SAN LORENZO DEL ESCORIAL, España.- Peritos forenses y arqueólogos entraron hoy por primera vez con orden judicial al Valle de los Caídos, tumba y mausoleo del dictador Francisco Franco, para exhumar a cuatro personas que murieron durante la Guerra Civil española, en un paso histórico para las víctimas, gracias a la lucha tenaz de la familia de dos anarquistas cuyos cuerpos yacen junto a su verdugo.

Custodiados por la Guardia Civil y en medio de una gran expectativa mediática, los expertos del Instituto Torroja de Ciencias de la Construcción -dependiente del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) español-, atravesaron la puerta principal del monumento franquista, que durante décadas permaneció infranqueable ante el reclamo de las familias de las víctimas.

La resistencia, no obstante, se mantuvo respecto de la intención de los familiares de asistir a los trabajos de los expertos para ser testigos de unos hechos sin precedentes, que permitirán sacar a la luz uno de los capítulos más oscuros de la historia de España.

“Es un error esta negativa, porque hemos prestado colaboración en todo momento”, aseguró el abogado de las víctimas, Eduardo Ranz, en el momento en que los guardias, bajo órdenes de Patrimonio Nacional -órgano que custodia el recinto-, prohibieron la entrada de un grupo de familiares al Valle de los Caídos, que permanece hoy cerrado al público.

Los trabajos de los peritos forenses se inician dos años después de que la Justicia española falló a favor de la familia de los hermanos Manuel y Antonio Lapeña Altabás, dos anarquistas asesinados hace más de 80 años en la localidad aragonesa de Calatayud, a quienes reconoció el “derecho a recibir sepultura digna”, tal como lo recoge la Constitución española.

Tras la sentencia pionera, que puso fin a un litigio de más de seis años, los familiares de Pedro Gil Calonge y Juan González Moreno, ambos pertenecientes al “bando nacional” (franquista) y caídos en combate, pudieron solicitar la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos por la vía administrativa.

“Las familias lo único que quieren es recuperar los restos de los suyos, en esto no hay diferencia”, aseguró Ranz, quien destacó el “carácter humanitario” y el valor que tienen estas exhumaciones para la “Memoria histórica” de España, al abrir la puerta a nuevas exhumaciones.

Los peritos entraron a la cripta de la basílica, bajo la enorme cruz de hormigón que preside el valle, para analizar por dónde es seguro extraer las cajas en las que se encuentran los restos que quieren exhumar. Para ello, realizaron agujeros en los muros bajo los columbarios e introdujeron microcámaras en el interior de la cripta. Posteriormente emitirán un informe técnico.

“Esta primera parte es arqueológica, y la segunda será la forense. Entendemos que se hará todo de manera rápida, ya que hemos aportado la documentación que prueba la identidad de las víctimas, con lo que el camino ya está trazado”, explicó el letrado.

El Valle de los Caídos es un mausoleo que el dictador Francisco Franco hizo construir en el valle de Cuelgamuros, situado en el municipio de San Lorenzo de El Escorial, en la periferia de Madrid, para conmemorar la victoria del bando nacional frente a los republicanos en la Guerra Civil española (1936-1939).

La construcción, que comenzó en 1940 y culminó en 1958, se realizó en base al trabajo forzoso de presos republicanos.

Se trata de un monumento de exaltación del franquismo, pero bajo el lema “Caídos por Dios y por España” yacen los restos de miles de personas ajusticiadas por miembros de la Falange (el partido único franquista), cuyos restos fueron robados de fosas comunes en toda España para rellenar los columbarios.

Se trata de la mayor fosa común de España.

De acuerdo con los registros de la propia dictadura, hay 33.847 personas enterradas en el Valle de los Caídos, que fueron trasladadas allí desde 1959 hasta 1983. De ellos, 21.423 están identificados y pertenecen al “bando nacional” y 12.410 son desconocidos, por lo que están sin identificar.

La identificación de estos restos es una deuda de la democracia con las víctimas, más de cuarenta años después del final de la dictadura franquista (1939-1975).

“Hace falta mucha investigación del valle, no conocemos todos los nombres e investigarlo es una cuestión de responsabilidad ética que tiene este país”, aseguró hoy Fernando Martínez, responsable de Memoria Histórica del opositor Partido Socialista (PSOE).

En su opinión, “que se abran las fosas y se den los restos a sus familiares es la mejor manera de cerrar heridas”.

La Ley de Memoria Histórica aprobada diez años atrás por el gobierno del socialista José Luis Rodriguez Zapatero dio luz verde a las exhumaciones, pero se quedó corta al no satisfacer el reclamo de búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

El Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy, que se resistió a la norma, la vació de contenido tan pronto accedió al poder al dejarla sin presupuesto. En la actualidad son las asociaciones de memoria las que realizan las exhumaciones, que financian con aportes de privados y subvenciones. Esta es la primera vez que el Estado español se hará cargo del trabajo.

El PSOE defiende la reconversión del monumento en un Centro Nacional de Memoria, como la ex-ESMA argentina.

Desde hace años, la polémica rodea el uso del Valle de los Caídos, tumba de Franco y del líder del partido fascista Falage Española, José Antonio Primo de Rivera, cuyo mantenimiento es deficitario, a una media de medio millón de euros al año desde 2014, según datos oficiales que publicó hoy la radio Cadena Ser.