Un médico y su ex mujer, propietarios de una empresa de internaciones domiciliarias de la ciudad de Tandil, fueron detenidos en el marco de la causa que investiga la Justicia de La Plata por una presunta estafa de 380 millones de pesos anuales en el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) durante la gestión del ex gobernador Daniel Scioli, a través de sobreprecios y empresas fantasmas.

Se trata de Julio Alberto Tamburelli y su ex mujer, María Silvina Tornati, dueños de la empresa de internación domiciliaria Flonic SRL, de Tandil, ambos detenidos por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

Las detenciones se concretaron en el marco de la causa que instruye el fiscal de Delitos Complejos de La Plata, Jorge Paolini, por una presunta defraudación millonaria al IOMA, la obra social de los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires, durante la gestión de Scioli.

Para el fiscal, el médico y su ex mujer “en su calidad de socios de la firma antes mencionada, defraudaron al IOMA, mediante la presentación de documentación falsa que daba cuenta de la prestación de un servicio de internación domiciliaria para la afiliada María Luisa Sánchez, el cual nunca se llevó a cabo” ni había sido solicitada por Sánchez.

El médico imputado inició en la delegación Tandil del IOMA un trámite de internación para la afiliada Sánchez, firmó y falsificó la firma del esposo de la supuesta paciente que requería la internación domiciliaria.
Por esta presentación falsa, el IOMA abonó 58.000 pesos a la cuenta que la sociedad del médico y su ex mujer poseían en el Banco Provincia.

Tamburelli y su ex mujer fueron detenidos en dos operativos realizados en la avenida Bolívar al 500 y en la avenida Colón y Machado, de Tandil, y luego trasladados a La Plata, donde fueron indagados, y si bien no trascendió el contenido de sus declaraciones ambos siguen detenidos.

La investigación se inició a partir de la presentación del actual titular de IOMA, Sergio Cassinotti, tras una auditoría interna encarada por las nuevas autoridades en la que se pudieron encontrar ilícitos en el pago de sobreprecios por medicamentos y prótesis de hasta el 200% y falsas internaciones.