Cámaras empresarias, sindicatos, funcionarios municipales, legisladores provinciales y concejales del oficialismo local y de la oposición se mostraron este miércoles unidos en la voluntad de resistir los cambios en la pesca propuestos en la ley ómnibus presentada por el gobierno de Javier Milei en el Congreso.

El encuentro se produjo en el marco de la comisión de Industria del Concejo Deliberante, poco antes de la reunión del sector con el gobernador Axel Kicillof.

Al abrir la jornada, el presidente de la comisión, Miguel Guglielmotti, aseguró que las reformas impulsadas por el Gobierno nacional atentan contra “más de 40 mil puestos de trabajo directos e induirectos”. Y alertó: “Estamos hablando de un verdadero industricidio”.

Afirmó que los permisos de pesca “van a quedar en manos de empresas extranjeras” y “se va a generar una depredación del recurso”, al tiempo que marcó que “en ningún país del mundo se licitan cuotas de pesca de pesquerías históricas como es el puerto de Mar del Plata, el principal puerto de Argentina”.

Sandra Cipolla, presidenta de la Asociación Bonaerense de Industria Naval (ABIN) y presidenta de SPI Astilleros, empezó por el DNU. “Desregula el comercio exterior argentino, habilitando la libre importación de buques y artefactos navales tanto nuevos como usados. También deroga la ley del compre nacional y desarrollo de proveedores, quedando sin efecto las preferencias de bienes de origen nacional en obras públicas y licitaciones y el programa de desarrollo de proveedores, herramienta de política industrial que ha sido fundamental para el desarrollo de nuestro sector”, lamentó.

“Sumado a eso, los cambios sustanciales a la Ley Federal de Pesca en la ley ómnibus atentan contra la soberanía nacional y el desarrollo y crecimiento de las empresas nacionales”, agregó.

“Vemos con especial preocupación el otorgamiento de los permisos de pesca: dejarán de priorizar que los buques pesqueros estén construidos en el país, que sean de menor antigüedad, que empleen mano de obra argentina en mayor porcentaje y agreguen mayor valor al producto final”, explicó con preocupación.

Pulti, Guglielmotti y Muro, en la reunión de la comisión de Industria con representantes de la pesca.

Florencia Garrido, presidenta de la Cámara de la Industria Naval de Mar del Plata, consideró que los cambios “surgen del desconocimiento del sector” de las autoridades nacionales y ponen en riesgo “el mantenimiento de decenas de miles de puestos de trabajo y la sustentabilidad del recurso”.

Además, hizo notar que “la mera difusión de estas intenciones ha generado la suspensión de contratos para el inicio de nuevas construcciones para renovar la flota nacional”.

Fernando Rivera. de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina, se preguntó por qué motivo se presenta el proyecto de ley sin consultar a ninguno de los sectores que pueden resultar afectados cuando “desde 1998 se viene trabajando con un barco que no está cuestionado, con un sistema de cuotas de capturas que tampoco fueron cuestionadas por ninguno de los sectores que operan y con un caladero que se encuentra en una situación no diría óptima pero sí estable”.

Rivera detalló que “por la Aduana de Mar del Plata se exportan 700 millones de dólares anuales” y formuló otra pregunta retórica: “¿Se imaginan si Mar del Plata pierde una industria que provee 700 millones de dólares lo que puede ocurrir en la ciudad? Yo me atrevo a decir que la ciudad puede convertirse en casi inviable”.

También planteó que “si una empresa de Mar del Plata con 700, 800 o 900 trabajadores en relación de dependencia pierde la cuota de pesca no le va a alcanzar el patrimonio para indemnizar a toda su gente”.

Diego Luchetti, de la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, intervino con una necesidad de todo el sector: “De ningún modo podemos permitir que esto avance. La Ley Federal de Pesca puede ser perfeccionada, pero no se puede cambiar el corazón de la ley”.

Gabriel Felizia, del Consorcio Portuario, calificó al proyecto como “nefasto”, dijo que “no tiene que pasar” y agregó: “Es una propuesta de negocio, no de gobierno”.

En esa línea, dijo que el segundo y tercer trimestre “sería imposible en Mar del Plata” si no se pesca calamar. “La estiba no podría trabajar, no habría descargas. Solo eso afectaría definitivamente el desarrollo de la ciudad; los trabajadores de la estiba son 700″, puntualizó.

El encuentro tuvo una amplia convocatoria.

Antonio Solimeno, presidente del Grupo Solimeno, sostuvo que “esta ley se ha hecho sin el conocimiento ni la participación de ningún sector”. Apuntó al Gobierno y aseguró que “se habla con un desconocimiento total”, al tiempo que aventuró: “Si esta ley llega a salir, va a ser el quebranto de todos los que estamos acá sentados. Tenemos que evitar que esta modificación a la ley avance”.

Oscar Fortunato, exintegrante del Consejo Federal Pesquero, lanzó que “esta ley es un desastre total hecha por economistas”. Y añadió: “No está hecha en función de trabajo, sino de recaudación de dinero”.

Secretarios generales y delegados del SUPA, el SOIP, el sindicato de Guincheros, el SAON, el Siconara, los patrones de pesca y el SOMU también se manifestaron en contra de la propuesta. Pablo Trueba, del Simape, llamó a dejar las diferencias de lado. “Porque en este barco nos hundimos todos. Acá nos va la vida”, alertó.

Del encuentro participaron los legisladores provinciales Gustavo Pulti (Unión por la Patria) y Diego Garciarena (UCR). También el secretario de Desarrollo Local e Inversiones, Fernando Muro, y concejales de Juntos por el Cambio, Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense. No hubo representantes de La Libertad Avanza, quienes no forman parte de la comisión de Industria.