La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado el proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual que propone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.

El plenario legislativo sancionó en general el proyecto por 241 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Interbloque Federal, Provincias Unidas, y la mayoría del bloque de Juntos por el Cambio, mientras que el rechazo cosechó 8 sufragios (cuatro de las agrupaciones de derecha y otros cuatro de JXC).

La sanción del proyecto, que ahora deberá ser discutido por el Senado, fue festejada por los asistentes de organizaciones civiles que reclamaban la actualización de la ley del sida, quienes observaron toda la sesión desde los palcos del recinto deliberativo del cuerpo.

Al concluir el debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, agradeció la presencia de estas organizaciones y a los legisladores que en forma “transversal” trabajaron a favor de la sanción de esta iniciativa.

El proyecto presentado por la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todos) que establece, entre otros puntos, la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación, con el fin de visibilizar, documentar y erradicar las vulneraciones a los derechos de las personas afectadas, se trató esta tarde con la presencia de referentes de organizaciones LGBTIQ+.

Al abrir el debate, la diputada socialista Mónica Fein, presidenta de la comisión de Acción Social y Salud, aseguró que “esta ley permite actualizar la ley 23.798, que después de 30 años debe modificarse. Hablar del VIH sida es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años. Una pandemia que no siempre ha estado en el debate público”.

A su turno, el exministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan (Frente de Todos) afirmó que “esta ley viene a reparar un montón de cuestiones que tienen que ver con la protección integral de la salud, pero con una visión social de la medicina; de lo legal y de lo previsional”.

“Celebramos que esta ley se esté tratando en el recinto, pero creemos que es perfectible. Tenemos que aumentar la cantidad de pruebas diagnósticas. Para poder hacer el tratamiento, necesitamos primero el diagnóstico”, dijo Gustavo Bacha Bouhid (Frente Cambia Jujuy), exministro de Salud de Jujuy.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, señaló que “como diputado nacional yo tengo la esperanza personal, pero también colectiva, de que nos merecemos que exista ese día que llegue la cura y que todos y cada uno estemos aquí para poder celebrarlo”.

Sobre los retrasos que tuvo la ley en ser tratada, Ferraro dijo que no se pudo aprobar hasta que el activismo “empezó a decir basta, a reclamar con tanta firmeza que algunos mostraron su fastidio, su enojo y que esta Cámara entendió que no tenía mas tiempo”.

En tanto, la diputada del Frente de Todos Gabriela Estévez destacó el “consenso logrado en forma transversal en la Cámara de Diputados, pero eso se alcanzó porque hay un correlato social afuera”, y reivindicó que en esta ley “cambió el paradigma que solo atendía la parte medica y no contempla los problemas sociales”.

Agregó que se debe “pensar en generar respuestas integrales sobre esta problemática para quitar estigmas, y eso es lo que luchamos desde las diversidades y del feminismo”.

En tanto, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace dijo que “lo que le falta a la ley es la obligación de proveer la cobertura de prevención a las obras sociales, prepagas y entidades del sistema de salud. La cobertura es indispensable porque con prevención se puede evitar el contagio e infección”.

En tanto, la legisladora Myriam Bregman aseguró -al defender el proyecto- que “en Argentina hay 500 mil personas que tienen hepatitis B o C y otras 140 mil viven con VIH. Miren si esta ley no será urgente, que cada día mueren 13 personas por causas relacionadas con VIH o hepatitis”.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organizaciones civiles, plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.

Propone, además, que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y 20 años de aportes jubilatorios, pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.

El proyecto también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.

La integración de esta Comisión debe ser determinada por vía reglamentaria garantizando representación federal y de géneros.

También se propone un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.