El proyecto de ley que modifica el funcionamiento y la composición del Consejo de la Magistratura será debatido nuevamente hoy en un plenario de comisiones, por lo que la sesión del Senado de la Nación prevista para esta semana fue suspendida y la iniciativa sería debatida en el recinto en siete días.

Según se informó oficialmente, hoy desde las 16 se reunirán en forma conjunta las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales en el Salón Azul del primer piso del Palacio del Congreso para volver a abordar el proyecto sobre el Consejo de la Magistratura.

La convocatoria menciona que se debatirán “comentarios y observaciones de las señoras y los señores senadores”.

La semana pasada, los legisladores del oficialismo lograron obtener dictamen de mayoría en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo a principios de diciembre, anticipándose al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la Ley del Consejo de la Magistratura vigente.

Por su parte, Juntos por el Cambio firmó su propio dictamen y el senador Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro y habitual aliado del Frente de Todos (FdT), presentó otro despacho de comisión.

Cuando cerró su intervención, Weretilneck anunció que no apoyaría el proyecto del oficialismo porque carecía de una mirada “regional”.

El FdT contaba, no obstante, con sus 35 senadores propios, más la aliada del Frente Renovador de la Concordia, Magdalena Solari Quintana; y la riojana peronista disidente Clara Vega que, sin embargo, en las últimas horas anticipó que no apoyaría el proyecto firmado en Casa de Gobierno.

Ante esa situación, el oficialismo resolvió volver a convocar a un plenario de las comisiones conducidas por el jujeño Guillermo Snopek y por el neuquino Oscar Parrilli, para dar lugar a los aportes del rionegrino Weretilneck.

La iniciativa del Ejecutivo deja afuera de la conformación del cuerpo a la Corte Suprema, tal como venía ocurriendo en la reforma de 2006, y establecía otros parámetros, además de sumar más consejeros.

El Consejo debe intervenir en el proceso de selección de jueces y eventuales cuestionamientos a su desempeño y, de acuerdo a legisladores del FdT, el hecho de que la presidencia esté a cargo de la Corte puede “influir” en las decisiones de otros miembros.

El dictamen del proyecto del Poder Ejecutivo propone elevar de 13 a 17 los miembros del Consejo y suma dos abogados, un juez y un miembro del ámbito académico y científico a los distintos estamentos con que hoy cuenta el Consejo.

También incorpora la perspectiva de género a fin de dar cumplimiento a convencionales internacionales.

La propuesta oficial establece que haya además seis representantes del Poder Legislativo, tres diputados y tres senadores (dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría). Tres de estos legisladores, al menos, deberán ser mujeres.

El estamento de los abogados tendrá cuatro representantes (hasta el momento eran tres) elegidos por el voto directo, según el sistema D’Hont, de los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las cámaras federales con asiento en las provincias, y al menos dos de estos cargos deberán ser ocupados por mujeres.

También integrará el organismo un representante del Poder Ejecutivo nacional, y dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo). Uno de ellos, al menos, será mujer.

El proyecto del interbloque de Juntos por el Cambio propone ampliar a 20 miembros el Consejo, y apoya que la presidencia esté cargo del titular de la Corte, algo a lo que el FdT se opone.

La oposición también propone como miembros a cuatro jueces o juezas, elegidos por sistema D’Hont, ocho legisladores nacionales, cuatro por cada Cámara, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Gobierno, y otros dos del ámbito académico y científico.

Weretilneck, quien se quejó de que las mayorías parlamentarias dejan afuera “el federalismo”, presentó uno propio que, en vez de tener un Consejo como el actual, propone consejos a nivel de distritos judiciales para que los representantes sean de cada distrito judicial.