Con las declaraciones de cuatro testigos se inició este lunes en el Juzgado Correccional Nº 3 de Mar del Plata el debate oral contra el actual intendente de Merlo, Gustavo Adolfo Menéndez, por el delito de fraude al Estado, presuntamente cometido entre 2006 y 2007, cuando ocupaba el cargo de director de los casinos Central y Del Mar.

El jefe comunal del partido ubicado en el conurbano bonaerense estuvo presente en el comienzo de la audiencia, cuando el fiscal Fernando Berlingeri planteó la imputación y la línea acusatoria que desarrollará durante el proceso.

Si bien atendió a la prensa, no quiso hacer declaraciones oficiales.

La defensa de Menéndez está cargo de dos abogados porteños y de Wenceslao Méndez. En tanto, al coimputado, Enrique Daniel De Luca, lo representa César Sivo.

Tras la exhibición de la producción de la prueba, el intendente de Merlo abandonó el edificio de Tribunales y podrá estar ausente en la jornada de hoy y en las siguientes, pero deberá presentarse al final del juicio.

Los testigos que declararon ayer son el trabajador que hizo la denuncia de los hechos, un empleado de maestranza, un ex tesorero y un ex jefe de Finanzas de la Lotería Provincial, ya jubilado.

Los últimos dos explicaron cómo era el movimiento de dinero de las entidades y la forma de control de los fondos. En tanto, para este martes está previsto que se presenten ocho testigos más.

El caso

Menéndez está en el centro de una investigación desde hace más de 10 años y lleva casi ocho como procesado por un hecho que tiene como eje 600.000 pesos (al momento unos 200.000 dólares) que fueron trasladados, sin cumplir con las formalidades y las medidas de seguridad, en una mochila verde desde el Casino Mar hasta el Casino Central para que fueran contados en una auditoría dispuesta por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires.

El hecho se conoció en noviembre de 2007, luego de que una filmación evidenciaba la existencia de esa mochila con los fajos de billetes que era trasladada de un Casino a otro para que, ese mismo dinero, fuera contado en los dos lugares por los auditores.

Según la hipótesis que el fiscal Fernando Berlingeri intentará demostrar en el juicio, Menéndez habría ordenado que se recolectara el dinero y que luego lo trasladaran, para que primero fuera contado en el arqueo del Casino Central y, luego, contado nuevamente en el Casino del Mar.

Por lo tanto, según la investigación, esos 600.000 pesos habrían sido contados dos veces por la auditoría del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, por lo que sumaron 1.200.000 pesos cuando en realidad eran 600.000. En un principio, la sospecha era de una malversación de ese dinero, pero luego la investigación se encuadró en un supuesto fraude al Estado y en intentar averiguar si alguien se había quedado con esa suma. Ese alguien, para el fiscal Berlingeri, sería Menéndez.

Según surgió de las declaraciones de testigos, trabajadores del Casino Central y del Mar aseguran que siempre “existían gastos por los que Menéndez ordenaba que se le diera dinero del tesoro contra comprobantes que después serían reintegrados”. Sin embargo, la prueba material de esos supuestos comprobantes nunca apareció y, en su declaración, Menéndez siempre negó toda la acusación.

Menéndez era el director del Casino y, según los testimonios recogidos por los investigadores, ordenaba que le llevaran plata para “hacer cosas que nunca se supieron qué eran”. “No se sabe qué se hizo con el dinero, pero sí se sabe que faltan 600.000 pesos”, explicó una fuente judicial consultada por LA CAPITAL.

La causa llega a juicio después de 10 años, en los que cambió mucho el contexto desde que se inició, cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires era Felipe Solá, luego fue Daniel Scioli y en la actualidad María Eugenia Vidal.

En ese tiempo, Menéndez tras su paso Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires siguió con su carrera en la política y fue elegido intendente de Merlo y presidente del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires.

La imputación que tiene Menéndez, de “fraude a la administración pública”, enfrenta una pena en expectativa de 2 a 6 años de prisión.