El gobierno lanzado a la carrera electoral y con el compromiso de campaña de reactivar la economía, no encuentra la fórmula que le permita transitar un sendero de equilibrio.

La apuesta a la reactivación de la obra pública y el dinero del blanqueo no son suficientes para generar que la maquinaria productiva se ponga en marcha y que el modelo del PRO sea creíble.

El gradualismo es historia, al menos para el ajuste de ingresos. En el primer mes del año, la Casa Rosada produjo dos aumentos de tarifas que van a golpear el bolsillo de la población de manera inexorable, a través de un aumento de los precios al consumidor.

Los combustibles y la electricidad provocan un incremento en los costos de producción y logística que deberán ser soportados por salarios que en 2016 han perdido entre un 10 y un 15 por ciento de su poder de compra, debido a la escalada inflacionaria que llegó al 40 por ciento.

El Estado es socio de los incrementos en las tarifas. Tanto la suba de los combustibles como de la electricidad conllevan un beneficio al Fisco debido al alto componente impositivo que tienen los carburantes -50 por ciento-, como la energía -45 por ciento- de las facturas.

Pero la recaudación tributaria parece haber alcanzado un techo más allá de los efectos del blanqueo y el aumento anual de los ingresos fiscales no puede superar el 30 por ciento.

La diferencia con el aumento de la inflación pone al desnudo que está creciendo la economía en negro, más aun a partir del sistema de información de precios que obliga a discriminar los valores al contado del pago en cuotas. Una invitación más al banquete de la informalidad porque los pagos en efectivo se harán moneda corriente.

La presión fiscal ha alcanzado tal nivel que toda esta economía en negro es el fiel reflejo de la denominada “Curva de Laffer”.
Esta representación trigonométrica representa la afectación de una alta presión tributaria sobre los ingresos fiscales, al punto tal que la recaudación comienza a caer, contrariamente a lo que se cree.

Vaya como ejemplo algunos. Un aumento excesivo del impuesto sobre las rentas del trabajo desincentivará a las personas a trabajar más y conseguir mejores sueldos, lo que conlleva a una baja en la productividad de la economía y a una consecuente pérdida de competitividad.

La presión fiscal

Igual el caso anterior es aplicable a las empresas donde la mayor presión fiscal ahuyenta la inversión. Lo mismo cuando se gravan los capitales en exceso provoca una salida de las empresas hacia otras latitudes.

Un alza en el IVA o en los impuestos sobre el consumo, con un notorio retraso del tipo de cambio, reduce la actividad local y favorece la compra de productos importados, originarios de países con menor tributación.

Además de todo lo anterior una subida de impuestos incentivará la economía negra, de trabajo esclavo y el fraude.
No queda clara la postura del oficialismo.

Por un lado, busca afanosamente reactivar el consumo, y por otro lado, aplica una excesiva guillotina de gabelas, justificada en un obsceno gasto público improductivo.

En el mismo andarivel se mueve el gobierno respecto de las futuras paritarias que amenazan con salirse de cauce, si prospera el intento oficial de limitar los incrementos salariales al irrisorio 17 por ciento anual.

Si insiste en esta tesis, el gobierno no sólo habrá azuzado la conflictividad social sino que habrá herido mortalmente todas las posibilidades de reactivar la economía.

Empresarios y economistas privados estiman que si los salarios no suben por encima de la inflación, las posibilidades de reactivación quedarán truncas.

Quienes sostienen esta postura indican que “dado que el 85 por ciento del PIB es consumo, un incremento de los salarios por debajo de la inflación, se traducirá como una caída del PIB”.

Distinto sería si la inversión o las exportaciones fueran los motores de la economía. Pero las ventas externas no llegan ni al 20 por ciento del PIB y las inversiones apenas rozan el 22 por ciento, lo que muestra un marcado desinterés del capital por radicarse en la Argentina.