Como cada año desde 1995, se celebró una nueva Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), por caso, la COP 23 los días 6 al 17 de noviembre. Cabe notar que si bien la reunión tuvo lugar en la sede permanente de la Convención, en la ciudad de Bonn, Alemania, la COP por primera vez fue presidida por un pequeño Estado insular en desarrollo, la isla de Fiyi.

Las 197 Partes (Estados) de la Convención cuentan con una ardua agenda de negociación adoptada en mayo de 2016 que tiene como propósito implementar el Acuerdo de París. Un documento negociado por una década y que busca brindar un impulso definitivo a la lucha internacional contra los efectos adversos del cambio climático. El proceso de implementación se extenderá hasta diciembre de 2018 cuando en la COP 24, a realizarse en la ciudad de Katowice, Polonia, el Plan de Trabajo acordado en París en 2015 llegue a su fin.

La necesidad de avanzar en el cumplimiento del Plan de Trabajo se deriva, al menos, de dos factores decisivos. Por un lado, lo apremiante del tiempo en vistas al constante incremento y severidad de los eventos extremos y sus impactos especialmente en los países en desarrollo donde las capacidades y recursos para la adaptación son significativamente menores. Mucho más si se tiene en cuenta las incertezas ligadas a alcanzar una parte sensible del propósito del Acuerdo de París referido a no exceder el incremento de la temperatura más allá de 2 º C con respecto a los niveles pre industriales y realizar esfuerzos para no traspasar el incremento de 1.5 º C.

En este sentido, será crucial el informe especial que el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) presentará -también- en 2018 y que forma parte de una invitación formulada en las negociaciones de París al Panel, con el objeto de conocer los impactos del cambio climático como resultado de un incremento de 1.5º C por encima de los niveles pre-industriales y las trayectorias posibles en términos de emisiones globales de gases de efecto invernadero.

El segundo factor que deviene de la necesidad de cumplir con el Plan de Trabajo, de naturaleza más política, alude a la relevancia de sostener el apoyo y compromiso de los diversos actores que nutren actualmente el esfuerzo internacional contra el cambio climático.

Esto último resulta más apremiante al considerar la decisión comunicada por la Casa Blanca el 1 de junio de este año, anunciando su retiro del Acuerdo de París, lo cual sucedería efectivamente en 2019. En tal sentido, cabe referir que a pesar de iniciar el proceso formal de retiro, Estados Unidos no ha vaciado las mesas de negociación, sino que continúa participando activamente en el proceso de implementación del Acuerdo.

Dado su carácter de tránsito hacia la COP 24, se dijo que la COP 23 tenía una naturaleza especialmente procedimental, puesto que no se esperaban grandes anuncios ni visitas de alto nivel más allá de los anfitriones. En este contexto, se destacaron las intervenciones del presidente francés, Emmanuel Macron, y la Canciller alemana, Ángela Merkel. Ambos líderes se esforzaron por evidenciar la continuidad del compromiso europeo con la lucha internacional contra el cambio climático y específicamente con el Acuerdo de París, en un momento en el que se pone en dudas que Alemania pueda cumplir con su propia meta. Para ello, subrayaron el compromiso con el financiamiento climático y la necesidad de sostener el liderazgo climático de los países desarrollados que son doblemente responsables por el cambio climático, en palabras en Macron.

Además de las intervenciones de los líderes, hubo algunos resultados concretos, así como gestos políticos que tuvieron lugar en esta Conferencia que es importante resaltar. Del mismo modo que es posible vincular estos avances con la propia agenda de negociación que ostentó la Delegación Argentina, encabezada por el Ministro de Ambiente, rabino Sergio Bergman, compuesta por una diversidad de actores gubernamentales de distintos niveles -nacional, provincial y municipal-, así como no gubernamentales.

El primer resultado, acorde con la agenda de la Convención, es el trabajo técnico-político concentrado en avanzar los borradores de decisiones que se adoptarán en 2018 en materia de mitigación, adaptación, financiamiento, tecnología, construcción de capacidades, transparencia de la acción y del apoyo, mecanismo para facilitar la implementación y promover el cumplimiento y el balance mundial.

Es cierto que el tipo de progreso por elemento fue desproporcionado, pero mucho tiene que ver con la distinta naturaleza de cada elemento, las tradicionales disputas políticas entre las Partes y las metodologías de cada grupo facilitado. Mientras los borradores de mitigación y de transparencia revelan extensas versiones con múltiples opciones y poca claridad sobre cómo salir de un entuerto de más de 100 páginas, el documento relativo a la comunicación de adaptación resulta más claro en términos de qué es la comunicación y qué elementos incluirá. Es posible mencionar que Argentina lidera al Grupo de los 77 más China, principal grupo compuesto por 137 países en desarrollo, en temas de adaptación al cambio climático.

Argentina participó activamente en todas las facilitaciones, en conjunto con Brasil y Uruguay, con quienes comparte un nuevo grupo de negociación desde hace más de un año. Si bien la cooperación comenzó en dos temas de interés: agricultura y adaptación, durante la primera parte de 2017 se alcanzaron posiciones comunes en todos los temas del Plan de Trabajo de París, excluyendo la cuestión de mercados donde Argentina y Brasil tienen aún algunas diferencias significativas.

