Más de 16 mil hechos de torturas se registraron en 2017 dentro de las cárceles bonaerenses, donde 45 mil presos viven hacinados, según el informe anual realizado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En el balance anual que la CPM realiza desde hace 12 años sobre cárceles y políticas de seguridad, se indica que durante los primeros seis meses de este año, unas 2.000 personas fueron detenidas y se sumaron a las 43.094 que había hasta diciembre de 2017 en cárceles, alcaidías, comisarías y bajo arresto o prisión domiciliaria. Del total de personas privadas de su libertad, el 54% está detenida con prisión preventiva.

Además, en el informe se destaca que la tasa de detención en los últimos 10 años creció 78 puntos, 37 (casi la mitad) corresponden solamente al período 2016-2017, y el año pasado 39.765 personas fueron detenidas, y sólo el 10% tenía orden judicial previa.

Tras el relevamiento realizado por integrantes de la CPM, que tiene el objetivo de denunciar las violaciones a los derechos humanos e interpelar a los poderes del Estado para la discusión de políticas públicas en materia de seguridad, niñez, salud mental y justicia, se supo que en las comisarías, unas 3.097 personas ocupaban 1.040 camastros, lo que significa que dos de cada tres personas duermen en el piso, y lo que representa una sobrepoblación del 197%.

“El manodurismo se instaló hace 20 años en la Provincia. Y ningún gobierno revirtió esa política de seguridad que no satisface ninguna demanda de la sociedad. Este informe, a su vez, está marcado por la masacre de Pergamino; recientemente se creó en la comisaría primera un sitio de memoria; había sido un centro clandestino de detención y, en democracia, se siguió torturando y matando”, señaló la directora general de la CPM, Sandra Raggio durante la presentación que se realizó este viernes en el Anexo del Senado de Buenos Aires.

El otro dato del sobreencarcelamiento, según se indica en el balance anual, es el uso de comisarías inhabilitadas para alojar personas: de las 279 comisarías inhabilitadas, 109 seguían siendo utilizadas para alojar detenidos y a diciembre de 2017, 1.269 personas se encontraban detenidas en espacios no habilitados para este fin.

Entre otros de los datos relevados, figura que entre 2014 y el primer semestre de 2017 se abrieron 13.076 investigaciones, de las cuáles, sólo 37 fueron caratuladas como torturas, ya que en el resto se utilizaron calificaciones más leves con expectativa de pena muy baja; y el 97% de las causas fueron archivadas, desestimadas o sus imputados sobreseídos.

En el informe se destaca que el año 2017 marcó un “récord histórico en los índices de prisionización, sobrepoblación y de crecimiento interanual de la población encarcelada”.

“El gobierno admite la crisis del sistema de encierro pero se declara impotente. Como único remedio propone la construcción de más cárceles y avanza en la consolidación de un punitivismo duro, de larga data en la Provincia y claramente ineficaz para lo que dice combatir”, se indica en el trabajo presentado en la ciudad de La Plata ante referentes de organizaciones sindicales, sociales y políticas, organismos de derechos humanos, y familiares víctimas de violencia institucional.

Pérez Esquivel

Por su parte, el presidente de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel, expresó durante la presentación: “El informe de la Comisión es para que el gobierno provincial revierta esta política de crueldad y sufrimiento. Se vuelca cada vez más presupuesto a seguridad, relegando otras áreas; se llenan las calles, ahora con 12 mil nuevos policías, pero la militarización del territorio no es seguridad para nadie. Los pueblos no necesitan más represión, necesitando derechos para vivir dignamente”.

En diálogo con la prensa, el procurador general de la provincia, Julio Conte Grand, que participó de la presentación del informe, indicó que “el Ministerio Público toma en cuenta todos los informes que elaboran organismos públicos e instituciones privadas, para definir su plan estratégico, determinar objetivos y diseñar una política criminal equilibrada”.

Al ser consultado sobre el anuncio de sumar más policías a la calle, expresó: “La presencia de efectivos de seguridad en lugares públicos no puede medirse en términos de eficiencia o inconveniencia por datos cuantitativos”.

Y agregó: “La clave está en la adecuada distribución territorial de los efectivos con miras al cumplimiento de su misión primaria como auxiliares de la justicia y su potencialidad disuasiva”.