Los debates acerca del impacto socioambiental de la minería de criptomonedas, principalmente el alto consumo energético que genera, se instalan cada vez más entre especialistas, que buscan proponer alternativas tanto dentro como fuera del mundo “cripto”, que en los últimos días sufrió la peor caída registrada en los últimos 18 meses.

Aunque para muchos aún resulte ajeno, los criptoactivos captan la atención de cada vez más personas en el mundo y especialmente en Argentina, aún en un contexto en que las criptomonedas bajaron casi un 70% de los 3 billones de dólares que habían llegado a valer.

“Más allá de las consideraciones que uno puede tener sobre las criptomonedas y su rol dentro del esquema socioeconómico, ninguna actividad puede tener un costo energético y socioambiental tan elevado”, aseveró a Télam Felipe Gutiérrez Ríos, integrante e investigador del Observatorio Petrolero Sur.

Es que, para generar criptomonedas, los “mineros” -computadoras agrupadas en muchos casos en “granjas” o centros de datos- deben funcionar las 24 horas del día y los 7 días de la semana para resolver, lo más rápido posible, algoritmos matemáticos complejos.

El bitcoin, por ejemplo, una de las monedas más comercializadas, utiliza 204 tera vatios hora (TWh) de electricidad cada año, comparable al consumo de toda Tailandia, y genera una huella de carbono similar a la de la República Checa, según el índice de consumo de energía de Bitcoin de la web Digiconomist.

“Estas granjas se han ido trasladando a países que se adaptan más a las necesidades y los costos que más les favorecen, de una forma más rápida que la minería o el petróleo”, explicó Gutiérrez.

Así, numerosos proyectos se instalaron en los últimos años en la Patagonia argentina, en busca de zonas frías -para no tener tantos gastos en la refrigeración de las máquinas mineras- y por costos de electricidad, que “son mucho menores que en otros países del mundo”.

En ese marco, sólo Tierra del Fuego cuenta con una normativa, dispuesta en febrero pasado por la Secretaría de Energía, que quitó los subsidios a la actividad de las criptomonedas, que deberá pagar tarifas entre tres y cuatro veces más alta que los usuarios residenciales.

Sin embargo, la actividad continúa avanzando: en la localidad neuquina de Zapala, la empresa británica FMI Minecraft Mining anunció recientemente su proyecto de una “mega granja de minería de datos”.

Esta iniciativa, que se instalará en la Zona Franca de Zapala, donde no se pagan impuestos por el uso de servicios públicos, propone alcanzar, en tres etapas, una capacidad de 1 gigavatio (GW) de potencia.

“Son realmente números faraónicos: 1 gigavatio de potencia a nivel mensual es más o menos lo que consumen entre tres y cuatro millones de casas en el país”, afirmó Gutiérrez.

Frente a un proyecto de estas características urge discutir “qué tipo de energía se utiliza y para qué: para la ganancia o especulación de unas pocas empresas sobre la necesidad de las mayorías y el bien común”, en un contexto en que “casi un tercio de los hogares del país destinan más del 10% de sus ingresos en energía, cuando es un derecho poder contar con un mínimo de consumos energéticos que nos permitan vivir bien”, indicó.

En general, la energía que utilizan proviene de combustibles fósiles como gas y petróleo, que son “altamente contaminantes”, por lo que el investigador consideró “absolutamente necesario reemplazarlo por otras fuentes que tengan menor impacto”.

Además de las distintas iniciativas de criptominería que buscan reducir la huella negativa sobre el ambiente a partir de la utilización de energías renovables, surgen también proyectos que promueven un “impacto positivo” en la naturaleza: una de ellas es Green Coin (moneda verde), una alternativa “con base en la naturaleza”, desarrollada por la Fundación EcoConciencia y el Centro Internacional de Formación para Autoridades y Líderes (Cifal) Argentina, entidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y con el respaldo del Fondo de Transición Energética de Luxemburgo.

“En vez de la solución de complejas ecuaciones matemáticas, el proceso de minado de esta moneda utiliza la reducción de emisiones de gases efecto invernadero y no contaminan el medio ambiente”, explicó Rodolfo Tarraubella, director de la fundación y de Cifal Argentina.

En diálogo con Télam, Tarraubella señaló que, en lugar de tener como respaldo dólares u oro, esta criptomoneda tiene como respaldo “el cumplimiento de determinados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, la protección de la biodiversidad y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”.

Así, lo que la respalda es un servicio ecosistémico, es decir, están ancladas al capital natural y permiten “cuantificar el valor de los recursos naturales y su impacto en la economía de todo el mundo”.

Una de las formas para liberar estas monedas verdes es a través de la carga de combustible de transición energética, que “reduce significativamente el esmog que sale por el caño de escape (de los automóviles)”, permitiendo reducir “un 7% de emisiones de gases de efecto invernadero”.

“Cuando ese combustible llega a representar unos 100 kilos de dióxido de carbono que se evitó de emitir se libera una criptomoneda. Mientras tanto, este sistema obliga a ver ‘pastillas’ (videos de 15 o 30 segundos), que tienen que ver con el cambio climático”, señaló Tarraubella.

Y agregó: “No se trata de hacer negocios con la naturaleza, sino que lo que queremos es que se pueda pagar por servicios que hoy no se pagan, que son los servicios esenciales que nos da la naturaleza, para que no se siga degradando”.

Como este, numerosos proyectos argentinos buscan impulsar alternativas menos nocivas ambientalmente, en un contexto en que el consumo de energía de las criptomonedas llegó a “niveles injustificables” en medio de una crisis climática y energética global.