El gobierno municipal desalojó hoy y procedió a demoler la estructura de “Villa Joyosa”, un añejo edificio en ruinas ubicado a la vera de la Ruta 11 que era habitado por dos numerosas familias y en el que solían pernoctar delincuentes, según denunciaron los vecinos. Uno de los grupos familiares se resistió a dejar el lugar y se vivieron momentos de tensión con las fuerzas de seguridad que acompañaron el procedimiento.

El operativo, que incluyó dos camiones volcadores del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado (Emvial) y una pala mecánica, se desplegó en el predio ubicado en Félix U. Camet y Ringuelet, en una estructura deteriorada que en un momento funcionó como un boliche y luego como salón de fiestas, pero que se encontraba en desuso desde hace más de 25 años, según vecinos de la zona.

Personal policial y de Defensa Civil, la Unidad de Asistencia Crítica, el Centro de Operaciones de Emergencia y bomberos también participaron del procedimiento, que en un primer momento se enfocó en el desalojo de los moradores.

Desde hacía un tiempo, dos familias -una de 10 integrantes y la otra 11, con seis y siete menores respectivamente- habían ocupado dos sectores de las ruinas de esta propiedad. En la parte trasera de la misma uno de los grupos familiares había montado una casilla en la que vivían en condiciones habitacionales sustancialmente precarias y con múltiples problemas de salud.

Pero además, según los vecinos, el lugar funcionaba como “un aguantadero” en el que “delincuentes, cuidacoches y limpiavidrios” iban a pernoctar. Estas personas son señaladas por los vecinos como los responsables de múltiples robos cometidos a la vera de la ruta 11 y también en los barrios aledaños.

En varias ocasiones, siempre según los vecinos, quienes bajaban de las unidades de la línea 221 “eran asaltados por estas personas” en el lugar, razón por la que la empresa quitó de este punto la parada hace ya un tiempo.

Luego de varias denuncias y de la intervención de la Defensoría del Pueblo, que buscó aportarle una solución habitacional a las familias, el intendente Guillermo Montenegro firmó un decreto a través del cual ordenó el desalojo de la estructura y la posterior demolición de la misma.

Las tareas comenzaron por la mañana. Las pertenencias de una de las familias que habitaban el lugar fueron subidas a camiones para su traslado, lo que obligó a realizar un corte parcial de tránsito en la zona, mientras se iniciaba la demolición.

La demolición avanzó rápidamente y en menos de dos horas la mitad de todo el edificio quedó reducida a escombros, incluso el acceso principal a la propiedad y la torre central que la caracterizaba.

Funcionarios, efectivos policiales, vecinos y curiosos que pasaban por la zona alzaron sus teléfonos celulares para registrar el momento cúlmine de las tareas, la caída de la torre, mientras a pocos metros una de las familias permanecía dentro del lugar, negándose a abandonarlo.

Según pudo saber LA CAPITAL, con una de las familias el municipio llegó rápidamente a un acuerdo. “Tiene un terrenito y la vamos a ayudar a levantar algo para vivir”, relataron fuentes municipales. Con la otra, al menos hasta esta tarde, no había consenso.

Esta familia resistió al desalojó y se mostró reticente a aceptar lo que, en conjunto, les ofrecieron autoridades de la Secretaría de Desarrollo Social, con Verónica Hourquebié a la cabeza -quien se hizo presente en el lugar-, la Defensoría del Pueblo y también la Secretaría de Seguridad: una vivienda y el pago de los primeros meses del alquiler, además del acceso a distintos programas del Estado.

“Mienten. No nos quieren ayudar. Nos quieren dejar en la calle tirados como perros”, gritaba uno de los moradores en medio de la tensión del operativo, mientras el Municipio retiraba algunas de las pertenencias de esta familia. La Policía buscó calmar los ánimos, sin ejercer violencia contra la familia.

“El problema no son las familias sino las juntas. A la noche en este lugar viene gente a meterse para dormir y salen a robar por la zona”, agregaron vecinos que fueron a presenciar el operativo.

Al lugar también acudió el secretario de Seguridad, Horacio García, y el defensor del pueblo Daniel Barragán. El organismo buscó asegurarse de que las familias que allí estaban viviendo sean reubicadas como corresponde y sin ejercer violencia. La tensión, sin embargo, continuó durante varias horas, hasta que se logró llegar a un entendimiento con la segunda familia, para poder reubicarla.

“Era inminente y notorio el peligro de derrumbe”

El subsecretario de Planificación y Control de la Secretaria de Seguridad, Martin Ferlauto, explicó a LA CAPITAL que el intendente Guillermo Montenegro decretó el desalojo y posterior demolición de la edificación “porque tenía un inminente, visible y notorio peligro de derrumbe”.

Recordó que además “había sido denunciado por los vecinos en muchas oportunidades como un escenario frecuente de inseguridad” que generaba “distintos delitos que se cometían en la zona”.

“Hace muchos años que los vecinos venían reclamando una respuesta del Estado sobre este lugar por los hechos de inseguridad que vivían en la zona y también por el aspecto que daba un edificio que estaba en ruinas, en una zona de la ciudad que ha crecido mucho en los últimos años”, agregó Ferlauto, y dijo que “la idea es mejorar la seguridad y darle más vida a esta zona”.

En ese sentido, contó que el predio no es un terreno fiscal ni pertenece a la Municipalidad, por lo que, en consenso con los propietarios, se buscan alternativas “que representen un beneficio para los vecinos y una mejora considerable en el aspecto del lugar”.