Por Ramiro Melucci

Al segundo gobierno de Guillermo Montenegro empieza a notársele una marca indeleble: busca, encuentra y exalta las diferencias con Axel Kicillof y procura disimular, al punto de presentarlas como coincidencias conceptuales, las divergencias que van apareciendo con la administración de Javier Milei.

La política surca ese comportamiento. Alineado al PRO que capitanea Mauricio Macri, al intendente le reditúa mostrarse en las antípodas del gobernador y en las inmediaciones ideológicas del Presidente. Con la administración bonaerense sólo pone a resguardo la política de seguridad; lo demás siempre es una chispa que puede ocasionar un incendio. Con el Gobierno nacional usa otra vara: procura evitar todo pleito que se insinúa.

En ese esquema, no sorprende que la disputa por Punta Mogotes esté a punto de judicializarse. Desde el momento en que el intendente tomó la decisión inconsulta de tratar de poner al complejo nuevamente bajo la órbita municipal se intuía esa deriva.

El rechazo de la Provincia a aceptar el pago de $ 14 millones que puso a disposición el intendente estaba cantado. El gobierno de Kicillof evitó establecer una controversia numérica y prefirió anclarla en lo legal: señaló que el municipio carece de competencia administrativa para pagar obligaciones de la Administración Punta Mogotes (APM), integrada en un 70% por la Provincia y en un 30% por la comuna. Le advirtió, además, que si hacía ese pago lo notificaría al Tribunal de Cuentas.

Montenegro anunció en el acto que pondrá el dinero en consignación judicial. Hacerlo implica iniciar una demanda. Cuando suceda, la polémica se instalará automáticamente en el plano de la Justicia. La consecuencia será una película de largo aliento. Más bien se parecerá a una serie jalonada con episodios de discordia.

La relación de la Nación con los municipios tiene sus propios capítulos. En la semana que pasó el protagonista central fue el ministro de Economía, Luis Caputo. Impulsó una resolución que impide cobrar tasas municipales en las facturas de servicios. Algunos municipios del conurbano, que cobran el alumbrado público mediante la boleta de la luz, ya planean realizar presentaciones judiciales.

La maniobra para mejorar la cobrabilidad está permitida por la ley provincial 10.740. A fines del año pasado, a pedido del gobierno de Montenegro, el Concejo Deliberante adhirió a la norma y facultó al Ejecutivo a firmar convenios con las empresas prestadoras del servicio público de electricidad en los términos de dicha ley. Es decir que la alternativa de la que reniega Caputo estuvo en carpeta y, según fuentes municipales, se analizó. Sin embargo, nunca se firmó ningún convenio.

Por lo pronto, la medida impactaría en algunas tasas que vienen con la factura del gas (de impacto mínimo) y también podría hacerlo en la Girsu (Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos), que viene en la boleta de Obras Sanitarias y su recaudación es girada al Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur).

Cerca del intendente le quitan dramatismo al impacto que significaría que ese ítem que encarece la factura de OSSE pase a la boleta de la Tasa de Servicios Urbanos (TSU). Pero por algo, a pesar de los reclamos de los sucesivos directorios de Obras Sanitarias, jamás se acordó que la Girsu salte a la boleta municipal. Caería su cobrabilidad.

La alternativa de la que reniega Caputo estuvo en carpeta y, según fuentes municipales, se analizó. Sin embargo, nunca se firmó ningún convenio.

El Gobierno nacional tampoco comulga con el cobro de tasas viales mediante las estaciones de servicio. Lo ratificó Caputo cuando, en un video, aclaró sobre la resolución sobre las tasas municipales. “El ciudadano del municipio que sea, cuando paga la tarifa de luz o cuando va a cargar nafta a la estación de servicio, no sabe que ese aumento en realidad no viene del Gobierno nacional, sino del intendente de su propio municipio”, lanzó. ¿Quiere decir que la flamante resolución también alcanza a la tasa vial? Funcionarios municipales y concejales opositores se inclinan por sostener que no, pero advierten que es una forma de seguir presionando para que los municipios también la den de baja. De allí los aplausos del ministro a Ramón Lanús, de San Isidro. Un colega amarillo de Montenegro que optó por allanarse al pedido del Gobierno.

El intendente no se inmuta. Considera que los argumentos que él ostenta no los puede expresar ningún otro alcalde. El primero: la tasa vial de Mar del Plata no se creó, sino que se pasó de la factura de la TSU al ticket de las estaciones de servicio. El segundo: está afectada en su totalidad a la reparación de pavimentos. El tercero, más integral, lo empiezan a esbozar sus colaboradores: “Somos el municipio de la provincia de Buenos Aires que más bajó la presión tributaria”. Afirman que hasta en la tasa vial –que ya no alcanza a los que no tienen auto– la presión bajó.

Ponen en el combo la eliminación de algunos tributos, la actualización de las tasas “a la mitad” de la inflación, la decisión de no aumentarlas al ritmo inflacionario a pesar de la autorización para hacerlo que le otorgó el Concejo y la disminución del 15% en la última cuota de las patentes municipalizadas. Aun así, la diferencia con el Gobierno persistirá mientras sean las estaciones de servicio las que cobren una tasa municipal. Al punto de que, por primera vez, uno de los principales hombres del intendente se animó a deslizar una probabilidad de eliminarla. Dijo que sucederá si la concesión para recuperar contribuyentes y aumentar la recaudación rinde los frutos esperados. Nada que pueda suceder de un momento a otro.

Está claro que las arcas municipales siguen flacas. Aunque durante todo el conflicto con el sindicato municipal el intendente insistió en que no aumentaría las tasas ni tocaría fondos afectados para pagarles a los empleados, el Ente de Turismo y Cultura echó mano al Fondo de Promoción Turística para pagar sueldos. Una contradicción que no tardó en ser advertida por la oposición.

Desde que el tributo se creó en 2010 para acá, todos los gobiernos apelaron a ese fondo para solventar gastos corrientes. Pero después del fuerte debate legislativo que se produjo hace tres años por la devolución de la partida a su fin original (el fomento del turismo) daba la sensación de que no iba a volver a ocurrir. Resultó equivocada.

La reunión de la comisión de Obras del martes pasado. Los concejales escucharon a desarrolladores que piden excepciones.

En el Concejo todas las miradas apuntan a la comisión de Obras. Allí se tratan los pedidos de excepción de desarrolladores privados elevados por el municipio. La semana pasada los impulsores desfilaron –salvo uno– para explicar los proyectos. En lo político, la novedad la aportó el bloque de Unión por la Patria, que manifestó su preocupación por el cúmulo de excepciones.

Al hacer foco en el impacto de la sustitución de viviendas por edificios, el bloque opositor dejó a salvo los cambios de indicadores solicitados por empresas que pretenden ampliarse y apuntó contra los que promueven edificaciones en lotes de inmuebles de interés patrimonial. Puso la mira sobre todo en uno: el de Alem y Gascón, donde se promueve la construcción de una torre de 35 pisos. Ya avisó que no la votará.