Diez años de persecución a mi padre, el juez provincial Pedro Hooft
Por Lynette Hooft
Pedro Federico Hooft.
Hace un tiempo me regalaron un libro: la biografía de Hannah Arendt. Lo leí con pasión y dolor. Ayer tuve el libro en mis manos y se cayó una foto en la que estoy con mi familia. Es del verano de 2006. Todos sonreímos felices, disfrutando el momento, sin imaginar siquiera el huracán que días después se desataría. A mediados de marzo de 2006 compartíamos un almuerzo familiar cuando me llamaron por teléfono para alertarme sobre una nota referida a mi padre, el juez provincial Pedro Hooft, publicada en el diario Página 12. Salí. Lo compré, leí la nota con ansiedad y volví a casa sin dejar de llorar.
La nota detallaba con mentiras, calumnias e injurias una denuncia que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había presentado contra mi padre por supuestos delitos de lesa humanidad. La leímos una y otra vez. Era atroz y absurdo. El mundo se detuvo para mí y todo fue consternación. Si algo caracteriza a mi padre, es su lucha por la justicia y los derechos humanos. En tiempos de dictadura condenó a policías por torturas y vejaciones. Como consecuencia, sufrió un grave atentando con itakas en casa del que la familia sobrevivió de milagro. La Organización de Estados Americanos (OEA), en el denominado Informe País de 1980 que realizó luego de su visita a la Argentina en plena dictadura, destaca su labor y lo menciona como uno de los dos jueces de Argentina que condenó a policías por torturas y vejámenes. Hace pocos años, cuando se hicieron públicos los archivos de la Comisión Provincial por la Memoria, supimos que mi padre había sido espiado y que en su ficha figuraba como un juez que “no era partidario de la filosofía del proceso”. El ex fiscal del juicio a las Juntas Militares, Julio César Strassera, lo definió como un “campeón de los derechos humanos” y sostuvo: “Gracias al doctor Hooft se logró condenar al almirante [Emilio] Massera”. Julio Strassera fue un testigo valiente y sus palabras ante el Jurado de Enjuiciamiento y en la causa federal fueron determinantes y contundentes.
Mi padre, además de ser juez, es un bioeticista de prestigio internacional que se caracteriza por sus fallos progresistas vinculados a la muerte digna, el cambio de sexo, la provisión de medicamentos, entre otras problemáticas sociales sensibles. De allí que la conmoción cruzó las fronteras de nuestro país y hubo una fuerte y activa preocupación e inquietud de académicos de distintas partes del mundo.
Buceo en mi interior y no encuentro palabras que describan con fidelidad lo que vino luego. Fueron diez años atravesados por escraches, pintadas agraviantes en nuestra casa, en la Facultad de Derecho donde mi padre era docente, en Tribunales y muchos lugares públicos. Un día despertamos con nuestro barrio, el mismo donde vivimos desde hace 45 años, completamente empapelado con afiches injuriosos. También debimos apagar el fuego de un muñeco con el rostro de mi padre colgado en el ingreso a los Tribunales. Además padecimos un dolor inconmensurable ante la estigmatización, las presiones y las persecuciones por ser hija o familiar del juez Hooft.
Durante diez años enfrentamos un proceso judicial teniendo en frente al Estado y a medios de prensa pagos que escribieron mentiras y calumnias. Al principio intentamos tapar cada pintada, quitar cada panfleto, juntar los restos quemados de mi padre e estar todo el tiempo a su lado para prevenir nuevos escraches. Fue imposible.
En estos diez años de temor e incertidumbre nos sostuvo el amor de la familia y el apoyo moral de un sinfín de personas que sabían quién es mi padre y no temían decirlo. El proceso judicial se desarrollaba en simultáneo en dos ámbitos: el Jurado de Enjuiciamiento y la causa en sede federal. Las resoluciones judiciales del fuero federal no se ceñían a la ley ni a la verdad de los hechos. En 2013 presentamos una denuncia para que se investigue por corrupción a un sector de la Justicia federal. La prueba principal era un audio en que el fiscal que intervenía en la causa de mi padre reconocía que la causa estaba armada, que era un gran verso y que recibía presiones desde distintas esferas del Poder Judicial. Las mentiras se reproducían. Nosotros debíamos seguir adelante para evitar más horror. La denuncia quedó archivada.
En marzo de 2014 comenzó el juicio oral y público. El Jurado de Enjuiciamiento estaba integrado por once miembros entre abogados, legisladores y el presidente de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, Dr. Juan Carlos Hitters. Viajé a La Plata con mi familia. Cuando ingresé a la sala donde se realizaría el juicio y vi a mi padre, inocente, allí sentado, sentí que una daga me atravesaba el corazón. Vi la representación de la injusticia. Contuve las lágrimas. Mi padre estaba firme y digno. Jamás voy a olvidar esa mirada que nos unió. Siguieron días intensos y dolorosos. Pero siempre puede haber un escenario peor. Una tarde mi padre sufrió un accidente cardiovascular durante una audiencia del juicio. Lo atendieron de urgencia, quedó internado y de la clínica lo enviaron a Mar del Plata, con la prohibición de regresar. Mis hermanos y yo nos quedamos en La Plata.
El 28 de abril se leyó la sentencia. Un grupo de “militantes” nos recibió en la calle con un nuevo escrache y además coparon la sala. Sólo teníamos cinco lugares. Ingresamos en medio de cantos y amenazas y tras la lectura del fallo debimos retirarnos con personal de seguridad, mientras nos escupían e insultaban. Aquella tarde, el Jurado de Enjuiciamiento rechazó todas las acusaciones, confirmó la inocencia de mi padre, lo absolvió y lo reintegró a su cargo de juez provincial. El fallo tiene casi mil hojas y se puede consultar por internet. Sentimos que el calvario había terminado. Nos abrazamos y lloramos en silencio mientras la paz nos alcanzaba.
Pero nos equivocamos y no fue así. El entramado de poder que quiere a mi padre fuera del Poder Judicial es duro. Hoy, un juez federal lo juzga por los mismos hechos, con las mismas pruebas y con los mismos denunciantes y querellantes. Ignora el fallo absolutorio del Jurado de Enjuiciamiento y se aparta de la ley y la Constitución.
Nosotros seguimos firmes y dignos, pero no puedo dejar de preguntarme: ¿Cuánto tiempo más puede durar la persecución y la irracionalidad?
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