El fiscal Federico Delgado aseguró que la fiesta electrónica Time Warp donde murieron cinco jóvenes tras ingerir pastillas sintéticas “era una zona liberada” para vender drogas y advirtió que “hay que ver si también se fomentaba” esa actividad.

“No hemos encontrado indicio de que haya sido una sola persona la que vendía droga. Todo hace pensar que esto era una zona liberada donde cada cual podía vender por cuenta propia pastillas”, expresó Delgado en declaraciones a radio Vorterix.

El fiscal afirmó que “en ese lugar se toleraba la venta de droga, ahora hay que ver si también se fomentaba” y destacó que en el predio de Costa Salguero “había muchísima más gente que la que tenía que haber”.

“Casi todos los testimonios coinciden en algunos puntos: hacinamiento, cantidad de gente, escasa ventilación, venta de drogas, escasez de agua y falta de atención médica”, dijo el fiscal, y consideró que “lo que pasó adentro” de Time Warp,”en principio, podría haber sido responsabilidad de los que se encargaron de la hechura de la fiesta”.

“En lo que pasó afuera” hubo “responsabilidad de la seguridad privada, Prefectura y los controles del Gobierno de la Ciudad”, sostuvo Delgado, quien investiga los hechos en el marco de la causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

Respecto del exceso de personas en el predio, el funcionario judicial expresó que “cuando uno alquila un predio, ese predio está habilitado para determinada cantidad de personas”, por lo que enfatizó que en este caso “la responsabilidad es mixta” entre los organizadores y los controladores del gobierno porteño.

Asimismo, manifestó que el empresario Martín Gontad, uno de los referentes en la organización de fiestas electrónicas cuya declaración indagatoria pidió ayer a Casanello, “intervino en toda la dinámica del acontecimiento y hasta estuvo durante la noche ahí y volvió cuando se enteró lo que había pasado”.

El padre de una víctima mortal de Cromañón, José Iglesias, la madre de un fallecido en la tragedia ferroviaria de Once, María Luján Rey, y el legislador porteño y presidente de la organización civil La Alameda, Gustavo Vera, presentaron un escrito ante el juzgado que investiga los hechos registrados en la fiesta electrónica del viernes para ser considerados “amicus curiae”.

“La diferencia con Cromañón es sólo cronológica”, expresó Iglesias, y dijo que “nada de esto se puede hacer sin connivencia”, al entregar el texto en el que advirtieron “la importancia institucional” del hecho, porque muestra una “estructura delictiva, perversa y permanente que tiene como víctima a la juventud”.

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno que “cada una de estas muertes nos tiene que llevar a la reflexión y a la acción. Debemos colaborar con la Justicia y saber si hubo fallas”.
Los tres jóvenes internados en estado crítico, con asistencia respiratoria mecánica en el hospital Fernández, volvieron a presentar “leve mejoría”, reportó un parte del ministerio de Salud porteño.

“A los tres pacientes se les efectuó un período llamado de ‘vacaciones de sedación’, en el que se pudo evaluar que se encontraban lúcidos. Se los volvió a sedar para continuar su tratamiento, ya que se encuentran con asistencia respiratoria mecánica”, explicó el ministerio, y manifestó que el joven internado en el hospital Rivadavia “evoluciona favorablemente”.

En el marco de la causa, en la que ayer detuvieron a tres personas acusadas de vender drogas, continúa prófugo el empresario organizador del evento, Adrián Conci, mientras Casanello citó a declaración indagatoria a 28 imputados, entre ellos funcionarios porteños y concesionarios del gobierno de la Ciudad, apoderados, concesionarios y prefectos.