Un policía que prestaba servicios en el Comando de Patrullas Zona Norte fue condenado en un juicio abreviado en el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 por ser parte de una banda de delincuentes que robaron al menos tres casas y que principalmente elegían como víctimas a adultos mayores.

La jueza Mariana Irianni, condenó a 8 años y 6 meses de prisión, e inhabilitación de ejercer cargos públicos, al policía Víctor Correa, por ser coautor de los delitos de robo en poblado y en banda y cometido por ser integrante de fuerza policial en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público e incumplimiento de promover la persecución y represión del delito, en tres casos diferentes en concurso ideal.

Además, fueron condenados dos de los cómplices de Correa, quienes eran los encargados de ingresar en las casas de las víctimas: Silvio Uriel Cisano, recibió una pena de 4 años y 6 meses, mientras que Darío Rubén Cruz, de 4 años.

La jueza Irianni destacó la investigación realizada por el fiscal Mariano Moyano, a la que calificó de “impecable”, que contó con escuchas telefónicas, numerosos informes policiales, declaraciones testimoniales y allanamientos que permitieron, no solo desenmascarar la participación de un policía en una banda criminal, sino también vincularla con otras investigaciones.

El fiscal Moyano pudo probar que el oficial Correa tenía un rol específico dentro del organigrama de la banda delictiva y era el encargado de tareas de inteligencia para asegurar la impunidad en los robos. Correa escuchaba la frecuencia encriptada y, de esta manera, alertaba a sus cómplices de las maniobras que la policía haría.

El primero de los hechos juzgados se empezó a gestar entre el 9 y 12 de octubre de 2018, cuando Correa, Cisano, Cruz y otro hombre planificaron el robo a un hombre de 81 años que vivía solo en una casa de Gascón al 4000, a quien advirtieron que necesitaba ayuda para pintar la pared de su vivienda.

Con esa información, el viernes 12 de octubre, a las 16.44, Cisano, acompañado de otro hombre, tocó el timbre de la casa de Gascón al 4000 y mediante el ardid de ofrecerse para pintar la pared, pudieron ingresar a la vivienda.

Una vez dentro, golpearon en la cabeza al hombre de 81 años y lo llevaron hasta un dormitorio. Lo ataron de pies y manos con unos cordones de zapatillas y le exigieron dinero y objetos de valor. La víctima, sin ninguna posibilidad de defenderse, les entregó unos 8000 pesos que tenía para pagar las refacciones de su hogar y otros objetos de valor.

El oficial Correa, que se encontraba de servicio en jurisdicción de la comisaría cuarta en un patrullero a pocos metros de donde se cometía el robo, escuchó la frecuencia policial y alertó al resto de los delincuentes para que abandonaran el lugar, lo que facilitó la fuga y aseguró la impunidad del robo. Una cámara de seguridad registró el momento en que Correo, en un patrullero de la Policía Bonaerense, se encontró con Cisano que conducía un Peugeot 3008 en Moreno y Uruguay, con el inequívoco fin de repartir el botín.

El segundo hecho ocurrió a los pocos días, el 14 de octubre de 2018, cuando Correa y otros tres hombres decidieron robar en una casa del barrio Constitución, ubicada en Acevedo al 4900, una modalidad similar: Correa era el encargado de monitorear la frecuencia criptada de la policía y otros tres hombres de ingresar al lugar y robar.

Cerca de las 5.30 de la madrugada de ese domingo 14 de octubre, tres hombres ingresaron a una casa que se encontraba en refacción y permanecieron ocultos hasta las 9. Para ingresar escalaron una pared de unos dos metros y así ganaron el patio del fondo.

Cerca de las 9.15, un hombre de 65 años, propietario de la casa, fue hasta el lugar porque se había activado la alarma y fue sorprendido por los delincuentes. Quienes lo amenazaron con armas de fuego, lo encerraron en el baño y le robaron dinero, un celular y otros objetos de valor.

Los delincuentes contaron con el apoyo del efectivo de la Policía Bonaerense, quien al escuchar la radio policial les brindó la información necesaria para que pudieran fugarse del lugar.

-Hola, amigo. ¿Le mandamos hoy?

Ese fue el mensaje que recibió el policía Correa de uno de sus compañeros para robar casas, el 23 de octubre de 2018. Luego de realizar tareas de inteligencia, marcaron una vivienda en Marcos Sastre al 2100, donde vivía sola una mujer de 75 años. Cerca de las 4.45 de la madrugada, tres hombres saltaron un paredón y se escondieron en el patio trasero del lugar. Allí permanecieron unas 8 horas, hasta que a las 12 la mujer abrió la puerta y fue sorprendida por los delincuentes, quienes la redujeran y la obligaron a ingresar.

Una vez dentro, la víctima fue maniatada y los agresores le exigieron dinero en efectivo y otros elementos de valor, como joyas y celulares. De esta manera pudieron acceder a los ahorros de la mujer: unos 8.500 dólares y 60.000 pesos. Luego se marcharon del lugar, en comunicación directa con el policía Correa, que les informaba de los movimientos de los patrulleros que escuchaba en la radio policial.

Para la jueza Irianni, si bien el condenado Cruz ofreció depositarle 40.000 pesos a una de las víctimas, la actitud no significa una atenuante, sino, simplemente, una reparación del daño sufrido. Esa víctima, un hombre de 81 años, quedó traumado por la situación vivida, con miedo de abrir la puerta a extraños y de vivir solo en su propia casa.

Como principal agravante, la jueza destaca las edades de las víctimas, personas de la tercera edad. “En estos días se ha puesto de moda robar a los ancianos, ingresando a sus casas para llevarse los bienes materiales que adquirieron al cabo de los años y muchas veces, en la exigencia de dinero, los agreden con una crueldad inusitada. En el común de los casos, habrá para ellos un antes y un después del robo, y en esa última parte, ya no tendrán ganas de nada.   Se los habrá matado en vida”, citó la jueza a un antiguo fallo del Tribunal 3.

“La acción es delesnable y disvaliosa, y tal como informa el fiscal, una vez perfeccionada la entrega de dinero ofrecida a la víctima, ha quedado con mucho miedo luego de lo ocurrido prohibiéndole sus hijos que abra la puerta de su domicilio a cualquier persona.  No es justo que las personas honestas deban permanecer encerradas, enrejadas y con miedo de abrir las puertas de sus casas. Este efecto derivado del delito es un agravante”, concluyó Irianni.