Luego del fracaso del controvertido intento por lograr que el municipio adhiriera al Régimen de Responsabilidad Fiscal de la Provincia de Buenos Aires a través de un decreto del Concejo Deliberante, el oficialismo aceptó analizar qué efecto podría tener esa decisión, poniendo el tema en discusión en las comisiones internas del cuerpo.

La gestión del intendente Carlos Arroyo ya explicitó su interés porque la medida sea implementada cuanto antes.
En el gobierno local temen que una demora termine cortando el flujo de asistencia financiera que se recibe de la Provincia y que hasta ahora le permite a la comuna cumplir con sus compromisos económicos más elementales.

Ante el temor porque el Concejo Deliberante no acepte que la Municipalidad adhiera al Régimen, días atrás el jefe de la bancada de Agrupación Atlántica-PRO, Guillermo Arroyo, convenció al presidente del Concejo, Guillermo Saenz Saralegui de que adoptara esa medida por un decreto.

La decisión causó tal escándalo que, ante las quejas de la oposición, Saenz Saralegui se vio obligado a firmar el jueves un nuevo decreto, anulando al anterior.

Así las cosas, la posibilidad de que la comuna adhiera o no al Régimen de Responsabilidad Fiscal impulsado por el gobierno de María Eugenia Vidal terminará siendo discutida en las comisiones internas del Concejo.

A pesar de que desde el arroyismo se planteó que existe una “necesidad urgente” por aprobar la medida, parte de la oposición y hasta algunos oficialistas ya expresaron sus dudas sobre la conveniencia de avanzar con el proyecto.

Una de las principales objeciones tiene que ver con que al establecer pautas para administrar los ingresos y los gastos de la comuna, el Régimen de Reponsabilidad Fiscal “recorta de manera drástica” la autonomía de los municipios.

“La adhesión es porque no queda otra. Hoy no estamos en condiciones de no adherir”, dijo este jueves durante la sesión el concejal Guillermo Arroyo, casi en tono de lamento.

Es que según se dispuso, los municipios que no firmen el pacto podrían no recibir ayuda extraordinaria de la Nación y de la Provincia.

Según datos oficiales, en 2017 el gobierno de Arroyo fue el que más asistencia de este tipo recibió.Sin esos aportes millonarios, la comuna no hubiera podido no siquiera pagar los sueldos de su personal.

Las pautas del Régimen fueron dispuestas mediante la Ley 14984 con el objetivo de establecer reglas claras y transparencia sobre el gasto y los ingresos públicos.

Según el gobierno provincial la norma propone “parámetros que tienden a un manejo prudente de las finanzas municipales para dar mayor eficiencia a los recursos”.

Pero sus cláusulas no convencen a muchos intendentes, que ya anunciaron que no van a adherir. Otros, en cambio, por más objeciones que tengan al respecto, no tendrían otro camino y esa parece ser la situación de la gestión de Arroyo, cada vez más sofocada por los problemas económicos y financieros.

Si bien algunos entienden que la mayoría de los artículos fijan pautas para un manejo presupuestario “responsable” otros interpretan que esas medidas recortan las facultades de los intendentes y avasallan la autonomía de las comunas. Por ejemplo, la norma impone la reducción del déficit y establece un límite del 10% de los recursos corrientes para el endeudamiento.

A la vez no permite un aumento de los gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Dentro de las condiciones de transparencia y compromiso fiscal, dispone que los intendentes, en los seis meses previos a dejar el cargo, no deben tomar medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente o dispongan de los bienes municipales.

Además, invita a los municipios a bajar las tasas que recaen sobre los sectores productivos, como las que se cobran por Seguridad e Higiene y Alumbrado, Barrido y Limpieza (actual TSU).

En esa misma dirección, la nueva norma obliga a los municipios a que acompañen sus proyectos de presupuesto con información más detallada sobre proyecciones de recursos y gastos, el stock de deuda municipal y la descripción de las políticas presupuestarias que sustentan esas previsiones.

Establece, a su vez, que las comunas deberán realizar una actualización cada tres meses de la ejecución presupuestaria, al tiempo que exige elaborar un informe trimestral con la cantidad de empleados en cada municipio y sus niveles salariales.