El ex presidente y líder opositor brasileño Luiz Inácio Lula da SIlva quedó en el umbral de la detención y de la inhabilitación electoral, luego de que una cámara de apelaciones ratificara, por unanimidad, su culpabilidad en el escándalo Lava Jato y le aumentara la pena hasta 12 años de prisión.

La decisión abre interrogantes a la serie de crisis que registra Brasil desde junio de 2013 y al propio proceso electoral de octubre, ante el cual el ex presidente Lula se presenta como favorito en las encuestas. Los camaristas Joao Gebran Neto, Leandro Paulsen y Victor Laus respaldaron fuertemente al juez Sérgio Moro y rechazaron todas las medidas presentadas por la defensa de Lula para anular la sentencia de 9 años y medio de prisión.

El tribunal, siguiendo al instructor Gebran Neto, aumentó la pena para Lula pero redujo a 3 años la del considerado corruptor, el empresario delator Leo Pinheiro, quien antes de declararse arrepentido había tenido una sentencia de 10 años.

Paulsen, presidente de la sala 8 del Tribunal Regional de Porto Alegre, consideró que Lula debe ser arrestado una vez presentados los embargos de declaración, una suerte de queja a la cual tiene derecho ante la misma corte.
El juez entendió que corresponde la prisión para el ex presidente en base a un fallo de 2016 del Supremo Tribunal Federal (STF, máxima corte), en el cual se afirma que alcanza con una condena de cámara para ordenar el encierro.
El escenario ahora se plantea extremo para Lula, debido a que el PT dice que será candidato y que lo inscribirá el 15 de agosto ante la justicia electoral.

En el frente penal, deberá buscar un habeas corpus y una apelación ante la corte de casación penal (El Supremo Tribunal de Justicia) y el STF.
En el plano electoral, deberá sortear la Ley de Ficha Limpia, que impide asumir a quien es condenado en dos instancias, pero eso puede llegar incluso después de la elección: una bomba de tiempo en todo sentido.
Los jueces aplicaron la teoría del dominio de los hechos, una línea penal alemana por la cual la suma de indicios más el cargo alcanzan para elevar la responsabilidad a un jefe político: fue la misma usada en 2012 contra el ex ministro José Dirceu en el escándalo mensalao.

Lula fue encontrado culpable de corrupción pasiva y lavado de dinero por haber recibido de la constructora OAS un departamento tríplex en el balneario paulista de Guarujá -valuado en US$ 1,2 millones- a cambio de garantizar a la empresa contratos con Petrobras durante su gobierno.
Estas operaciones fueron el centro del escándalo en Brasil, como en el caso de la construcción de la refinería Abreu e Lima. Esta refinería es considerada emblemática de la gestión Lula, ya que fue inaugurada por el y el entonces presidente venezolano Hugo Chávez, con el objetivo de hacer un acuerdo entre Petrobras y PDVSA que finalmente fue rechazado por los venezolanos.

El camarista Paulsen comparó a Lula con el estadounidense Richard Nixon. Dijo que ambos tienen en común haber impulsado medidas contra la corrupción en sus gobiernos que finalmente se volvieron contra ellos.
Así, comparó al Watergate con Lava Jato, la operación que desde 2014 marca el pulso políltico del país y que se devoró a parte de la clase política y colaboró para el clima que permitió la destitución de DIlma Rousseff en 2016.

“Se puso en juego el sistema democrático. Infelizmente se está condenando a un ex presidente de la república por ventajas indebidas que afectaron al proceso electoral”, dijo el camarista, el primero de los tres en votar en la sesión de la apelación a la condena contra Lula.

“Hay pruebas más que razonables de que el ex presidente fue uno de los articuladores, si no el principal, de una amplia red de corrupción”, dice un trecho del informe del juez instructor.
Lula apeló la condena de Moro a tres años de prisión por encontrarlo culpable en primera instancia de que recibió un departamento en la playa de Guarujá, estado de San Pablo, como soborno de tres contratos de Petrobras que la constructora OAS.

Gebran Neto dijo que apenas la Operación Lava Jato en 2014 evitó que OAS pasara la propiedad a nombre de Lula.
También fue condenado Leo Pinheiro, accionista de OAS, por ser considerado un corruptor.
La elevación de la pena fue basada, entre otros textos, en una teoría del argentino Eugenio Zaffaroni sobre la relación entre responsabilidad, culpabilidad y años de prisión.
El juez negó que exista una persecución del Poder Judicial contra el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010.

“El Poder Judicial no puede guiarse por las consecuencias políticas de este tipo de juicios”, argumentó.
El camarista Laus, considerado el más garantista, apoyó plenamente a sus colegas y al juez Moro y definió el fallo por 3 a 0. “Lamentablemente Lula perdió el rumbo, confundiendo partido con gobierno”, dijo.

La Bolsa de Valores de San Pablo saltó superando la barrera record de los 80.000 puntos y el dólar cayó más de 1%, cotizado a 3,15 reales, en una señal del mercado financiero.
El presidente Michel Temer, en Davos para el Foro Eocnómico Mundial, mandó un mensaje político de alto voltaje: “Mis adversarios o están presos o están desmoralizados”.