Con voces a favor y en contra, y una gran participación –se anotaron cerca de 100 oradores–, se realizó ayer la audiencia pública por el polémico proyecto que prevé la construcción de edificios de hasta 12 metros de altura junto al mar en el balneario del sur La Reserva.

La jornada se llevó a cabo desde las 9 de ayer en el gimnasio “B” del estadio José María Minella. Se trata de una instancia no vinculante para la habilitación final de la iniciativa.

Tal como informó LA CAPITAL, la polémica comenzó a partir de la sanción, en diciembre de 2022, de una ordenanza en el Concejo Deliberante que autorizó el emplazamiento de un complejo de edificios para “uso residencial uni o multifamiliar” a metros del mar, entre la arboleda, dentro del complejo La Reserva.

Su aprobación generó múltiples cuestionamientos por parte de diversos sectores. En particular, vecinos del barrio Alfar lanzaron diversos cuestionamientos en el último tiempo.

Apuntaron contra el proyecto por la intención de llevarlo a cabo en una zona residencial, por no tener convalidación provincial, por el impacto ambiental que implica, por infringir el Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires –que prohíbe el loteo y la edificación en una franja de 150 metros aledaña al Océano Atlántico–, y porque, por sobre todas las cosas, “no quieren esto” para el barrio ni para sus familias, entre otros argumentos.

En este contexto, la audiencia comenzó con el testimonio de algunos de los profesionales que están a cargo del proyecto. Por caso, el ingeniero Miguel Varela, quien resaltó los trabajos de forestación realizados por los apoderados del balneario, el sistema de riego y el plan general de mantenimiento para el área fiscal. Todo ello con “un gran nivel de inversión y compromiso”.

También apuntó que el proyecto no contaminará las aguas ni dificultará el acceso al recurso en el barrio, ya que habrá una separación de las aguas residuales. De esta manera, habrá un “impacto positivo” en el ambiente.

En el mismo sentido se pronunció Julián Vespa, asesor “polifacético”, del privado que está detrás del proyecto inmobiliario.

Vespa consideró que la iniciativa es “amigable” con la naturaleza y que es “sustentable”. A su vez, subrayó que el predio donde se busca emplazar la construcción es de “propiedad privada”. Y que no necesita, más allá de la ordenanza aprobada por el Legislativo local, “convalidación” de Provincia y Nación.

“La ordenanza permitió un proyecto que cuenta con sustentabilidad en las obras, un diseño en armonía con la naturaleza. Está todo en regla. El proyecto se asienta sobre una propiedad privada, no es tierra del municipio. Y un alto porcentaje de la construcción se ubica en sectores desiertos de especies arbóreas; no afectará al mar, ni a los médanos, ni al sector público de arena”, apuntó.

En contrapartida, Gustavo Huici, de la ONG Surfrider Argentina, denunció que la edificación “es una aberración tanto en el ordenamiento urbano como el ambiental”. Y recordó que el Código de Aguas fija una inhibición para construir “a menos de 150 metros del océano Atlántico”.

“Toda acción humana debe ajustar su acción en el ambiente bajo los parámetros del Código Civil y Comercial, que establece que el ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes inmuebles debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva”, planteó Huici.

Además, pidió “no afectar el funcionamiento ni sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, los valores culturales y el paisaje”. Por eso, en representación de la ONG, mostró su oposición “absoluta” a la concreción del proyecto.

En tanto, Silvina Coronel, del Colegio de Arquitectos, advirtió que La Reserva no posee mensura y que la línea de ribera “se encuentra desactualizada”.

“En este proceso de transformación territorial tan drástico, no se facilitó la participación de la ciudadanía, condición primaria para algo que afectará a la comunidad. No hubo acceso al legajo de obras. Eso nos permitiría saber los volúmenes de subsuelos, el movimiento de suelos y tierra a fin de definir el impacto”, indicó la profesional.

A partir de estas consideraciones, Coronel remarcó que es necesario que el proyecto “tenga convalidación provincial”.

Las intervenciones en la audiencia continuaron con testimonios variados. Las cámaras y empresas vinculadas a la construcción, por ejemplo, se expresaron a favor del proyecto inmobiliario.

Mientras tanto, vecinos del barrio Alfar y representantes de diversas organizaciones civiles y sociales lanzaron duros cuestionamientos, tal como los mencionados anteriormente.

Por ejemplo, Kanki Alonso, del Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur, habló de una “destrucción del paisaje de las playas del sur” en caso de que avance el proyecto.