El presidente del ente previsional de Santa Cruz, Ariel Ivovich, y su hermano Patricio fueron detenidos en la medianoche de este martes por orden judicial, en medio de un fuerte operativo policial dispuesto en el predio de la empresa familiar, luego de ser denunciados por agredir a tres jubiladas y dos abogadas, cuando fueron a notificarle trámites judiciales relacionados con el reclamo del pago de haberes.

El funcionario y su hermano permanecían en el interior de las oficinas ubicadas en el predio, desde pasadas las 15 cuando se produjeron los incidentes que provocaron una manifestación en reclamo de su renuncia y detención.

Los gremios de la CTA Autónoma Santa Cruz, docentes, empleados judiciales, de la salud y empleados públicos, se congregaron en las afueras del predio en solidaridad con los jubilados, repudio a la agresión y pedido de actuación de la Justicia ordenando las detenciones.

La orden de “allanamiento, detención y requisas personales” se conoció pasadas las 21.30, y para ejecutarla fue dispuesto un operativo que incluyó dos camionetas, al menos seis patrulleros y decenas de efectivos.

“La consigna es que la justicia actúe rápidamente como corresponde, ante una agresión doblemente grave por provenir de alguien que ostenta el poder”, había manifestado en rueda de prensa el dirigente de judiciales Juan José Ortega.

Para el dirigente, “la Justicia tiene que poner un parate”, ya que “no pueden quedar impunes este tipo de personajes, por eso exigimos la detención y la renuncia inmediata de este funcionario”.

“Acá además de funcionarios violentos, hay un gobierno que es violento y que nos violenta todo el tiempo” dijo por su parte Pedro Cormack, titular de la Asociación Docentes de Santa Cruz, que anticipó para este jueves cerca del mediodía una concentración en el acampe de los jubilados, ubicado frente a la sede del organismo previsional.

El dirigente pidió “que el gobierno, la justicia, el gobierno nacional actúen rápidamente ante una situación tan bochornosa y grave como lo que ocurrió hoy, que no haya impunidad y solo cambios de nombres, sino de actitudes desde la política”.

“Este es un golpe a los jubilados, a los trabajadores y a toda la sociedad en su conjunto”, remarcó Cormack.

Los diputados y sectores políticos integrantes de la oposición del Frente Unión para Vivir Mejor habían expresado su repudio y pedido de renuncia del funcionario, además de la inmediata solución del pago en tiempo y forma de los haberes, por el que los jubilados mantienen un acampe por casi 50 días, y reclaman los demás sectores de trabajadores provinciales.