Por Maximiliano Abad

Frente al intento de consolidación de la dictadura en Venezuela, la comunidad internacional y todas las expresiones democráticas de nuestro país, deben elaborar una hoja de ruta común para impugnar al régimen y allanar el camino para que se respete la voluntad popular y se recupere el Estado de Derecho.

Venezuela atraviesa momentos dramáticos. El “autogolpe” de Estado impulsado por el régimen de Nicolás Maduro expone lo que ya denunciamos en otras oportunidades. Con rasgos idénticos a los que sufrimos en la región en décadas anteriores, el hermano país de Venezuela padece la conformación de una dictadura cívico militar que practica el terrorismo de Estado. La persecución a los opositores como acaba de ocurrir con María Corina Machado, la censura a los medios de comunicación, la detención ilegal, tortura y la desaparición de personas, son algunas de las manifestaciones concretas del régimen que de Maduro.

El caso Venezuela no sucedió de un día para el otro. Durante años, la anuencia – por acción u omisión – de países de la región, el apoyo de algunas potencias internacionales que anteponen intereses económicos y el silencio atroz de muchas organizaciones sociales, políticas y culturales, colaboraron para que este régimen dictatorial perdure en el tiempo.

Una de las tensiones que desnuda este fenómeno es la que existe entre la libre autodeterminación de los pueblos – un principio clave de las naciones modernas – y los pactos y acuerdos democráticos que suscribieron entre otros, los países de la región a través del Mercosur, la Unasur, la OEA y otros organismos. La pregunta que corresponde hacerse es la siguiente: ¿cuándo se violan sistemáticamente los derechos humanos – como ha sido documentado por la ex Presidenta chilena Michelle Bachelet en representación de la ONU- y se comete un fraude en las elecciones – tal como lo demostraron la OEA, el Centro Carter- ; se recortan las posibilidades de acción de la comunidad internacional? Entiendo que como en todos los asuntos públicos, siempre hay un margen de acción.

Ahora bien, el caso Venezuela también es un indicativo de un clima de época con respecto a la democracia como sistema de convivencia. Cómo bien lo han señalado diferentes autores, entre ellos Levitsky y Ziblatt, las democracias atraviesan una crisis profunda, ayudada por los populismos de diferente origen que han predominado en los últimos años.

El descreimiento sobre la política y sobre los partidos políticos también se tradujo en un debilitamiento de las instituciones, en un cuestionamiento al accionar del Estado y en una falta de confianza en la importancia de la división de poderes como dimensión esencial del sistema democrático. Todo un viento favorable para experimentos autoritarios como el que estamos describiendo.

Por eso, desde esta tribuna de opinión, quiero hacer un llamamiento nacional e internacional a la acción. Está en juego la democracia. Para ello, propongo:

Una coordinación diplomática permanente a nivel regional para que los gobiernos latinoamericanos puedan accionar en conjunto y sancionar a la dictadura venezolana, velando por el Estado de derecho.

La conformación de una coalición interparlamentaria que pueda acompañar el accionar diplomático y al mismo tiempo, organizar una campaña permanente por la recuperación de la democracia en Venezuela.

La articulación de una red de acción ciudadana internacional a favor de la Democracia y los Derechos Humanos, conformada por referentes de la cultura, el deporte, las ciencias, etc. y por organizaciones no gubernamentales.

Hoy es urgente movilizarnos por el caso de Venezuela y también por la situación similar que padece Nicaragua. Pero no es para nada descabellado imaginar que estos procesos no están en baja y que pueden desarrollarse en cualquier lugar. Sin una estrategia común y sin una agenda nacional e internacional a favor de la democracia, el “huevo de la serpiente” es una amenaza latente. Es hora de actuar sin especulaciones de ningún tipo. La democracia no es solo un sistema de gobierno, es una forma de vida.