Despachan urgentes notificaciones para intimar a viajeros a iniciar la cuarentena
Todas las personas que llegan desde destinos de riesgo están obligados a aislarse y someterse a un control. La Justicia las busca y las notifica de que si no cumplen se los imputará penalmente.
Personal de la Fiscalía General de Mar del Plata, en conjunto con fuerzas policiales y municipales, iniciaron en la jornada de ayer un proceso de notificación urgente a todos los viajeros que llegan a la ciudad para que cumplan con la cuarentena bajo advertencia de ser imputados penalmente en caso de no hacerlo.
En la noche del lunes se dispuso como punto fijo la empresa de transporte Tienda León, aunque al mismo tiempo se desplegó un equipo de investigadores para localizar a otras personas a través de la información aportada por la Oficina de Migraciones sobre residentes marplatenses que ingresaron al país en los últimos días.
También se utiliza como punto de partida para detectar a los viajeros las denuncias a los distintos teléfonos de urgencia (134 y 911).
“Se notifica e intima a usted que dentro de las 24 horas de recibida la presente deberá ponerse a disposición de la autoridad sanitaria competente –dice la orden judicial- mediante comunicación telefónica al número 107 y proceder a efectuar de inmediato el aislamiento obligatorio dispuesto por la autoridad nacional en su domicilio residencia temporario y hotel, atento encontrarse dentro de los supuestos previstos por el artículo 7 del decreto 260/2020”.
Asimismo, en la parte de advertencia punitiva, la notificación sostiene que “en caso de incumplimiento del asilamiento indicado y las demás obligaciones establecidas en el DNU se procederá a denunciarlo penalmente para investigar la posible comisión de los delitos previstos en los artículos 205 y 309 del Código Penal”.
El primero de los artículos dice que será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia.
El restante advierte que será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal.
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