La Sala III del Tribunal de Casación Penal confirmó la condena a 50 años de prisión para un hombre que abusó sexualmente de sus cinco hijas a lo largo de una década.

Se trata del mismo imputado que había sido sentenciado en junio de 2023, después de que los hechos salieran a la luz en mayo de 2020. En esa oportunidad, los jueces subrogantes Juan Manuel Sueyro, Leonardo Celsi y Raúl Perdichizzi fallaron en línea con el pedido había hecho la fiscal Andrea Gómez en su alegato, aunque el monto de la pena fue apenas inferior.

Conforme se traduce de la sentencia, los magistrados condenaron al hombre a 10 años de cárcel por cada acusación que sobre él pesaba. Es decir, un delito -aunque en hechos reiterados- por cada hija.

Vale recordar que la fiscal Gómez, quien investigó el caso desde que salió a la luz en mayo de 2020, había solicitado a los magistrados que condenaran al hombre -cuyos datos filiatorios nunca se publicaron para preservar la identidad de las víctimas- a 55 años de prisión.

De esta manera, el “depredador sexual”, como se lo conoció a través de la prensa, seguirá detenido en la Unidad Penal de Batán en la que se encuentra alojado desde hace más de tres años. En ese momento, una de las jóvenes se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia y reveló el calvario al cual la había sometido su padre.

Además, la denunciante dijo que sus hermanas también habían sido víctimas suyas en la vivienda que compartían en Guanahani al 6300, y en una losa de Jacinto Peralta Ramos al 1000, durante el periodo comprendido entre 2010 y 2020. Inclusive, entregó a las autoridades un video tomado con su teléfono celular en el que se veía al hombre abusar de ella en lo que había sido el más reciente y último de los ataques sexuales.

Según explicó y luego quedó acreditado, esa filmación había sido realizada desde su propio teléfono celular. Pero no fue la única prueba contundente que tuvo entonces la fiscal Gómez para pedir la detención del hombre: otra la constituyó el informe médico recibido por parte de los forenses que examinaron a la mujer y hallaron en su zona genital lesiones claramente compatibles con las agresiones denunciadas. En suma, otra de las hermanas se presentó a declarar, a pesar del temor que sentía a algún tipo de represalia, y confirmó los dichos de la anterior.

Cuando la policía detuvo al acusado, en suma, encontró en su poder una escopeta calibre 16, un revólver calibre 38, y una carabina calibre 22. Todas esas armas quedaron secuestradas y además de los abusos sexuales que se le imputaron también quedó incriminado por la tenencia ilegal de las mismas.

Los uniformados atraparon al hombre mientras iba con otra de sus hijas (la menor, de entonces 15 años) a un campo familiar, en lo que podría haber sido otra violación. Por recomendación de la Defensoría Oficial, se negó a declarar ante la fiscal Gómez.

Tiempo después, el juez de Garantías, Saúl Errandonea, dictó su prisión preventiva justificada “no solo en la magnitud de la pena en expectativa de los delitos, sino también en las circunstancias que rodean al presente caso, la situación de vulnerabilidad que alcanza a las víctimas y a su grupo familiar, teniendo en cuenta lo vivido por ellas, como así también el relato respecto del temperamento del imputado, resultando ser un hombre violento, lo que hace presumir que de encontrarse en libertad el imputado podría influir sobre las mismas y los testigos para torcer el rumbo de la presente investigación. Estas circunstancias operan como objetiva base para arribar a la fundada presunción de peligrosidad procesal que demanda la medida de coerción personal que aquí se habilita”.

Según surgió de la investigación, el imputado era un hombre sumamente violento que tenía atormentada a toda su familia: a su esposa la golpeaba y la amenazaba, a sus cinco hijas (de entre 15 y 27 años al momento de la denuncia) las violaba y a sus hijos los castigaba física y verbalmente. Además, poseía armas en su casa -que fueron secuestradas- con las que en más de una ocasión amenazó a todos los integrantes de la familia.