Justamente en lo referido a la agricultura, luego de 6 años de debates y talleres técnicos celebrados en el marco del órgano de asesoramiento técnico de la Convención (SBSTA), se alcanzó una decisión de la COP, titulada “Trabajo conjunto de Koronivia en agricultura”. La decisión implica sostener la mirada técnica relativa a las especiales vulnerabilidades de este sector nodal para los países en desarrollo, a la vez que avanzar hacia la implementación teniendo en cuenta sus implicancias para la seguridad alimentaria.

Otro resultado de la COP 23 radica en el diseño del “Diálogo Talanoa”, un espacio facilitativo que comenzará en enero próximo y se extenderá hasta diciembre de 2018. El cual tiene como propósito analizar los esfuerzos colectivos de las Partes en relación con el progreso hacia las metas de largo plazo del Acuerdo e informar a las Partes sobre como avanzar su proceso nacional especialmente en lo referido a la preparación de contribuciones nacionales.

Talanoa es una palabra usada tradicionalmente en Fiyi para referir a un proceso inclusivo, participativo y transparente donde se cuentan historias, se construye empatía y se toman buenas decisiones para el bien común, tal como fue presentado por el Primer Ministro de la isla en un intento por construir confianza, algo constantemente requerido en un proceso de negociación donde lo que abunda es la suspicacia. El alcance del diálogo incluye tanto la acción como el apoyo en materia climática para el período previo a 2020 cubierto por el Protocolo de Kioto y su enmienda de Doha que involucra un segundo período de implementación de 2013 a 2020 especialmente centrado en las acciones de mitigación de los países desarrollados. En este sentido, no es casual que la enmienda no haya aún entrado en vigor, a pesar de haber sido adoptada en 2012.

Un último aspecto a referir del Diálogo Talanoa es que será una importante prueba piloto del balance mundial que tendrá lugar cada cinco años desde 2023 como modo de evaluar el progreso colectivo en todos los elementos del Acuerdo, incluyendo la acción climática (mitigación y adaptación) y el apoyo (financiamiento, tecnología y construcción de capacidades).

Otro de los resultados de esta COP, especialmente relevante para Argentina, alude a una decisión de la Conferencia de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP) referida al Fondo de Adaptación. Se trata del único fondo exclusivamente centrado en la adaptación, orientado a financiar proyectos de pequeña escala en países en desarrollo, bajo una modalidad de acceso directo, que garantiza la apropiación nacional de los recursos y su administración. Argentina cuenta con dos proyectos del Fondo y se ha presentado junto con Uruguay a un tercero.

El Fondo de Adaptación es la única entidad que no fue directamente reconocida al servicio del Acuerdo de París, lo cual entraña, desde el punto de vista argentino, una injusticia manifiesta dada la relevancia del Fondo para los países en desarrollo y el reconocimiento internacional con el que cuenta en términos de cumplimiento de su propósito.

En la COP 23 no sólo se alcanzó ampliamente la meta de recaudación de fondos con las promesas de Alemania, Irlanda, Suecia y la región Valona de Bélgica, sino que se logró el gesto político que tanto se había perseguido. Esto es, una decisión que afirma que el Fondo servirá al Acuerdo de París, más allá de que en la COP 24 se terminarán de tomar las decisiones asociadas al cómo.

A este respecto, es posible mencionar que Argentina facilita, junto con Holanda, las negociaciones referidas al Fondo de Adaptación sirviendo al Acuerdo de París.

Argentina asistió a la COP 23 con una agenda acorde con los integrantes de la Delegación. La Cancillería -como punto focal político ante la Convención- continuó liderando las negociaciones en todos los temas de la agenda de trabajo referida, contando con el apoyo de otros Ministerios como Agroindustria, Energía y Transporte para negociaciones específicas. Por su parte, los participantes del Ministerio de Ambiente se concentraron en presentar los resultados alcanzados por el Gabinete Nacional de Cambio Climático durante este año, especialmente los planes sectoriales en materia de bosques, energía y transporte; así como contaron con una agenda nutrida de reuniones bilaterales con países del G20 en el contexto de la Presidencia argentina del grupo.

Cabe referir que uno de los momentos más polémicos en las conferencias de prensa brindadas por el Ministro Bergman y su equipo en el marco de la COP fue el referido a los debates sobre posibles modificaciones a las leyes de presupuestos mínimos de bosques y ambiente glaciar y periglaciar, calificadas como “épicas legislativas” por el Ministro. Situación que coincide con el procesamiento de tres ex Secretarios de Ambiente de la Nación como resultado de la investigación por derrames de cianuro en San Juan.

Esta circunstancia de procesamiento, se ha visto lamentablemente salpicada con la implicación de un científico argentino que dirigió el Inventario de Glaciares como corazón de la ley de presupuestos mínimos de protección del ambiente glaciar y periglaciar. Hecho que no ayuda a clarificar las circunstancias del derrame sino que más bien significa un retroceso de la política ambiental argentina.

En éste como en muchos otros aspectos, la Argentina necesita un poco del espíritu Talanoa. Transparencia, justicia y participación.

(*): Investigadora de CONICET y negociadora de cambio climático por Argentina.