La Justicia ratificó la condena de un año y medio de prisión de ejecución condicional para el joven que en julio de 2022 detonó una bomba de fabricación casera en el colegio Don Bosco y le provocó graves lesiones a una alumna adolescente.

El acuerdo, que alcanzaron el fiscal Walter Martínez Soto y cada una de las partes meses atrás, fue homologado en las últimas horas por la jueza Mariana Irianni. De todas maneras, el autor del hecho deberá cumplir una serie de reglas de conducta para el mantenimiento de esa modalidad de pena.

En la resolución a la que tuvo acceso LA CAPITAL, se calificó al hecho como “lesiones graves” y se impuso una condena de ejecución condicional mientras el joven -cuya identidad no se dio a conocer en la prensa por ser menor al momento de lo ocurrido- constituya domicilio y notifique cualquier modificación, además de mantener la intervención del Centro de Referencia y la actuación del equipo de operadores especializados.

El acuerdo había sido alcanzado tiempo atrás por Martínez Soto, la abogada del imputado, Fabiana Valledor, miembros de la Asesoría de Menores y los padres de Azul Zabaleta (15), la damnificada, junto a su abogada Adelina Martorella.

Las condiciones impuestas en la sentencia vencerán el 13 de junio de 2025 en virtud de la fecha de ratificación del acuerdo de juicio abreviado.

La jueza Irianni consideró como agravantes la extensión del daño causado a Zabaleta y, en particular, el estado de conmoción que causó en la institución educativa. En cuanto a los atenuantes, tuvo en cuenta que el joven estuvo a derecho durante todo el proceso, así como su voluntad de someterse a una solución alternativa, porque implica un reconocimiento tácito de culpabilidad y como tal asunción de responsabilidad por el acto.

“En coordinación con ese dispositivo y con base en los lineamientos expuestos en el presente decisorio, disponer que el joven realice como estímulo restaurativo, charlas en escuelas -al menos en 10 colegios públicos- compartiendo su experiencia sobre lo sucedido, la trascendencia que ha tenido sobre la vida de la víctima y sobre su propia vida dicho acto, así como de sus consecuencias”, sostuvo en su fallo.

El caso ocurrió el 8 de julio del año pasado, cuando en la galería de planta baja del colegio Don Bosco, durante el segundo recreo, se produjo la explosión de un artefacto de fabricación casera que otros alumnos habían logrado ingresar a la escuela para realizar un reto difundido por la plataforma “Tik Tok”. La “bomba” en verdad era una botella plástica a la que se le introducía cloro y agua para provocar una reacción química cuya liberación de gases derivaba en una explosión.

Al detonar la botella, la alumna Azul Zabaleta sufrió aturdimiento y un desmayo. Distintas evaluaciones médicas posteriores confirmaron una disminución de su capacidad auditiva.