El pueblo argentino se encuentra próximo a celebrar los 40 años ininterrumpidos de convivencia democrática en el marco del sistema republicano, representativo y federal consagrado por imperio de nuestra Constitución Nacional, ante ello queremos recordar lo que advertíamos como peligro inminente el 8 de diciembre del 2020, en otra columna de opinión titulada “Democracia adulterada”.

Indicábamos entonces que en las elecciones celebradas el 27 de octubre de 2019 no sólo fueron derrotadas las otras fuerzas políticas que compitieron, sino que la voluntad popular también derrotó a los poderes no formales y concentrados de las corporaciones económicas y mediáticas.

Esos poderes que no se resignaron nunca a perder el poder político que habían logrado conquistar en 2015 cuando su expresión electoral: “Cambiemos”, se impuso en la segunda vuelta de la elección presidencial.

Señalamos también la singularidad de ese acontecimiento, ocurrió por primera vez desde la reforma constitucional de 1994 que introdujo el balotaje como sistema, produciendo la novedad que por primera vez las fuerzas conservadoras se hicieran del poder político por imperio del voto popular sin proscripciones, pero sin contar con mayorías en ambas cámaras del Congreso Nacional.

Pese a esas particulares circunstancias se produjo la paradoja de que esas fuerzas conservadoras, vanagloriadas siempre de ser republicanas y defensoras de los derechos ciudadanos, tales como la libertad personal y económica, la propiedad, la seguridad, optaron por aplicar la práctica del “lawfare”, con la complacencia del Poder Judicial y el poder mediático concentrado, para perseguir, disciplinar y subordinar a las fuerzas políticas, sociales, empresariales y gremiales que se le oponían resistiendo la imposición de su plan de subordinación y entrega a los intereses del capitalismo financiero internacional, como oligarquía nacional a su servicio.

Todo ello condujo a que se produjera un retroceso en la conquista de los derechos ciudadanos de nuestra joven democracia, convirtiéndola en una “democracia adulterada”, tal como lo postulábamos y fundamos en ese artículo que citamos.

Y lo entendemos así porque como peronistas definimos a la democracia en nuestra verdad primera: “la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el Pueblo quiere y defiende un solo interés: el del Pueblo.”
Recordábamos entontes y reafirmamos hoy las palabras del discurso inaugural del compañero Presidente de la Nación, Dr. Alberto Ángel Fernández ante la Asamblea Legislativa: “Tenemos una democracia con cuentas pendientes y siento que expreso a una generación, que llega en esta hora al poder para tomar la decisión de saldarlas. En democracia, sin justicia realmente independiente, no hay democracia.”

Vale también tener presente el magisterio conceptual de nuestro fundador el Gral. Juan Domingo Perón, quien ante situaciones análogas en los albores de la “revolución peronista”, señalaba: “El espíritu de justicia está por encima del Poder Judicial, la justicia además de independiente debe ser eficaz, pero no puede ser eficaz si sus conceptos no marchan al compás del sentimiento público. El Poder Judicial no habla el mismo idioma que los otros poderes.”
Lo advertimos hace tres años, no es posible para nosotros ciudadanos tolerar que nos adulteren la democracia.
Sabemos y somos conscientes después de tres años de gobierno, que su funcionamiento se vio limitado por el imprevisto fenómeno de la pandemia universal, pero ello no puede ni debe ser un óbice para no cumplir el mandato y el compromiso asumido para con nuestro Pueblo.

Mucho menos podemos permitir que a lo advertido hace 3 años ahora pretendan agravarlo dando un paso más, que consiste en robarnos la democracia impidiendo con un accionar mafioso el funcionamiento del Poder Legislativo mediante el bloqueo de sus sesiones, pretendiendo gobernar con fallos desde la cabeza del Poder Judicial o desde otros estrados judiciales, anticipando los mismos desde los medios concentrados al servicio de las corporaciones económicas o de embajadas.

A diario se emiten mensajes o señales extorsivas hacia el Poder Ejecutivo, con la finalidad de condicionarlo o impedir el avance de las medidas que tienden a asegurar los derechos del Pueblo.

Ante ello es urgente y necesario adoptar por parte de nuestro gobierno las acciones positivas que la Constitución y la ley le permiten para restablecer la plenitud del orden democrático, garantizando los derechos de las y los argentinos, todo ello mediante el claro equilibrio y respeto del rol de cada uno de los poderes del estado conforme lo consagra nuestra Carta Magna que todas y todos hemos jurado cumplir.

Tenemos que defender e impedir que se destruya el pacto democrático construido por todas las fuerzas políticas desde 1983.

Si no actuamos pronto, si no hay movilización popular, la democracia dejara de estar adulterada para ser definitivamente conculcada.

¡Qué no nos roben lo que tanto nos costó conseguir!

La consigna de la hora es Democracia o Mafia.

Y las argentinas y los argentinos ya elegimos: más y mejor democracia, siempre.

* Integrante de la LA CORRIENTE del Frente para la Victoria