El escándalo que involucra a al menos seis policías del Comando de Patrullas Sur, acusados de quedarse con dinero que el Estado destina al combustible de motos y patrulleros de la fuerza, ya trascendió a la esfera administrativa de la Policía Bonaerense y derivó en una causa penal encabezada por la Fiscalía de Delitos Económicos.

Si bien inicialmente todo se originó a través de una investigación de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense por una denuncia de corrupción dentro del Comando de Patrullas Sur en la que seis oficiales -entre ellos el jefe y el segundo jefe- fueron apartados de sus cargos, ahora la Justicia intervino por considerar que “el Estado fue gravemente perjudicado y estafado”.

El fiscal David Bruna, al ser consultado por LA CAPITAL explicó que abrieron una causa por “fraude agravado a la administración pública” contra cuatro policías del Comando de Patrullas Sur, entre los que se encuentran el comisario Flavio Casas y el subcomisario Alejandro Bravo.

El expediente que hoy maneja el fiscal Bruna cuenta con 800 fojas ya que desde Asuntos Internos de la Policía Bonaerense le enviaron una “gran cantidad” de prueba documental, junto con elementos probatorios que secuestraron en allanamientos realizados tanto en dependencias policiales como en domicilios de los imputados.

La hipótesis de la investigación penal, al igual que la realizada por Asuntos Internos, se centra en que efectivos del Comando de Patrullas Sur habrían adulterado los odómetros de motocicletas y al menos un móvil para que generaran un mayor kilometraje.

“Con esta hipótesis los policías investigados se llenaban sus bolsillos con dinero que el Estado utiliza para el combustible de los vehículos que deben ser utilizados para patrullar las calles de la zona sur de la ciudad”, explicó una fuente de la investigación judicial.

El mecanismo de esta posible estafa al Estado es a través de vales por combustibles que los policías imputados justificaban con los odómetros adulterados para conseguir un reintegro mayor al del verdadero recorrido realizado.

Ya que la policía no maneja dinero en efectivo, desde la Fiscalía de Delitos Económicos investigan también la posible participación de empleados en estaciones de servicio de la ciudad.

El fiscal Bruna recién está en una primera etapa de análisis de la causa y todavía no llamó a ninguno de los imputados para la declaración indagatoria. Entre las próximas medidas a realizar, se encuentra la de una pericia contable para intentar desentramar esta compleja operación y determinar a cuánto asciende el monto estafado al Estado.

Si bien al momento el único delito imputado es el de “fraude agravado a la administración pública” y sólo a cuatro de los seis policías apartados por Asuntos Internos, los investigadores no descartan que más personas estén involucrados y que puedra tratarse de una “asociación ilícita”, es decir de una organización criminal dentro de la Policía Bonaerense para estafar al Estado.

A pesar de que la Justicia haya intervenido, el jefe de la Policía Departamental de la ciudad, el comisario mayor Rubén Osvaldo Soria, prefirió no dar ninguna declaración al respecto y dejar todo en manos de Asuntos Internos y de los investigadores.