El rechazo a la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, aprobada en una convención marcada por los desacuerdos, cobró volumen en esa provincia con un paro general por parte de gremios enrolados en la CGT y la CTA, además de la advertencia del Ministerio de Trabajo nacional sobre la posibilidad de que se declare la “inconstitucionalidad” de dos artículos que sancionan y restringen la protesta social.

“El Ministerio emitió un documento para que el Gobierno de Jujuy revise la legislación sobre derechos laborales institucionales, que buscan llevar al nivel penal lo que son derechos laborales absolutamente institucionalizados en la Argentina”, afirmó Olmos en declaraciones a radio Provincia.

En este sentido, remarcó: “Di la directiva para presentar la inconstitucionalidad de los artículos de esta reforma de la Constitución”.

“El derecho a la protesta y de huelga son derechos laborales instituidos por nuestra Constitución y también está la adopción de acuerdos internacionales que tienen jerarquía constitucional, por eso no solo elaboramos el documento estableciendo claramente cuál era la posición de nuestro Gobierno, sino que di la directiva de que se analice qué fue incorporado específicamente en la Constitución y nos vamos a presentar pidiendo la inconstitucionalidad de esos artículos”, explicó Olmos.

En el marco de la Convención Constituyente, la reforma constitucional tuvo un acelerado tratamiento, que solo llevó dos sesiones ordinarias, durante las cuales se presentaron ocho renuncias de convencionales constituyentes: seis del Frente de Izquierda Unidad y dos del Frente Justicialista, en desacuerdo con el texto.

Con el voto de los 29 representantes oficialistas se ratificó la “prohibición de cortes de ruta” como método de protesta, en un artículo que también impide la ocupación de edificios públicos, en el marco de reclamos sociales y gremiales.

Mientras se desarrollaba el debate en la Convención, una multitudinaria marcha de antorchas se realizó por las calles de San Salvador de Jujuy, encabezada por los gremios docentes que cumplen dos semanas de paro por tiempo indeterminado bajo la consigna: “Arriba los salarios, abajo la reforma” y que, incluso, presentaron una denuncia penal contra el gobernador Gerardo Morales.

El Gobierno provincial aspira ahora a concretar la jura a la nueva Constitución, en una ceremonia prevista para el próximo martes a las 18 en el teatro Mitre, ubicado en pleno centro de la capital jujeña.

Desde las primeras horas organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y pueblos originarios de Jujuy confluyeron en una multitudinaria marcha de protesta contra las modificaciones a la carta magna.

“Gerardo Morales aprobó su reforma constitucional a espaldas del pueblo jujeño”, indicaba el lema central de la marcha, que incluyó cortes de ruta y calles en diversas localidades.

Grupos de manifestantes llegaron muy temprano a la capital provincial desde diversos puntos de la provincia para movilizarse hasta la sede gubernamental, que amaneció custodiada por fuerzas de seguridad local.

La policía local intimó a los manifestantes para que levanten los cortes, pero las protestas persistieron.

Por otro lado, pobladores de distintas comunidades indígenas, que habían iniciado una marcha denominada “Tercer malón de la paz” contra la reforma, llegaron también esta mañana a la capital provincial y se movilizaron desde el acceso norte al microcentro capitalino.

“Nos hemos juntado de los cuatro puntos cardinales para venir acá y decirle lo que está haciendo mal Gerardo Morales. Él se ríe en nuestras caras, pero nosotros somos corajudos y hemos venido a luchar, caminando hasta acá”, expresaron integrantes de las comunidades.

También, Sebastián López, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (Seom), declaró su expectativa en que “el gobernador dé marcha atrás con lo aprobado de espaldas al pueblo” y consideró que Jujuy perdió una “oportunidad histórica de tener una Constitución que amplíe derechos”.

El Frente de Organizaciones en Lucha en Jujuy (FOL) también rechazó la reforma al considerarla “absolutamente antidemocrática” en un comunicado.

“Lo único que busca Gerardo Morales es imponer a la fuerza un ajuste exclusivamente al servicio de los poderosos, de las corporaciones extractivistas para el saqueo del litio, la quita de tierras a los pueblos originarios, el uso privado de los recursos naturales y, por supuesto, garantizar también el ajuste en consonancia completa con las recetas del FMI”, expresó FOL.

Ayer, durante la sesión de la Convención Constituyente, frente a los presidentes del bipartidismo jujeño, Guillermo Jenefes (FJ) y Alejandro Nieva (FCJ), Morales defendió su proyecto de reforma.

“Los desafíos a 40 años de la sociedad jujeña tienen que ver con nuevos derechos. Se ha planteado una idea conceptual desde que se votó la ley de reforma parcial para reafirmar la vigencia de la paz que hay en nuestro pueblo”, sostuvo.

Reiteró que su gestión “no va a volver atrás” con estas modificaciones y volvió a cargar contra las organizaciones sociales.

“El ejercicio de derecho de la manifestación no puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos y este es el debate que tiene que ver con la consolidación de la paz”, planteó.

Mientras tanto, en las últimas horas las protestas y movilizaciones se replicaron en varias localidades jujeñas: La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, San Pedro y Libertador San Martín.

En tanto, el paro general en la provincia consiguió el apoyo de azucareros de los diferentes ingenios y de los mineros de los emprendimientos que se explotan en la provincia.

Entre los principales puntos aprobados de la reforma constitucional figuran la imposición de nuevos órganos y reglas en la administración de justicia y modificaciones al Régimen Electoral y el Régimen Municipal.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) rechazaron la sanción de la reforma parcial por considerarla “antidemocrática y autoritaria” y convocaron al paro que está vigente hoy en Jujuy.

En el comunicado, firmado por la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, y el secretario general adjunto de la CTA, Roberto Baradel, también advirtieron que la reforma “viola derechos humanos, sociales y sindicales”.

“A 40 años de recuperada la democracia, la reforma constitucional de Gerardo Morales es un gran retroceso”, afirmó esta mañana la legisladora porteña Victoria Montenegro (Frente de Todos), en declaraciones a AM 750 y consideró que se trata de “acciones que arrebatan derechos”, algo que la oposición quiere hacer “a nivel nacional”.