Un proyecto de ordenanza que en teoría debería pasar desapercibido en el Concejo Deliberante generó en las últimas horas fuertes acusaciones de la oposición y un compromiso del oficialismo por aclararlo.

Se trata de un reconocimiento de legítimo abono y la autorización del pago a la firma Kyan Salud SRL por la provisión de 4592 viandas que se efectuaron desde el 14 de julio al 3 de octubre de 2020 a policías que participaron de los retenes.

Virginia Sívori (Frente de Todos) lanzó en la Comisión de Hacienda que “este expediente es una muestra íntegra de una desprolijidad absoluta, una improvisación y un manejo de fondos como si no fueran públicos”.

Mencionó que las viandas se compraron “por más de un millón de pesos” en 2020 pero la factura “es del 13 de agosto del 2021”.

Sívori aseguró que “no está expresado ni plasmado cómo se lleva adelante esa contratación; no hay una autorización previa”. Es decir que “alguien compró las viandas en nombre del municipio, por lo que tampoco está justificado el precio que se pagó por esas viandas”, apuntó.

Enseguida acotó: “El informe del contador es muy contundente. Demuestra que ninguno de los procedimientos se llevó adelante como debiera ser”.

“Hay muchas desprolijidades que nos llamaron la atención. Se aclara que los remitos incorporados al expediente son copias no certificadas. En lápiz, al costado, algún funcionario del Ejecutivo puso ‘no pasa nada, lo ratifica Jara’, el funcionario que evidentemente llevó adelante la compra de las viandas sin ninguna autorización”, disparó Sívori en alusión al subsecretario de Seguridad, Gustavo Jara.

La concejala planteó que este expediente “es un problema para el cuerpo porque otro funcionario, o a lo mejor el mismo” escribió con lápiz en el expediente “si HCD convalida se limpia todo”.

El bloque de Acción Marplatense se sumó a las críticas. “A mí hay cosas que no me quedan para nada claras, porque el sentido común indica que nadie que presta un servicio de julio a octubre de 2020 emite la factura un año después. Ya eso es algo que no es normal”. Y subrayó que “con la información que hay en el expediente” su bloque no lo acompañará “bajo ningún punto de vista”.

La comisión había solicitado un informe a la secretaría de Economía, que aún no respondió. El presidente del bloque de Vamos Juntos, Agustín Neme, se comprometió a que la respuesta llegue para antes de la próxima reunión. “Acá se habla de cuestiones que no son ciertas, tienen muchísima subjetividad”, respondió el edil. Y se preocupó por dejar claro que ninguna de las anotaciones con lápiz añadidas en los márgenes del texto está firmada por un funcionario.

El presidente de la comisión, Alejandro Carrancio, subrayó finalmente que hay al menos cuatro opciones en caso de que el informe no llegue o no satisfaga a los concejales: rechazar el proyecto, devolverlo al Ejecutivo, elevarlo para su análisis al Tribunal de Cuentas o citar a los funcionarios correspondientes para que den explicaciones.