El Juzgado de Garantías N°6 desestimó este lunes una denuncia por amenazas impulsada por el concejal Daniel Núñez (UCR) contra ex funcionarios de Guillermo Montenegro y sindicalistas vinculados a la Juventud Radical.

Tal como informó oportunamente LA CAPITAL, la presentación había sido realizada en marzo de 2023. En aquel entonces, Núñez, presidente del comité local de la UCR, denunció “coacciones, amenazas, hostigamientos y otras actitudes patoteriles” por parte de los hoy ex funcionarios municipales Lucas Amodey, Santiago Reyes y Daniel Teruel, que se desempeñaban en la Secretaría de Desarrollo Social.

En el listado estaban incluidos los sindicalistas de la CTA autónoma, Cristian Echeverría (titular del sindicato de Trabajadores de Casinos, Lotería, Agencias de Hipódromos), Diego Paredes y Federico Cardozo, vinculados a la Juventud Radical (JR).

En la presentación, a la que se sumaron los ediles radicales Gustavo Pujato y Marianela Romero, se reconstruyó, entre otras cuestiones, que el 8 de marzo de 2023 Reyes amenazó a Núñez con “hacerlo sufrir las consecuencias” de negarle el salón del comité de la UCR a la JR. 

Luego, el 21 de marzo de ese mismo año, los denunciantes aseguraron que Teruel y Amodey ingresaron a la oficina de Núñez del Palacio Municipal y le dieron un ultimátum: tenía hasta el jueves para dar una respuesta y, de no ser así, “debería atenerse a las consecuencias”. 

En tanto, el 24 de dicho mes, durante la marcha de repudio a la dictadura militar, el concejal denunció que Paredes, Cardozo y otros miembros de la organización “quisieron obligarlos a bajar las banderas, utilizando la violencia física baja la amenaza de que la iban a pasar mal”.

Después de esa serie de hechos, el 26 de abril del año pasado, aparecieron pintadas en la casa donde viven la exmujer y la hija del titular de la UCR marplatense.

A raíz de ello, el Juzgado de Garantías N°6 dispuso a mediados de 2023 una restricción para que los denunciados no pudieran acercarse  a menos de 200 metros a Núñez, Pujato y Romero. Sin embargo, en las últimas horas, se resolvió desestimar la presentación.

“Luego de una serie de diligencias efectuadas a los fines de probar no solo la existencia de delitos, sino además la autoría y materialidad de los mismos, llego a la conclusión de que debe procederse a la desestimación de los presentes actuados”, resolvió la jueza Lucrecia Bustos.

Tras analizar las constancias obrantes (testimonios y videos), la letrada sostuvo que hay “inexistencia de delitos penales en las conductas descritas”.

Y sentenció: “Concluyo que conflictos como los relatados resultan moneda corriente en épocas de actividad política partidaria pre eleccionaria, en que los grupos pujan por posicionamientos, cargos y suma de votantes para su partido, más que en conductas delictivas”.