El Consejo Municipal de Discapacidad aspira a que cuando este año se comience a discutir el nuevo pliego de licitación del transporte los funcionarios y concejales diseñen un servicio auténticamente accesible, cuyas características estén en línea con las normas nacionales e internacionales que resguardan los derechos de las personas con discapacidad.

Según lo previsto, los contratos actualmente vigentes, firmados durante la gestión del ex intendente Daniel Katz, llegarán a su fin en 2019.

Si bien existe una cláusula que permite que la comuna extienda las concesiones por otros 3 años, se presume que en los próximos meses el Departamento Ejecutivo ya comenzará a redactar un nuevo pliego de bases y condiciones.

“Ya sea que en 2019 haya una prórroga o que se resuelva una nueva licitación pretendemos que desde ese momento se obligue a las empresas a cumplir con múltiples exigencias por las que venimos reclamando desde hace años y que todavía no están contempladas a nivel local”, le explicó a LA CAPITAL la presidenta del Consejo de Discapacidad, Silvina López.

Según la mujer, el proceso de elaboración del nuevo pliego abrirá una instancia “crucial” para que la entidad demande un servicio accesible, que asegure la autonomía de todas las personas con discapacidad, además de los adultos mayores.

“El pliego vigente, escrito en 2005, habla de accesibilidad en términos muy generales, pero no obliga a las empresas a cumplir con ninguna disposición en particular”, explicó por su parte el coordinador de la comisión de Transporte del Consejo, Ismael Posadas.

Según dijo, es por ello que desde que en 2007 se firmaron los contratos hasta la actualidad, apenas se logró que las empresas incorporaran rampas en algunas unidades.

“Llegó a haber hasta 10 coches de este estilo, de los cuales actualmente sólo funciona uno”, aseguró.
Según Posadas, el Consejo pretende que en los futuros contratos figuren cláusulas mucho más concretas, que fijen requisitos más estrictos para las empresas.

“Las rampas apenas admiten el eventual acceso de personas en sillas de ruedas, pero creemos que en un futuro debe haber disposiciones mucho más amplias y firmes. La principal es obligar a que todas las empresas tengan coches con piso bajo, que son los únicos que aseguran una accesibilidad universal al servicio de transporte”, afirmó López.

Según explicó, históricamente hubo resistencia de las empresas locales a aceptar el uso de este tipo de colectivos, bajo el argumento de que el relieve de Mar del Plata dificulta su circulación.

“Es algo totalmente falso, sino no se explica cómo en otras ciudades del país y del mundo este tipo de unidades funcionan sin ningún problema”, sostuvo.

López consideró que las autoridades locales deberían desechar “esta falsa excusa” para finalmente exigir el uso de esta clase de unidades.

“Así pasó en otras ciudades como Buenos Aires, donde en 14 años fueron sustituidas 10 mil unidades incorporando todas de piso bajo. No vemos por qué no podría hacerse lo mismo de manera progresiva en Mar del Plata en el término de 10 años”, afirmó.

Silvina López, Ismael Posadas y Silvia Aballay, del Consejo Municipal de Discapacidad.

Derechos constitucionales

Según explicó la vicepresidenta del Concejo de Discapacidad, Silvia Aballay, el uso de coches de piso bajo no es el único planteo que la entidad pretende realizar.

“Existen muchas otras demandas”, aseguró, explicando que a diferencia de lo que ocurrió en 2005, ahora el Estado municipal está “obligado” a considerar las necesidades de las personas con discapacidad al momento de diseñar el nuevo servicio de transporte.

“Cuando se hizo el pliego anterior Argentina todavía no había adherido a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, la cual en el año 2006 adquirió rango constitucional, dijo.

“Desde entonces hacer un transporte accesible ya no depende sólo del interés de las empresas o de la decisión política de los funcionarios. Se trata de cumplir o no cumplir con la ley”, indicó.

Al momento de describir qué otras disposiciones debería incluir el nuevo pliego, Posadas enumeró una serie de medidas prácticas, que a su juicio, deberían estar explícitamente mencionadas en los contratos.

“Debe definirse en qué lugar exacto debe ser colocada la boletera dentro de cada unidad, tiene que haber dispositivos que anuncien las paradas en distintos lenguajes, debe destinarse un espacio para el anclaje de las sillas de ruedas y tiene que haber una capacitación obligatoria para los choferes”, señaló.

Pero según Posadas, los cambios no sólo tienen que producirse a bordo de las unidades, sino que también tienen que afectar al espacio público.

“Debe haber paradas más amplias, con al menos 15 metros de extensión, además de estar adecuadamente identificadas”, dijo.

Según Posadas, todas estas demandas están siendo volcadas a un informe que en las próximas semanas el Consejo les hará llegar a los funcionarios y a los concejales que deban redactar y discutir el nuevo pliego.

“Vamos a llevárselo a cada uno de ellos para describirles la problemática y plantearles cuáles son las soluciones”, afirmó.