BUENOS AIRES.- El juez Claudio Bonadio ordenó la detención del ex funcionario del Ministerio de Planificación Claudio Uberti y el ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA) Juan Carlos Lascurain como parte de la investigación por los cuadernos de las supuestas coimas durante la gestión anterior.

Lascurain se había presentado el jueves en los tribunales de Comodoro Py para ser indagado a raíz de la aparición de los cuadernos de Oscar Centeno, mientras que la situación de Uberti se habría complicado a partir de la declaración de Luis Betnaza, director de Techint.

Por otro lado, los empresarios Jorge Neira, Claudio Glazman y Carlos Wagner fueron aceptados como imputados colaboradores en la causa por los cuadernos con detalles sobre supuestas coimas al gobierno kirchnerista y dejarán los Tribunales de Comodoro Py en libertad.

En tanto, el acuerdo del empresario Aldo Roggio para ser considerado “arrepentido” sería homologado por el juez Claudio Bonadio el próximo lunes y, en el caso del director y vicepresidente de Electroingenieria Gerardo Ferreyra y Hugo Eurnekian solo prestaron declaración indagatoria.

Tres nuevos empresarios se sumaron al listado de “arrepentidos” en una jornada cargada de indagatorias por la causa de los cuadernos de las presuntas coimas en los tribunales de Comodoro Py y uno de ellos, el ex presidente de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner, realizó un aporte clave, al brindar detalles sobre supuestos “retornos” por la concesión de obra pública durante el gobierno kirchnerista.

Wagner, dueño de la constructora ESUCO, declaró ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli que negoció directamente con el ex ministro Julio De Vido el pago de coimas para el “reparto” de la obra pública y que se abonaba entre el 10 y el 20 por ciento del precio total.

Así lo indicaron fuentes judiciales, las que precisaron que Wagner precisó además en su indagatoria que otro de los medios de pago de los sobornos era la devolución del dinero que recibía del Gobierno tras cada certificado de obra y que detrás de la trama de recaudación estaban los ex secretarios Roberto Baratta y José López.

Se trata del primer empresario que declara en la causa por asociación ilícita reconociendo el pago de coimas al gobierno kirchnerista a modo de retribución por la concesión de obra pública, que se entregaba en forma discrecional: el juez Bonadio firmó la homologación de su declaración como imputado colaborador y finalmente salió en libertad.

Los otros dos empresarios que fueron aceptados como imputados colaboradores para que al fin del proceso se les reduzca una eventual condena fueron Jorge Neira (Electroingeniería) y Claudio Glazman (Sociedad Latinoamericana de Inversiones), quienes también dejaron los Tribunales de Comodoro Py por la noche.

Otro que declaró fue el empresario Aldo Roggio, aunque su acuerdo sería aceptado por Bonadio recién el próximo lunes, mientras el director y vicepresidente de Electroingenieria Gerardo Ferreyra y Hugo Eurnekian, respectivamente, sólo prestaron declaración indagatoria y se retiraron.

Respecto al testimonio del presidente de la Compañía General de Combustibles (CGC), la compañía indicó en un comunicado que Eurnekian “se presentó voluntariamente a los efectos de aclarar su situación” frente a la mención de la dirección de su domicilio particular en la causa de “los cuadernos de Centeno”.
Eurnekian manifestó ante el juez que en 2013 hizo un aporte a la campaña electoral, pero que fue “a título personal exclusivamente, con fondos propios debidamente registrados” en sus declaraciones juradas impositivas.

Ante esta circunstancia, la CGC manifestó que no tiene “ninguna vinculación con los hechos descriptos” sobre el presunto pago de coimas, pero que “contribuirá con la Justicia en todo lo que resulte necesario”.

La ronda de indagatorias, que seguirá el lunes próximo con la ex presidenta Cristina Kirchner, concluyó esta semana con la presentación de Luis Betnaza, ejecutivo de la compañía Techint, quien reconoció en el Juzgado el pago de “contribuciones” al gobierno kircnnerista para que intercediera ante Venezuela para solucionar un conflicto por la estatización de SIDOR en 2008.

“Simplemente vine y aclaré todos los tantos de lo que había pasado, pero no me acogí a la figura de arrepentido”, sostuvo el director institucional corporativo del Grupo Techint, ante la prensa a su salida de los Tribunales de Comodoro Py, de donde se retiró bajo caución juratoria.

Los pagos de Techint habrían sido en cuotas mensuales, con el fin de que la Casa Rosada negociara con el gobierno de Venezuela -en ese momento bajo la Presidencia de Hugo Chávez- por la indemnización motivo de la estatización de Sidor SA.