En medio de una pelea judicial que mantuvo en vilo al país hasta el último día, la Corte Suprema autorizó este martes la primera ejecución federal en Estados Unidos en 17 años y Daniel Lewis Lee, condenado a pena de muerte por tres asesinatos en los 90, recibió la inyección letal en la cárcel de Terre Haute, Indiana.

La muerte de Lee, de 47 años, se concretó tan solo seis horas después de que el tribunal supremo aprobara el programa federal de ejecuciones, postergado desde 2003, tras la muerte de Louis Jones, y reactivado por el Gobierno del actual presidente, Donald Trump, en diciembre pasado.

El lunes, tras la decisión judicial de avanzar con la ejecución de Lee amparados en la nueva directiva de la Casa Blanca, una jueza federal trató de detener la orden. Fueron horas de mucha tensión y expectativas, pero finalmente hoy el máximo tribunal del país revocó su decisión, con cinco votos contra cuatro.

Lee, que había sido condenado por tres asesinatos cometidos en Arkansas en la década de 1990, fue ejecutado esta mañana pese a las objeciones de los familiares de las víctimas y se convirtió en el cuarto ejecutado tras restablecerse la pena de muerte federal en 1988, durante el Gobierno de Ronald Reagan.

Lee fue acusado de asesinar en 1996 a tres miembros de una familia de Arkansas, Willian Mueller, traficante de armas, su esposa Nancy y su hija de ocho años, durante un robo.

Pero no fue arrestado después de los asesinatos, sino un año más tarde junto a Chevie Kehoe, quien lo había reclutado en 1995 para sumarse a la organización supremacista República de los Pueblos Arios.

Ambos recibieron la pena de muerte por el robo y homicidio que, según explicaron en el juicio en 1997, eran parte de un plan para financiar la creación de una “república del pueblo ario”.

Earlene Peterson, la madre de Nancy, contó al canal de noticias CNN el año pasado que siempre estuvo en contra de la pena de muerte para los dos hombres que torturaron, mataron y tiraron en un lago a sus familiares.

Llegó incluso a pedirles a la Fiscalía y la corte que no los condenen a ser ejecutados en su nombre.

Pero tanto el juez de primera instancia como un tribunal de apelaciones confirmaron la sentencia, que solo quedó en suspenso por el limbo legal en el que quedó el programa de ejecuciones federales hasta finales del año pasado.

La polémica generada en torno a la ejecución de Lee y otras dos que se realizarán esta semana podrían abrir un nuevo frente de debate sobre la tan demandada reforma penal, especialmente en medio de la campaña electoral y con el clima ya caldeado por las protestas antirracistas de los últimos meses.

“Es vergonzoso que el gobierno considere apropiado llevar a cabo esta ejecución durante una pandemia. Y es más que vergonzoso que el Gobierno haya concretado la ejecución con tanta rapidez”, manifestó una de las abogadas de Lee, Ruty Friedman, quien recordó, además, que los propios familiares de las víctimas no quisieron viajar a la cárcel por miedo a un posible contagio, según la cadena de noticias Fox.

La última ejecución federal en Estados Unidos había sido en 2003, durante el primer Gobierno de George Bush hijo.

Pese a que el programa de ejecuciones federales fue postergados, los tribunales continuaron emitiendo condenas de pena de muerte porque, sostienen, la figura sigue en el Código Penal.

En 2014, tras una ejecución fallida en Oklahoma, el entonces presidente Barack Obama ordenó una revisión de la pena de muerte, lo que resultó en algunas modificaciones sobre los métodos, pero no sobre la sentencia en si misma, ya que eso requeriría una reforma penal aprobada por el Congreso.

Actualmente se utilizan inyecciones letales, un procedimiento similar al de varios estados como Georgia, Missouri y Texas.

A nivel estatal, desde el inicio de la pandemia, se concretaron dos ejecuciones, una en Texas y otra en Missouri, según el Centro de Información de Pena de Muerte, mientras que Alabama tuvo una a principios de marzo.