La madre de una alumna del Colegio Don Bosco se puso en el lugar de la madre de Azul Zabaleta y, a pesar del enojo de su hija, se comunicó. Así comenzó a allanarse el camino para llegar a la identidad de los estudiantes que el 8 de julio pasado hicieron estallar una botella en uno de los recreos del turno mañana y que causaron gravísimas lesiones auditivas en la adolescente.

En la mañana de este jueves el fiscal de menores, Walter Martínez Soto, asistió personalmente al establecimiento Don Bosco y Belgrano para notificar a los tres alumnos de 6° año de que están investigados como posibles responsables del hecho y para, también, secuestrarles sus teléfonos celulares.

Martínez Soto tomó intervención oficial en el expediente luego de que el miércoles el fiscal Alejandro Pellegrinelli se inhibiera de continuar haciéndolo al sumarse evidencia incriminatoria contra los tres menores.

La trama detrás de cómo fueron identificados los presuntos autores de la explosión contiene, principalmente, un grado importante de colaboración de la misma comunidad educativa del colegio Don Bosco. El 17 de agosto el caso tomó trascendencia pública y se conoció el nombre de Azul como víctima de la explosión del 8 de julio. Sobre ese incidente los padres ya habían sido notificados por el colegio, pero se desconocía, más allá de los rumores, el nombre de la principal damnificada.

Muchos estudiantes sintieron la presión de conocer más de lo que la mayoría de la gente y los propios investigadores sabían, por lo cual no hubo que esperar demasiado tiempo para que alguien lo contara. Fue así que el 17 de agosto una alumna le dijo a su madre quiénes eran los dos adolescentes que habían perpetrado el “reto de Tik Tok” y la mujer le dijo que debía decírselo a los padres de Azul. La menor se negó y su madre le explicó que iba a hacerlo pese a su enojo. “Si a vos te pasa lo mismo yo estaría desesperada por saber”, le dijo, palabras más palabras menos.

La mujer ubicó por redes sociales a la madre de Azul y le pasó los datos, pero le pidió, para proteger a su hija, que no revelaran su identidad. Luego la abogada de la familia de Azul, Adelina Martorela, la convenció para que declarara bajo reserva de identidad ante el fiscal Alejandro Pellegrinelli. Esta declaración se efectuó esta semana y fue suficiente para que el fiscal declinara su competencia.

Muchos estudiantes sintieron la presión de conocer más de lo que la mayoría de la gente y los propios investigadores sabían, por lo cual no hubo que esperar demasiado tiempo para que alguien lo contara.

A los dos nombres aportados por la madre de esa alumna se sumó un tercero que también fue brindado por otra madre que utilizó el mismo método: contacto a la familia de Azul para contarle lo que le había dicho su hija.

La situación de uno de los menores es la más comprometida de todas porque a la incriminación hecha por la testigo de identidad reservada se le sumó la actividad desarrollada por el propio colegio Don Bosco en su afán por averiguar quiénes habían sido los autores. Aunque hoy la actitud de la escuela está cuestionada por la familia de Azul y por su abogada por entender que nunca aportaron los nombres que tenían incluso desde el 9 de agosto, cuando se reunieron con la madre de uno de los que ahora está acusado.

La escuela envió a la fiscalía el 19 de agosto un acta en el cual reflejaba que un alumno de 6°, cansado de que lo señalen como uno de los autores, contó a los directivos de la escuela que un compañero le había contado los preparativos de la “bomba”. Incluso le contó que había hecho una prueba en su casa y que había tardado 8 minutos en explotar. Ese acta, sin embargo, omitía el nombre del alumno señalado. La fiscalía debió insistirle a la escuela que revelara el nombre y apellido. Cuando finalmente lo hizo, coincidía con uno de los dos que había la madre testigo de identidad reservada.

En la diligencia realizada este jueves en el Colegio Don Bosco, los tres menores involucrados debieron entregar sus teléfonos para que los periten el 5 de septiembre. De esa manera se podrá buscar contenido y mensajería que pueda vincularlos a los hechos ahora investigados.

En tanto la Policía Científica y el personal de la DDI recorrieron las instalaciones para una inspección y le tomaron declaración a dos preceptores. También se hizo una inspección en el aula de química.

Los tres menores todavía no fueron imputados del delito que, en principio, sería el de “lesiones gravísimas”, pero se estima que con el agregado de algunos testimonios más y del estudio de sus teléfonos, al menos uno de ellos, recibiría esa acusación.

Por el momento no se informó si ante el cariz penal que tomó el caso y la notificación del artículo 60 del Código Penal, los tres alumnos recibirán algún tipo de sanción educativa o su deberá esperarse al avance de la causa.