La Cámara Federal confirmó los procesamientos con prisión preventiva de una veintena de acusados de ser parte de la banda de narcotraficantes liderada por Marcos Estrada González, en la villa 1.11.14, del Bajo Flores, y ordenó avanzar en los negocios que hicieron para lavar el dinero de la banda.

Así surge del fallo firmado ayer por la Sala II de la Cámara Nacional Federal, con la intervención de los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, en donde se confirmó una decisión previa del juez federal Sergio Torres sobre los sospechados de ser parte de una organización principalmente dedicada al narcotráfico que operaba en el asentamiento conocido como “villa 1.11.14”.

El procesamiento se enmarca en una mega-investigación iniciada hace varias años en el juzgado federal 12, que tuvo diferentes tramos, muchos de los cuales ya fueron juzgados en debate oral y se llegó a condenas, entre ellas las de “Marcos”.

El ciudadano peruano admitió su culpabilidad en un juicio abreviado y recibió una pena de prisión de seis años, pero en 2013 recuperó la libertad para irse a vivir a un barrio cerrado de Ezeiza.

En enero, Torres lo procesó con prisión preventiva al considerarlo organizador de una cadena destinada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y por el delito de acopio de armas de fuego.

Según la investigación judicial, la organización que lideraba Estrada González se mantuvo en el tiempo y llevó a continuar con las averiguaciones -con tareas encubiertas e intercepciones telefónicas- que derivaron en más de sesenta allanamientos en puntos de esta ciudad y la Provincia de Buenos Aires.

Los jueces sostuvieron que el conjunto de indicios obtenidos de diferentes fuentes de prueba avala la hipótesis de que la banda -presuntamente liderada por Marco A. Estrada González y su esposa, Silvana Salazar- “cuenta con organizadores que se encargan de recaudar el dinero colectado y brindar las directivas generales para la concreción de la maniobra”.

Según se explicó, “otros integrantes con alta jerarquía que trasmitían esas órdenes; individuos con la función de brindar seguridad para garantizar -mediante el uso de armas de fuego- que pueda ejecutarse diariamente, con éxito, la operatoria, amenazando o atemorizando a eventuales testigos; ‘punteros’ apostados en las esquinas de las manzanas del asentamiento, que ofrecen diferentes sustancias -principalmente cocaína y pasta base- a ocasionales compradores; y ‘campanas’ cuyo objetivo es alertar sobre la presencia de personal policial en la zona”.

Los procesamientos por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas organizadas, y acopio de armas de fuego, sus piezas y munición” recayeron sobre otras 21 personas, en su mayoría ciudadanos peruanos.

“A su vez, se ha advertido que la organización cuenta con un fuerte predominio territorial en determinados puntos de la zona que son utilizados para concretar sus actividades”, señalaron las fuentes judiciales.

Los voceros remarcaron que la faz económica de la operación fue especialmente enfocada, tanto en la investigación como en la resolución de la Cámara, y se detalló cómo las ganancias en pesos originadas de la venta de drogas eran cambiadas por divisa extranjera (dólares y euros) para llegar a manos de los jefes y organizadores.

En ese sentido, se determinó que todas las semanas se repetía la secuencia, con mismos ejecutantes y “cuevas” usadas.