Organismos de derechos humanos de Mar del Plata denunciaron penalmente a los 15 concejales que aprobaron el proyecto de ordenanza que habilita la instalación de un bar de un gin en un predio lindero al Faro de la Memoria.

Con el patrocinio del abogado César Sivo y el acompañamiento de las ONGs SurfRider y Patagonia, la denuncia es por los delitos de abuso de autoridad, administración fraudulenta y defraudación a la administración pública.

En la presentación, además los 15 concejales que avalaron el proyecto -Agustín Neme, Cristian Beneito, Julián Bussetti, Mercedes Morro, Florencia Ranellucci y Guillermo Volponi, de Vamos Juntos; Marianela Romero, Daniel Núñez, Marina Sánchez Herrero, Gustavo Pujato y Ricardo Liceaga Viñas, de la UCR; Angélica González y Guido García, de la Coalición Cívica; y Cecilia Martínez y Emiliano Recalt (Crear Más Libertad)-, fueron incluidas las autoridades de la Sociedad de Fomento Faro Norte y de la empresa de gin La Restinga.

“Nos oponemos a la decisión del Concejo Deliberante, por eso denunciamos penalmente“, planteó Fernando Martínez Delfino junto a Irma Piñero, de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas. 

En la oportunidad, en la sede del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos estuvieron el doctor Sivo; el integrante de la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos, Carlos Cervera; el miembro de HIJOS, Juan Bourg; Hernán Pérez Orsi, por la Fundación Surfrider; y José María Musmeci, de la Fundación Patagonia.

Tal como informó LA CAPITAL, el pasado 8 de agosto, el Concejo -por mayoría- transformó en ordenanza la iniciativa impulsada por el Ejecutivo local. De esta manera, se autorizó el uso y ocupación con carácter precario de parte de una parcela de dominio fiscal municipal, ubicada en avenida de los Trabajadores al 5700 e integrante del denominado “Paseo Costanero del Sud Presidente Arturo Umberto Illia”, a la asociación vecinal de fomento Faro Norte.

En dicha zona funcionó la Escuela de Suboficiales de Infantería Marina (ESIM), un ex centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar.

El plazo del permiso es por 5 años, con posibilidad a prorrogar por un año. La entidad permisionaria debe abonar un canon anual de $3.000.000 -equivalente a $250.000 por mes– , el cual se actualizará por inflación. Y la asociación vecinal podrá “ceder total o parcialmente” el lugar a terceros.

La principal polémica se desató por los usos de suelo permitidos. De acuerdo al expediente, en el predio de una hectárea se habilitan “instalaciones destinadas a establecimiento gastronómico con elaboración artesanal de bebidas espirituosas por destilación”. Esto avala, por caso, la instalación de un bar de gin, algo que generó el repudio inmediato de los organismos de derechos humanos de la ciudad.

Abuso 

“Hay abuso de autoridad porque se tomó la decisión contrariando disposiciones legales especializadas, como la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece determinadas obligaciones que no se cumplieron en este caso”, señaló Sivo.

A su entender, ese delito de abuso de autoridad “viene de la mano de matrices de corrupción, de acuerdo al modelo de Naciones Unidas, como la urgencia innecesaria”, detalló.

“Por mayoría de votos no puedo hacer cualquier cosa. Una excepción puede ser para la compra de una ambulancia o de un hospital móvil, como pasó en la pandemia, pero en este caso no había urgencia”, añadió.

Entre otra de las irregularidades que presenta el caso, el asesor legal aseguró que “falta el dictamen de la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda del municipio, además de la declaración de impacto ambiental”.  Por lo que esta ausencia de formas “coincide con matrices de corrupción”.

Por su parte, los organismos de Derecho Humanos -a través de un documento- recordaron que “a lo largo de estos 41 años de democracia quedó probado que la ESIM fue parte de la estructura represiva del Fuerzas de Tareas N° 6 de la Armada, con su comando en la Base Naval, conformando la dirección del Grupo de Tareas 6.2”.

“La totalidad del predio -detallaron- (incluyendo el balneario Honu Beach, el Aquarium y el ex camping Luis Piedrabuena) fue operativa y materialmente funcional a la operación del plan de desaparición de personas”.

Así las cosas, aseguraron que “este sector no puede desprenderse de la totalidad de lo que fue la ESIM como Centro Clandestino de Detención”. Y advirtieron que posee “un valor potencial ante la posibilidad de nuevos testimonios que den cuenta en mayor medida de su utilización durante el proceso represivo”.