La ola del “segundo semestre” alcanza obviamente al mundo laboral, y entonces los ojos se posan también en la evolución del empleo y los salarios.
No hace falta ser muy avispado para prever que la situación se presenta difícil, más aún cuando muchos de los que tienen poder de decisión andan silbando bajito, como esperando que “pase el invierno”, como decía Álvaro Alsogaray, aquel pontífice del conservadurismo argentino (jóvenes imberbes, acudir a Google o Wikipedia), cuyas encíclicas económicas han dado energía a varias de las luminarias actuales.
El INDEC apenas está resucitando, por lo cual no se sabe todavía si las suspensiones y cesantías están cerca o aún lejos de la peligrosa categoría de “ola”, pero lo cierto es que existen y no se niegan.
Y hace rato que ya no se trata de un problema exclusivo del sector estatal, donde una parte de esos despidos obedecía a un rastrillaje que apuntaba a elementos residuales del gobierno anterior que quedaban como hipoteca estéril (ergo: ñoquis).
Hablar de los desaguisados económicos de la administración pasada ya es una pérdida de tiempo, pues muchas de sus consecuencias están a la vista.
Pero sobre todo porque, transcurrido determinado tiempo, se convierte en una justificación para eventuales inacción e ineficiencia e ineficacia propias.
Los salarios han tenido un poco de oxígeno, pero este año las paritarias estuvieron más raquíticas que nunca en al menos una década, más allá de porcentajes, ya que el tarifazo (justificado o no) se está deglutiendo la mejora.
Hasta el flamante aguinaldo está pereciendo bajo la guadaña de los efectos del aumentazo de los valores de los servicios de luz, gas, agua y transportes, sin contar alimentos, vestimenta, educación, etcétera, etcétera y etcétera.
Es verdad que quedan tramos de aumentos salariales que se irán cobrando hasta fines de este año y principios del entrante y que hay varios sindicatos que firmaron por un semestre y tienen pendiente una nueva negociación en la segunda mitad de 2016.
Pero también es verdad que la inflación continúa para todo el mundo y actúa como un maldito pac man (averigüen otra vez en Internet, explicar acá llevaría un par de párrafos) que a su paso devora todo lo que tiene olor a dinero.
Y para una gran cantidad de salarios hay, desde hace varios años, un monstruo grande que pisa fuerte y tiene un efecto tan devastador o peor que la inflación: el Impuesto a las Ganancias.
Ya no sirve el prehistórico argumento de que afecta solo a los salarios altos. Ni que los trabajadores son sinónimo de obreros/sueldos bajos/clase baja.
Hay un amplísimo universo de trabajadores, desde operarios con camisas de gabardina hasta oficinistas con camisas y corbatas de seda, que afortunadamente cobran buenos sueldos similares pero lamentablemente pagan impuestos como si sus ingresos fueran ganancias empresariales.
La Constitución no habla de “ganar” y dice claramente que el trabajador tiene el derecho a cobrar “igual remuneración por igual tarea”. Si alguien tiene dudas, no tiene más que leer ese artículo que aquí se transcribe:-“14 bis: El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna”.
Encima, los miles y miles de damnificados recibieron una nueva bofetada, esta vez del mundo de la justicia, cuyos representantes, con la Corte Suprema a la cabeza, dijeron a coro que no están dispuestos a pagar Ganancias al menos en lo inmediato.
Posiblemente algún día lo hagan, pero seguramente a cambio de recibir una compensación para cubrir ese bache, cosa que no reciben los trabajadores comunes y corrientes.
¿Y por qué sigue en pie este impuesto (solo se modificó levemente de manera demagógica el mínimo no imponible) y por qué siguen sin modificarse las famosas escalas de cálculo para su aplicación? Tan simple que lo entiende hasta un nene de jardín de infantes manejando un ábaco: porque aporta una montaña de plata a las arcas oficiales y nadie puede evadirlo ni buscar forma de pagar menos, como día a día se descubre que han hecho muchos poderosos en tantísimos casos con otros tributos.
En definitiva, parece que por ahora no hay manera de que quienes tienen la llave para resolver el problema escuchen el clamor de aquellos a los que les entra la plata por un agujero del bolsillo y se les va como agua por otros agujeros del mismo bolsillo. Más aún, esos mismos que parecen no escuchar se hacen los… distraídos como perro que volteó la olla.
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