Los defensores del pueblo de Mar del Plata instaron al Banco Central a la elaboración de una “solución definitiva” para los que durante el gobierno anterior tomaron créditos UVA para acceder a la vivienda propia.

Daniel Barragán, Fernando Rizzi y Luis Salomón insistieron en la necesidad de que la entidad modifique la fórmula de actualización “de modo tal que se conserve la relación entre las cuotas, el capital y la capacidad de pago de los usuarios”.

En ese sentido, solicitaron un límite al monto del capital adeudado “en virtud de que se dan casos donde está duplicando y hasta triplicando en su valor al capital original”.

Los defensores mencionaron que “numerosos tomadores de créditos hipotecarios” bajo esta modalidad se presentaron en la dependencia para reflejar las dificultades que atraviesan.

Al momento de la creación de estos créditos, el país tenía en promedio una inflación del 24% anual y esta herramienta creada e impulsada por el Estado era la única forma de acceder a una vivienda única y permanente.

En 2018 se desató una corrida cambiaria que rompió con todos los pronósticos sobre el valor del dólar y sobre el índice de inflación, que llevó a un alza general de precios del 48% anual (la mayor inflación desde 1991). “La alteración desmedida de las variables que componen la fórmula de reajuste de las cuotas impactó de manera significativa en el monto mensual de las mismas”, puntualizaron los defensores.

En ese marco, consideraron que “se hace evidente que la fórmula de actualización no toma en cuenta la variación de los salarios conforme al ritmo de pérdida de valor de la moneda, motivo por el cual las cuotas comenzaron a representar una proporción cada vez mayor de los ingresos de los tomadores”.

Por otro lado, “la actualización impacta también en el capital adeudado, incrementándolo en forma desmedida y contribuyendo a la vez a la prolongación del plazo de devolución del préstamo”.

En otras palabras, “los tomadores afrontan cuotas más altas que implican un fuerte impacto en sus ingresos, deben cada vez más capital y por un plazo mayor”, resumieron.

En diciembre de 2019, la ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva dispuso en uno de sus artículos que el Banco Central evalúe el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA y estudie mecanismos para mitigar sus efectos negativos.

Los defensores dijeron que hubo “paliativos” que “lejos de resolver el problema han agravado la situación actual de los tomadores, generándoles nuevas deudas y alargando la vigencia del préstamo”.

También recordaron que “los tomadores de créditos han actuado de plena buena fe, incentivados por el mismo Estado a hacerlo con confianza, a través de campañas publicitarias y promocionales respecto de estos préstamos”.