La justicia de Rosario detuvo a cuatro padres de alumnos sospechados de realizar falsas amenazas de bomba en contra de instituciones educativas, informaron hoy fuentes judiciales.

Las detenciones, que se produjeron anoche, fueron ordenadas por el fiscal de la Unidad de Cirbercrimen, Gustavo Ponce Ashad, en el marco de la investigación por el delito de intimidación pública y que está vinculado a una ola de amenazas de bomba en contra de distintos colegios secundarios de Rosario.

Según la información del Ministerio Público Fiscal, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, todos padres de alumnos de colegios que figuran como titulares de los teléfonos celulares con los que presuntamente se realizaron las falsas amenazas, consignaron a Télam voceros judiciales.

En los siete allanamientos ejecutados en distintos domicilios por la Policía de Investigaciones -PDI- fueron secuestrados celulares y otros elementos de interés para la causa, añadieron los informantes.

Sobre los procedimientos, el Director de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Darío Chávez, relató “que los allanamientos se hicieron anoche en un horario en que las familias estaban cenando en sus casas”.

“Obviamente no se utilizaron los grupos de irrupción de la policía. No se derribó ninguna puerta. Pero la situación de estar una familia sentada alrededor de una mesa a la hora de la cena y tener que llevarse demorado al titular de la línea, que pudo ser el papá o la mamá que estaban en esa cena y que los chicos reconocieran que utilizaron el teléfono, es una situación que no la quiere vivir nadie”, señalo Chávez en declaraciones a LT8-Rosario.

Para el funcionario santafesino “es el momento para que los chicos reflexionen sobre lo que están haciendo y que piensen muy bien antes de actuar porque causan un tremendo cimbronazo familiar”, dijo.

Añadió que “ninguno de los padres detenidos tiene historias de conflictos con la ley. De golpe tienen que atravesar todo esto por la travesura o picardías de los chicos, que tienen que reflexionar”.

El fiscal Ponce Ashad investiga 130 amenazas de bomba contra escuelas rosarinas que durante la semana pasada generaron un colapso del personal policial.

Ayer el funcionario judicial a cargo de la investigación había advertido “que quienes resulten identificados como autores de este tipo de llamadas afrontarán el respectivo proceso penal”.

Respecto a la pena que pueden recibir los sospechosos mayores de edad, el titular de la Unidad de Cirbercrimen precisó que va de 2 a 6 años de prisión por el delito de intimidación pública.

Finalmente consideró “que en caso de tratarse de una broma telefónica, ha trascendido los límites tolerables, ya que ponen en jaque la seguridad ciudadana, y generan un caos que afecta a todos los rosarinos”.

Por su parte el secretario de Control y Convivencia Ciudadana de la Intendencia de Rosario, Gustavo Zignago, señaló que cada vez que se concurre a una llamada de esta naturaleza, el operativo tiene un costo “superior a los 50.000 pesos”.