El Consejo de la Magistratura le pidió al presidente Alberto Fernández y a los titulares del Senado y la Cámara de Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, respectivamente, la “pronta sanción” de una ley de integración y organización del organismo que cumpla con el fallo dictado por la Corte Suprema el 16 de diciembre último.

En sendos oficios emitidos al Poder Ejecutivo y a las dos cámaras del Poder Legislativo con fecha del 29 de diciembre, el presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea, fundamentó su pedido en el “exiguo lapso que resta hasta la expiración del plazo de 120 días dispuesto por la referida resolución judicial para procurar la integración completa de este cuerpo en los términos de la ley 24.937, y la posibilidad que vencido ese término sin lograrse la composición plena, pueda generarse una paralización de las actividades” de ese cuerpo.

Por eso, Molea reclamó la “pronta sanción” de una ley de integración y organización del organismo que cumpla con el fallo dictado por el máximo tribunal.

El presidente del Consejo de la Magistratura señaló también que resulta “necesaria la convocatoria a sesiones extraordinarias”, por lo que le solicitó al Presidente que “tenga a bien contemplar la posibilidad de ejercer la facultad que le acuerda el artículo 99, inciso 9°, de la Constitución Nacional”.

El 16 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley del Congreso que redujo los miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 en 2006, encargó al Congreso una nueva ley que lo regule y concedió un plazo de 120 días corridos para que se elijan a los nuevos miembros.

Por unanimidad, el máximo tribunal definió, quince años después, que la composición no respetaba el “equilibrio” de los sectores que seleccionan, sancionan y remueven magistrados, y dispuso que el Congreso dicte una normativa que lo regule y el Consejo vuelva a integrarse en 20 si la la ley no se sanciona antes de los 120 días corridos.

En cuanto al Consejo, los ministros de la Corte concedieron hasta el 14 de abril del 2022 para que “disponga lo necesario para la integración del órgano” y que convoque a los organismos que representan a abogados, jueces y académicos para que elijan a los nuevos miembros.