Por Maximiliano Abad

La crisis de la industria pesquera es tan profunda que hablar simplemente de una caída en la rentabilidad es minimizar la realidad. Lo que está en juego es, sin exagerar, la supervivencia de un sector clave para el país, que emplea más de 40 mil trabajadores, abastece al mercado interno y compite internacionalmente. La situación es grave y amerita medidas urgentes.

Es imprescindible suspender el aumento de los Derechos Únicos de Extracción (DUE); bajar retenciones; otorgar al puerto de Mar del Plata y otros similares el estatus de economías regionales y eliminar los impuestos al gasoil para la flota fresquera (cuyo precio subió 500% en el último año, mientras que el kilo de merluza se mantiene en 700 pesos desde diciembre de 2023).

A la caída de los precios internacionales —un factor externo que Argentina no controla— se suman el aumento en dólares de los insumos importados, la suba exponencial de aranceles e impuestos, los costos laborales y las regulaciones que encarecen y entorpecen la actividad.

Es fundamental reconocer y atender las necesidades específicas de los distintos sectores de la industria pesquera, en particular del fresquero, integrado por pequeñas y medianas empresas que generan empleo y valor agregado tanto en la extracción como en el procesamiento de las plantas en tierra.

Vamos a los números para entender mejor qué está pasando. Un barco que zarpa de Mar del Plata, y produce 3 mil cajones de merluza por marea, enfrenta un resultado operativo negativo de 15 millones de pesos. En 2018, ese mismo barco obtenía una ganancia del 20%; hoy, en cada viaje, pierde un 21%. Esta desproporción extraordinaria entre ingresos y costos hace que muchas empresas vean la quiebra cada vez más cerca.

Como ocurre con otros sectores exportadores, la crisis de la pesca tiene raíces en la política cambiaria. La apreciación artificial del peso deteriora la competitividad a nivel internacional y multiplica los costos internos. Pero hay muchísimo por hacer en otros frentes, incluso sin modificar el ancla del dólar, que el equipo económico defiende como herramienta para bajar la inflación hasta la eliminación del cepo.

En diversas áreas —como el mercado de las frutas recientemente— el Gobierno nacional avanza con contundencia para remover regulaciones burocráticas que hacen perder tiempo, recursos y productividad al sector privado. Pedimos que también se enfoque en la pesca: desde que zarpa un buque hasta que la materia prima se descarga, distribuye e ingresa a la planta, se deben cumplir al menos 133 trámites.

En toda actividad productiva, las reglas deben garantizar un crecimiento sostenible. La normativa pesquera está desactualizada y requiere una revisión urgente para incorporar avances tecnológicos y aprovechar nuevas oportunidades. Además, en materia salarial, el Estado debe facilitar el diálogo entre empresarios y gremios para lograr acuerdos a largo plazo.

En el plano impositivo, los aranceles a las importaciones de insumos (redes, cables y repuestos de motores) encarecen todo el proceso productivo, lo que perjudica aún más la rentabilidad de un negocio que está contra las cuerdas hace tiempo. Las alícuotas que impone la Argentina están cuatro veces por encima del promedio mundial, lo que coloca a la industria pesquera nacional en una situación claramente desventajosa.

Dar marcha atrás con el aumento de los DUE y bajar las retenciones (que explican menos del 1.5% del total de la masa recaudatoria que ingresa al Estado en ese concepto) no tendría un costo fiscal considerable, pero sí sería un gran alivio que ayudaría —junto a otras acciones necesarias— a ordenar el panorama.

De todo lo dicho se desprende que, como tantas problemáticas en Argentina, la actualidad de la pesca presenta una paradoja desconcertante: la situación es gravísima, pero las soluciones están al alcance de la mano. ¿Qué hace falta? Apertura para escuchar a todos los actores, determinación para implementar las medidas necesarias y visión de futuro para potenciar a una industria que puede darle mucho al país.

El autor es senador nacional por la provincia de Buenos Aires.