Por Rodolfo Iriart

Mar del Plata es una de las ciudades más frías de la provincia de Buenos Aires, e incluso más fría que muchas localidades que están más al sur de nuestro país.

Esto lleva a que el promedio de consumo de gas y electricidad en invierno sea más elevado que el promedio general que se registra en la provincia.

Por ello, el costo de los servicios públicos pasa a ser en esta época del año una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, sobre todo el costo del servicio de gas.

Si tomamos la categoría R3-4, entre abril de 2016 y el presente, el valor del metro cúbico de gas en Mar del Plata aumentó un 3786%. Se viene un nuevo incremento luego de la última audiencia pública desarrollada el 26 de febrero y Camuzzi pidió un aumento del 34.6%, lo que implicaría un acumulado desde abril del 2016 del 5102%. El valor del metro cúbico para la categoría R3-4 pasaría a costar $11,22 más cargo fijo e impuestos.

Para el resto de las categorías domiciliarias el aumento es mucho más elevado, teniendo en cuenta que los mayores incrementos se registraron en las categorías de menor consumo.

El incremento del gas de red en General Pueyrredon es muy superior al aumento promedio del resto del país (2400% promedio), y esto obedece a la medida cautelar que fue dictada en el año 2014, la que dejó sin efecto para nuestro distrito el incremento que se dispuso en aquel año.

Los porcentajes reseñados, dan clara cuenta de que el Gobierno no ha respetado lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo CEPIS, dictado en 2016, en cuanto a que los aumentos de servicios deben respetar los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y progresividad.

No se trata de eliminación de subsidios, contrario a lo que quiere hacer creer el Gobierno, sino que éste ha decidido otorgar a las empresas que explotan nuestros recursos energéticos ganancias extraordinarias a través de los tarifazos, que nada tiene que ver con el contexto socio económico que vivimos, provocando que cada vez mas hogares se queden sin servicios esenciales para tener una vida digna.

Otra de las decisiones del Gobierno que asegura a las empresas una rentabilidad excepcional ha sido la dolarización de las tarifas. Los constantes incrementos en la cotización de la divisa norteamericana, sumado a la gran devaluación del 2018, han implicado una injustificable transferencia de recursos desde la población y los sectores productivos a las empresas que extraen el gas y/o generan la energía eléctrica.

El camino trazado por el actual Gobierno ha llevado a que la mayoría de la población se encuentre en situación de pobreza energética, ya sea porque se ven obligados a destinar gran parte de sus ingresos a pagar los servicios de electricidad, gas y agua, o bien porque no pueden directamente afrontarlos.

En Mar del Plata, ante el cierre de comercios -aún en plena temporada-, referentes de Pymes han apuntado a los tarifazos como una de las causales centrales. No importa el rubro ni la magnitud del negocio, todos vienen sufriendo gravemente el impacto.

Sin embargo, nuestra ciudad no es la única. Alberto Kahale, titular de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), explicó que “en la provincia, todos los días cierran entre 20 y 25 locales, o industrias pequeñas”.

La realidad en materia de tarifazos se ve reflejado en las estadísticas oficiales de la Defensoría del Pueblo Provincial que conduce el Dr. Guido Lorenzino, la que ha informado que en lo que va del año el 37% del total de los reclamos está vinculado a los servicios públicos, principalmente imposibilidad y/o dificultades de pago, pero también por la calidad de las prestaciones.

Estos datos desnudan una política tarifaria de exclusión. Es necesario un cambio de rumbo en materia energética, terminando con la actual política de tarifazos, para dirigirnos hacia el establecimiento de “tarifas justas”. Para ello hay que comenzar con el congelamiento de las actuales tarifas, la pesificación de las mismas, así como la ampliación de la tarifa social, a fin de proteger efectivamente a los hogares de menores ingresos.