Una concesionaria local fue condenada por cambiar el plan de compra de una camioneta de un cliente y falsificar su firma: la Justicia ordenó que le reintegre a la víctima 12 millones de pesos y que le pague, además, otros casi 27 en concepto de daño punitivo.

El caso había ocurrido en agosto de 2020 y ahora se conoció la sentencia del Juzgado Civil y Comercial Nº 12, que lleva la firma del juez suplente Félix Ferrán, quien hizo lugar a la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por David Ismael Moreno contra Autonet S.A. y FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados.

Según informaron fuentes judiciales, Moreno suscribió un plan de ahorro previo en a los efectos de adquirir una Fiorino, pero que al llegar la primera cuota advirtió que el importe era casi el doble de lo que le habían informado. Cuando concurrió a la concesionaria le informaron que no había ningún error por cuanto él había suscripto un contrato de plan de ahorro para una camioneta marca Fiat Toro.

“Solicitó que le mostraran el contrato de adhesión y advirtió que efectivamente era una suscripción para adquirir una Fiat Toro, pero que la firma inserta no era la suya. En el marco del proceso de prueba mediante pericia caligráfica se estableció que le habían falsificado la firma”, informaron.

Moreno suscribió toda la documentación pertinente, en especial la solicitud de adhesión número 2876058 correspondiente a un Plan 80/20 de ahorro pagadero en 84 cuotas para la adquisición del automotor. Cuando hizo el reclamo pertinente en pos lograr una corrección o ajuste del valor correcto de la cuota le mostraron que el plan de ahorro contratado tenía por objeto una unidad Fiat Toro Freedom 4×2 y que el número de Solicitud de Adhesión era el 2904437.

El cliente aclaró que pese a los insistentes reclamos no se le brindó solución alguna en la concesionaria, por lo que realizó un reclamo a la Dirección Nacional de Defensa al Consumidor recibiendo recepción del reclamo por parte de dicha Dirección con el número 521304 y que en octubre de 2021 remitió una carta documento a la administradora del plan para que solucionen el error cometido, sin que esta mereciera respuesta por parte de la demandada.

Al no tener contestación, inició la mediación prejudicial, instancia en la que la administradora del plan le señaló que no había posibilidad de atender a sus reclamos pues no se había verificado error alguno. Tras eso, inició la demanda que culminó con la sentencia condenatoria.