por Ramiro Melucci

Cambiemos suele hacer de sus divergencias internas un culto. Son una muestra de la democracia interna, postulan los que se empeñan en argumentar a favor, pese a que en algunos casos se trata de diferencias astronómicas.
El caso de Hernán Mourelle, secretario de Economía y Hacienda del municipio, supera toda clase de argumentos. En la exposición de la semana pasada ante la comisión de Educación del Concejo Deliberante lanzó críticas directas o indirectas contra el gobierno nacional, el provincial y el municipal. También contra los aliados del gobierno en el Concejo, pero eso ya no sorprende: es un comportamiento habitual.

A la Nación le recriminó el envío con demora de las partidas para financiar el sistema educativo municipal. “Que es apenas la mitad” de lo que se necesita, dijo. Contó que el municipio, durante gran parte del año pasado, tuvo que hacerse cargo de la mitad que le toca y de la porción que viene de la Nación porque los aportes de esa jurisdicción recién empezaron a llegar “entre septiembre y octubre”. Detalló que otra partida ingresó “en diciembre” y finalmente la última lo hizo “en enero”. “Bastante más tardíamente de lo que estuvo el municipio financiando los adelantos mensuales”, les dijo a los concejales en esa reunión pública. A la Provincia la atacó con un tiro por elevación. Sostuvo que el Concejo “legisla para los grupos concentrados de poder económico” y ejemplificó con los proyectos de Virginia Sívori (Unidad Ciudadana) y la radical Vilma Baragiola para eximir a los teatros del pago de tasas. Esas eximiciones fueron reclamadas por la gobernadora María Eugenia Vidal en una dura carta al intendente Arroyo. Por extensión, Mourelle, un funcionario de un municipio pintado con el amarillo de Cambiemos, acusó a la primera mandataria provincial de gobernar para esos grupos.

Lo más irreverente llegó cuando el funcionario cuestionó a la administración central del municipio. Dicho así suena a torpeza, pero no: eligió como flanco la Secretaría de Gobierno, con cuyo titular, Alejandro Vicente, mantiene una fuerte disputa interna. Mourelle aludió al trámite digital que debe hacerse ante el Instituto de Previsión Social (IPS) para la presentación de las declaraciones juradas de retenciones de salarios de los docentes municipales. Mencionó que los entes municipales no tuvieron ningún inconveniente en hacerlo desde septiembre de 2017, pero que “el área de personal de Gobierno no logró en más de 15 meses presentar una” declaración jurada. Afirmó que esa falencia le llamaba la atención e insistió con ironía: “¡No puede embocar una!”.

Al secretario de Educación, Luis Distéfano, tampoco atinó a defenderlo por los polémicos nombramientos que hizo en los últimos días. “No veo el sentido de que me pregunten a mí por designaciones que decide el secretario de otra área”. Gran compañero.

Con todo, Mourelle es un privilegiado. No debe haber otro funcionario en el país que, en un año electoral donde el oficialismo pondrá en juego las reelecciones de Macri y Vidal, pueda arremeter sin ninguna consecuencia contra sus administraciones. Y que, para variar, también acometa contra el único hombre que lo sostiene en su cargo: Arroyo. Porque hablar de aquella falencia de la Secretaría de Gobierno implica, en última instancia, revelar la imposibilidad de la administración de Arroyo de cumplir un trámite sencillo para el pago de las jubilaciones al personal.

Un puñado de concejales de bloques aliados le han reiterado en los últimos días a Arroyo la inconveniencia de empeñarse en sostener a Mourelle en su cargo. Le dijeron que el secretario lo estaba perjudicando. No imaginaban, claro, que podía haber una muestra tan acabada de ese diagnóstico.

Lejos de reprenderlo, el intendente premió a Mourelle: al día siguiente de la exposición en el Concejo, visitaron juntos una escuela. ¿Alguien le habrá avisado a Arroyo que su acompañante había tratado de inepto a personal de la secretaría de Vicente? Un día antes, el jefe comunal había insistido con que “Mar del Plata tiene un presupuesto equilibrado”. Otro elogio para su funcionario dilecto.

Para sacarse las dudas que dejó el secretario de Hacienda, la comisión de Educación volvió a convocarlo para el próximo martes. También están invitados Distéfano y Vicente. No habría que esperar grandes escenas de amistad.

El bloque oficialista tampoco aporta prolijidad. El tratamiento del aumento del boleto puede atestiguarlo. El interbloque Cambiemos se tomó diez días para juntar los votos en la comisión de Transporte, pero lo hizo tras la llegada de un nuevo estudio de costos del Ejecutivo que nadie había solicitado formalmente. A través de ese informe, el oficialismo le rebanó al aumento nueve centavos sin que la oposición se lo demandara. Varios concejales, sobre todo los de Unidad Ciudadana y Acción Marplatense, vieron la puerta abierta y se metieron: ahora leen detenidamente el estudio de costos para tratar de seguir desinflando el incremento.

Ese reclamo, que inició Balut Tarifa Arenas al mencionar una diferencia en el rubro “patentes”, choca de lleno con el pedido que los empresarios formularon en el Ministerio de Trabajo: que el aumento se vote así como está. Y que no se desdoble. Una solicitud, esta última, que podría generar más contrapuntos en el interbloque oficialista: fue el radicalismo el que pidió que el aumento se otorgue en dos veces.

La presión no solo la ejercen los empresarios. La UTA está en pie de guerra por una readecuación salarial de 5% que los trabajadores debían cobrar con los sueldos de enero. El viernes dio el ultimátum: si no cobran en los próximos días habrá paro. Los empresarios aseguran que sin el aumento de boleto no pueden pagar esa suba salarial. El dilema de siempre. Con el mismo interrogante: ¿si el oficialismo no junta los votos, qué opositor facilitará el trámite? Recién el jueves se develaría el misterio.