según el proyecto, se entiende por violencia institucional “todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas”.

De acuerdo a la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a “toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias”.